La tramitación del PXOM tarda ya el doble que la media, con cada vez más dudas sobre su seguridad
Aunque lo habitual es que cualquier solución a un problema está cada vez más cerca de convertirse en realidad, la ciudad de Ourense parece empeñada desde hace tiempo en llevarle la contraria a la lógica con su crisis en el urbanismo. Todo parece cada vez más enquistada pese a ser un tema que lleva sobre la mesa ya más de una década y con el que han lidiado ya, sin ponerle remedio, tres corporaciones diferentes, a la que se sumará la que salga de las urnas el próximo 26 de mayo, que se encontrará la piedra filosofal del asunto, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), con cada vez más dudas sobre su viabilidad.
"La media, en otras ciudades, es que el PXOM se apruebe y esté en vigor en cuatro o cinco años", reconoce el actual edil de Urbanismo, José Cudeiro, que ve "lamentable que aquí no se actúe en positivo".
Su predecesora en el cargo, la socialista Áurea Soto, activó la tramitación del nuevo PXOM cuando ya se daba por descontado que el planeamiento aprobado en 2003 iba a ser anulado por la justicia, algo que sucedió inicialmente en abril de 2008 y se confirmó, en el Supremo, en marzo de 2011, devolviendo a Ourense a un ordenamiento urbanístico de la década de los 80.
En el otoño de 2008, el gobierno bipartito PSOE-BNG adjudicaba a Oficina de Planeamiento SA la redacción del PXOM actualmente en tramitación, que tras un farragoso proceso administrativo llegó al salón de plenos para su aprobación inicial en noviembre de 2013, saliendo adelante con el voto en contra del PP, que tras las elecciones de 2015 decidió, no obstante, asumir el documento.
Sin embargo, en el actual mandato, tras múltiples adaptaciones, no solo no se ha activado una nueva fase, sino que la intención del gobierno popular de aprobar provisionalmente el plan sin pasar por el pleno, con informes contrarios del secretario y del interventor municipal, ha encendido las alarmas en distintos colectivos de la ciudad, que coinciden en desear un desbloqueo, aunque no de cualquier manera.
Desconfianza
"É unha ferramenta vital para que o Concello funcione, pero debe ser ordenado. Claro que nos preocupa a situación", destaca el vicepresidente de la CEO Alejandro Cruz, que recuerda la importancia de tener una buena regulación "para xerar emprego".
Otro de los colectivos que más encima está del PXOM es el Colegio de Arquitectos, que señala que "no vale cualquier cosa, sino que un plan debe ser ágil, gestionable y, sobre todo, tener seguridad jurídica", apunta el presidente de la delegación ourensana, Alberto de Paula, que cree que "ahora podemos estar hablando de un plan algo viciado y fácilmente tumbable", por lo que aboga por frenar la aprobación unipersonal y exponerlo al público "por coherencia y transparencia".
En esta línea también se manifiesta el presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, que no duda en tildar de "inaudito" todo lo que está sucediendo, "prolongando inútilmente la hipoteca que la ciudad lleva soportando desde hace más de una década, haciendo alusión también a la fallida ordenación provisional aprobada en 2011 para desbloquear determinados ámbitos considerados estratégicos, que también fue anulada por los tribunales a finales del año 2016.
Otro sector afectado es el de la construcción. El presidente de la patronal ourensana, Santiago Ferreiro, pide altura de miras "para tener un plan con sentido, ya que estamos perdiendo muchos trenes hacia otras ciudades, se van fuera". El constructor dice que el sector "está muy cansado" y los últimos acontecimientos no le hacen ser nada optimista: "Vemos lo del interventor y nos preocupa".
Los representantes vecinales, mientras, también hacen una agria crítica de la situación de Ourense. El presidente de la Federación Limiar, Manuel Mosquera, considera que los políticos "parecen todos encaprichados mientras en otras ciudades se ponen de acuerdo". Insta a José Cudeiro a hacer caso de las recomendaciones del interventor y recuerda el "riesgo de que todo se judicialice". El colectivo que lidera ya ha entregado varios documentos con sugerencias: "Debe haber una solución".
Mientras, la representante de la Agrupación Miño, Lorinda Fernández muestra cierta resignación. "No sé cómo una ciudad puede aguantar tanto tiempo así, todos tienen la culpa", critica la líder vecinal, que recuerda que no aceptarán nada que no cumpla las demandas de los núcleos rurales. La soga urbanística aprieta a la ciudad, cada vez más cerca de ahogarse.
