Los economistas ourensanos han resuelto en lo que va de año 10 pericias judiciales y 11 asuntos concursales, cinco más que en todo el año pasado, fruto de la crisis económica actual. No obstante, estos profesionales consideran que buena parte de los concursos se presentan demasiado tarde, lo que imposibilita que muchas de las empresas afectadas se reactiven, viéndose avocadas a la liquidación. Además, consideran adecuado contar con un juzgado exclusivo para asuntos mercantiles.
La resolución de un asunto judicial no se limita únicamente a la intervención de jueces, abogados y procuradores. Son muchas las ocasiones en las que la instrucción de un caso requiere de la pericia de otros profesionales. Quizá unos de los menos conocidos en esta faceta sean los economistas. Sin embargo, el Colegio de Economistas de Ourense posee una sección forense integrada por profesionales que se comprometen a realizar trabajos de peritajes económicos e informes en los ámbitos civil y penal. Su labor es cada vez más frecuente en los juzgados. En el ámbito judicial, cada vez más abogados y economistas tenemos que ir de la mano. Casi todos los problemas judiciales tienen un trasfondo económico; desde una disolución o separación matrimonial a cualquier confrontación empresarial, explica Alfonso Santiago Pérez, vicedecano del Colegio de Economistas.
En plena crisis, la demanda de su actuación se incrementa. Así, el año pasado realizaron 18 peritajes, frente a los 10 de lo que va de año. Sin embargo, su intervención en asuntos concursales casi se ha duplicado, pasando de los seis del año pasado a los 11 de los diez primeros meses del año (aunque en el Juzgado ya se registraron 16). Los economistas creen que los concursos se presentan tarde y por eso la mayoría termina en liquidación, asegura Pérez, quien recuerda que el espíritu de la Ley Concursal es el de analizar la via bilidad de la empresa y si es posible reflotarla, ajustando activos y pasivos. Dicho de otra manera: presentado a tiempo, los concursos sirven para superar dificultades de liquidez, establecer convenios entre el deudor y sus acreedores y dar continuidad empresarial, añade Alfonso Pérez. Para él, las razones de esta tardanza son, por un lado, cierto desconocimiento de la ley y también porque el empresario no está bien asesorado o bien, aunque el asesor se lo dice, a veces hay temor o vergüenza porque vivimos en una sociedad en la que la gente se ríe del que cae, estamos todavía con el chip de suspensión de pagos y estamos en quiebra y el empresario piensa qué van a decir mis amigos, mi familia... y tira hasta que llega un momento en que no puede tirar más.
Juzgado mercantil
En materia judicial, los economistas ourensanos consideran necesario que las nuevas herramientas de la informática y la digitalización lleguen a los juzgados, ya que entienden que hoy existen recursos técnicos para transmitir documentos, fir marlos o recibirlos certificados. Todo esto, unido a la simplicidad de su archivo digital, redundaría en ahorro y liberación de recursos para otras cosas. Además, entienden que sería bueno contar con un juzgado dedicado exclusivamente a lo Mercantil. En sus orígenes se hizo la promesa a nivel nacional de que todas las provincias contarían por lo menos con uno, explica Alfonso Pérez. El Juzgado de Primera Instancia número 4, que asume estos asuntos, ha visto aumentado su volumen de trabajo con la crisis y ha pedido un refuerzo de personal.
Procedimientos largos y complejos
El Colegio de Economistas comunica a todos los juzgados, la Delegación de Facenda de la Xunta y el Registro Mercantil la lista de profesionales inscritos para la realización de peritajes. Existe otra lista para actuaciones concursales, en la que figuran los profesionales que así lo desean siempre que tengan cinco años de experiencia profesional y reciclen su formación. El Colegio vela por la rotación de las actuaciones, por las que reciben un honorario fijado según un arancel aprobado por un Real Decreto y autorizado por el juez del concurso.
