El Concello instará a la Xunta a que restablezca la financiación necesaria para el funcionamiento de la Casa de Acogida del Comité Cidadán Antisida. Así lo acordó ayer el pleno al aprobar -con la abstención del PP- la moción presentada por el grupo de gobierno a raíz de los recortes adoptados por la Administración autonómica este año, que ponen la gestión de la casa de atención a personas con VIH en la ciudad en una situación económica límite.
El acuerdo propone también a la Administración gallega asumir las deudas generadas por los recortes presupuestarios de los dos últimos años y consignar un acuerdo económico para los dos siguientes ejercicios a razón de 55 euros por día y plaza. Por último, la moción sugiere que si la decisión de la Xunta provoca el cierre de la Casa de Acogida, el gobierno gallego asuma la atención de los residentes.
El PP se abstuvo porque, según explicó la concejala Noelia Pérez, el próximo viernes habrá una reunión entre representantes del Comité Cidadán Antisida y de la Xunta para abordar esta cuestión. La edila justificó la merma de fondos de la Xunta asegurando que las subvenciones se habían reducido por la crisis y a ellas se opta 'en réxime de concorrencia competetiva'. Aun así, Pérez puntualizó que el PP apoya la labor del Comité y animó al Concello a que 'se analicen solucións alternativas para que o peso das axudas non dependan dunha única administración'.
La propuesta no le pareció oportuna a la concejala de Sanidade, Marga Martín, quien recordó que 'é compentencia da Xunta e non do Concello a atención asistencial. Neste caso, se o fai o Comité é porque non o fai a Xunta, que era a que o tiña que facer', acusando al PP de 'meter no mesmo saco a atencións asistencial que as clases de baile dunha asociación'. Por último, Noelia Pérez acusó a Martín de que en el discurso político, 'se alguén utiliza os enfermos de sida de Ourense, é vostede'.
VIOLENCIA DE GÉNERO
También fue cuestionada la política de la Xunta en lo que se refiere a violencia de género. Ocurrió en la moción presentada por la oposición para solicitar que el gobierno de España extienda a los menores (hijos de las víctimas) las medidas de protección en esta materia, así como a que el Concello y la Xunta impulsen medidas que contribuyan a erradicar este fenómeno. La concejala de Igualdade, Marta Arribas, se mostró muy crítica con la supresión del Servizo Galego de Igualdade y 'os recortes nas medidas para conciliar a vida familiar e laboral'. La propuesta se aprobó por unanimidad con una enmienda del grupo de gobierno para que se cree una ley para proteger a los menores.
El PP se abstuvo porque, según explicó la concejala Noelia Pérez, el próximo viernes habrá una reunión entre representantes del Comité Cidadán Antisida y de la Xunta para abordar esta cuestión. La edila justificó la merma de fondos de la Xunta asegurando que las subvenciones se habían reducido por la crisis y a ellas se opta 'en réxime de concorrencia competetiva'. Aun así, Pérez puntualizó que el PP apoya la labor del Comité y animó al Concello a que 'se analicen solucións alternativas para que o peso das axudas non dependan dunha única administración'.
La propuesta no le pareció oportuna a la concejala de Sanidade, Marga Martín, quien recordó que 'é compentencia da Xunta e non do Concello a atención asistencial. Neste caso, se o fai o Comité é porque non o fai a Xunta, que era a que o tiña que facer', acusando al PP de 'meter no mesmo saco a atencións asistencial que as clases de baile dunha asociación'. Por último, Noelia Pérez acusó a Martín de que en el discurso político, 'se alguén utiliza os enfermos de sida de Ourense, é vostede'.
VIOLENCIA DE GÉNERO
También fue cuestionada la política de la Xunta en lo que se refiere a violencia de género. Ocurrió en la moción presentada por la oposición para solicitar que el gobierno de España extienda a los menores (hijos de las víctimas) las medidas de protección en esta materia, así como a que el Concello y la Xunta impulsen medidas que contribuyan a erradicar este fenómeno. La concejala de Igualdade, Marta Arribas, se mostró muy crítica con la supresión del Servizo Galego de Igualdade y 'os recortes nas medidas para conciliar a vida familiar e laboral'. La propuesta se aprobó por unanimidad con una enmienda del grupo de gobierno para que se cree una ley para proteger a los menores.
