Un enfermo renal crónico de la provincia que precise desplazarse en ambulancia hasta su hospital más próximo para realizar su tratamiento de hemodiálisis podría tener que desembolsar hasta 0,49 euros el kilómetro, lo que se traduce en casi 33 euros para un paciente que viva en Lobios y efectúe sólo un trayecto de ida -de 67 kilómetros- hasta su centro de referencia, el Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO).
Aunque por ahora es sólo un supuesto ficticio, éstas son ya algunas de las cantidades que temen las personas que padecen del riñón -porque es este colectivo es el que se verá directamente afectado- cuando entre en vigor el copago que acordó el Gobierno y que aplicará la Xunta por utilizar el denominado 'transporte sanitario no urgente'.
Aunque así figura en un Real Decreto Ley publicado el pasado 24 de abril en el Boletín Oficial del Estado, a día de hoy los pacientes aún realizan sus traslados en ambulancia de forma gratuita, al entrar todavía 'na carteira de servizos complementarios da Consellería de Sanidade', según indicó un portavoz de este departamento de la Xunta. Con todo, la situación podría cambiar en sólo unos meses, cuando, tal y como anuncian desde el Ministerio de Sanidad, 'un comité interterritorial defina qué se considera transporte urgente o no', distinción que, según indican desde la Administración central, al igual que desde la autonómica, aún 'no está clara'.
PACIENTES AFECTADOS
De este modo, las personas cuya vida pende prácticamente de una dialización frecuente, desconocen si, definitivamente, tendrán que hacer frente a estos desembolsos, aunque se muestran inquietos por esa posibilidad. Afectarían en la provincia, según indica Vanesa Nóvoa, trabajadora social de Alcer, la asociación que acoge a los enfermos renales, a unos 70 pacientes sólo en el CHUO y serían continuos, teniendo en cuenta que 'cada un deles necesita acudir tres veces por semana a dializarse', además de otros 50 que efectúan el tratamiento en su casa (diálisis peritoneal) pero que precisan revisiones en este centro hospitalario al menos una vez al mes.
A ellos se unirían los pacientes renales de los Hospitales de Verín y O Barco y los que pertenecen a la Fundación Íñigo Álvarez de Toledo, según precisan desde esta organización. El malestar entre todos ellos, tal y como expresa esta trabajadora social, es patente, sobre todo 'entre os que viven máis lonxe, os da zona de Entrimo', por ejemplo.
Aunque la Xunta aún no les comunicó nada, el presidente de Alcer Ourense, David Gulías Rivas, sostiene que, de tener que pagar por los traslados, será 'una verdadera injusticia' porque, con ella, 'el Gobierno sólo logrará coaccionar a los pacientes para que no acudan al hospital a recibir el tratamiento que precisan'.
Desde el colectivo de ambulancias, Javier Gómez, responsable de una empresa de transporte sanitario, sostiene que los pacientes renales 'veránse moi mal se teñen que pagar por cada traslado porque moitos apenas cobran unha pensión de 500 euros e, ademais, terán que facer frente o copago de fármacos'.
Aunque así figura en un Real Decreto Ley publicado el pasado 24 de abril en el Boletín Oficial del Estado, a día de hoy los pacientes aún realizan sus traslados en ambulancia de forma gratuita, al entrar todavía 'na carteira de servizos complementarios da Consellería de Sanidade', según indicó un portavoz de este departamento de la Xunta. Con todo, la situación podría cambiar en sólo unos meses, cuando, tal y como anuncian desde el Ministerio de Sanidad, 'un comité interterritorial defina qué se considera transporte urgente o no', distinción que, según indican desde la Administración central, al igual que desde la autonómica, aún 'no está clara'.
PACIENTES AFECTADOS
De este modo, las personas cuya vida pende prácticamente de una dialización frecuente, desconocen si, definitivamente, tendrán que hacer frente a estos desembolsos, aunque se muestran inquietos por esa posibilidad. Afectarían en la provincia, según indica Vanesa Nóvoa, trabajadora social de Alcer, la asociación que acoge a los enfermos renales, a unos 70 pacientes sólo en el CHUO y serían continuos, teniendo en cuenta que 'cada un deles necesita acudir tres veces por semana a dializarse', además de otros 50 que efectúan el tratamiento en su casa (diálisis peritoneal) pero que precisan revisiones en este centro hospitalario al menos una vez al mes.
A ellos se unirían los pacientes renales de los Hospitales de Verín y O Barco y los que pertenecen a la Fundación Íñigo Álvarez de Toledo, según precisan desde esta organización. El malestar entre todos ellos, tal y como expresa esta trabajadora social, es patente, sobre todo 'entre os que viven máis lonxe, os da zona de Entrimo', por ejemplo.
Aunque la Xunta aún no les comunicó nada, el presidente de Alcer Ourense, David Gulías Rivas, sostiene que, de tener que pagar por los traslados, será 'una verdadera injusticia' porque, con ella, 'el Gobierno sólo logrará coaccionar a los pacientes para que no acudan al hospital a recibir el tratamiento que precisan'.
Desde el colectivo de ambulancias, Javier Gómez, responsable de una empresa de transporte sanitario, sostiene que los pacientes renales 'veránse moi mal se teñen que pagar por cada traslado porque moitos apenas cobran unha pensión de 500 euros e, ademais, terán que facer frente o copago de fármacos'.