En los peritajes, el trabajo de los economistas consiste en realizar un análisis profundo de la situación númerica y mercantil, estableciendo causalidades. Emiten un informe con un dictamen y conclusiones, explicando si han tenido limitaciones para realizar su trabajo. Pueden ser peritos de parte (si los nombra una de las partes litigantes) o judicial (si es el juez el que los designa).
Su labor como administradores concursales arranca con el nombramiento judicial. Si el procedimiento es abreviado, el concurso lo lleva un solo profesional (abogado o economista), mientras que si es ordinario hay un equipo formado por un letrado, un economista y un representante de los acreedores. Los procedimientos son largos y en ellos realizan informes, planes de viabilidad, de liquidación... Además, tutelan la administración de la empresa concursada.
En plena crisis, la demanda de su actuación se incrementa. Así, el año pasado realizaron 18 peritajes, frente a los 10 de lo que va de año. Sin embargo, su intervención en asuntos concursales casi se ha duplicado, pasando de los seis del año pasado a los 11 de los diez primeros meses del año (aunque en el Juzgado ya se registraron 16). Los economistas creen que los concursos se presentan tarde y por eso la mayoría termina en liquidación, asegura Pérez, quien recuerda que el espíritu de la Ley Concursal es el de analizar la via bilidad de la empresa y si es posible reflotarla, ajustando activos y pasivos. Dicho de otra manera: presentado a tiempo, los concursos sirven para superar dificultades de liquidez, establecer convenios entre el deudor y sus acreedores y dar continuidad empresarial, añade Alfonso Pérez. Para él, las razones de esta tardanza son, por un lado, cierto desconocimiento de la ley y también porque el empresario no está bien asesorado o bien, aunque el asesor se lo dice, a veces hay temor o vergüenza porque vivimos en una sociedad en la que la gente se ríe del que cae, estamos todavía con el chip de suspensión de pagos y estamos en quiebra y el empresario piensa qué van a decir mis amigos, mi familia... y tira hasta que llega un momento en que no puede tirar más.
Juzgado mercantil
En materia judicial, los economistas ourensanos consideran necesario que las nuevas herramientas de la informática y la digitalización lleguen a los juzgados, ya que entienden que hoy existen recursos técnicos para transmitir documentos, fir marlos o recibirlos certificados. Todo esto, unido a la simplicidad de su archivo digital, redundaría en ahorro y liberación de recursos para otras cosas. Además, entienden que sería bueno contar con un juzgado dedicado exclusivamente a lo Mercantil. En sus orígenes se hizo la promesa a nivel nacional de que todas las provincias contarían por lo menos con uno, explica Alfonso Pérez. El Juzgado de Primera Instancia número 4, que asume estos asuntos, ha visto aumentado su volumen de trabajo con la crisis y ha pedido un refuerzo de personal.
Procedimientos largos y complejos
El Colegio de Economistas comunica a todos los juzgados, la Delegación de Facenda de la Xunta y el Registro Mercantil la lista de profesionales inscritos para la realización de peritajes. Existe otra lista para actuaciones concursales, en la que figuran los profesionales que así lo desean siempre que tengan cinco años de experiencia profesional y reciclen su formación. El Colegio vela por la rotación de las actuaciones, por las que reciben un honorario fijado según un arancel aprobado por un Real Decreto y autorizado por el juez del concurso.
En los peritajes, el trabajo de los economistas consiste en realizar un análisis profundo de la situación númerica y mercantil, estableciendo causalidades. Emiten un informe con un dictamen y conclusiones, explicando si han tenido limitaciones para realizar su trabajo. Pueden ser peritos de parte (si los nombra una de las partes litigantes) o judicial (si es el juez el que los designa).
Su labor como administradores concursales arranca con el nombramiento judicial. Si el procedimiento es abreviado, el concurso lo lleva un solo profesional (abogado o economista), mientras que si es ordinario hay un equipo formado por un letrado, un economista y un representante de los acreedores. Los procedimientos son largos y en ellos realizan informes, planes de viabilidad, de liquidación... Además, tutelan la administración de la empresa concursada.
