El primer semestre de 2009 se cierra en los juzgados ourensanos con 2.131 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, un 16% más que en 2008, cuando ya hubo un incremento del 26% respecto al ejercicio anterior. La crisis económica y las nuevas sanciones de tráfico tienen todo que ver en ello.
Necesitar abogado se ha vuelto común. Aunque tan frecuente como disponer de abogado se está convirtiendo que éste le salga gratis al cliente, a poder ser. La asistencia jurídica gratuita emana de un mandato legislador de la Constitución, y la Ley 1/96 lo desarrolla.
Tienen derecho a la asistencia aquellos ciudadanos nacionales o extranjeros residentes en España, según los casos y las circunstancias, con insuficiencia de recursos para litigar en defensa de derechos o intereses propios. La competencia para el reconocimiento del derecho recae en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En el caso de Ourense, está presidida por el fiscal jefe, ejerciendo el secretariado una representante de la Consellería de Presidencia. Forman parte como vocales, un letrado del Gabinete Jurídico Territorial de la Xunta, un representante del Colegio de Abogados y otro del Colegio de Procuradores.
En el primer semestre de 2009 fueron 2.131 los expedientes de solicitud de asistencia gratuita revisados. ¿Significado? Un 16% más que en el mismo semestre de 2008, cuando se evaluaron 1.830 solicitudes, según cifras facilitadas por la delegación de la Xunta en la provincia. Reunidos los componentes de la Comisión Mixta en 42 ocasiones a lo largo del pasado año, por su manos pasaron ya entonces un total de 4.143 expedientes de solicitud, de los que 3.178 fueron estimados, 957 denegados y 8 resueltos por otro procedimiento. Estas cifras cobran verdadero significado si se amplía el campo de visión, porque en 2007 las solicitudes fueron 3.274 y en el año 2006, 3.393. Es decir, 2008 ya trajo consigo una incremento del 26% en el número de peticiones de asistencia. Los incrementos se producen sobre indicadores a su vez incrementados. Y lo que también es relevante: ocho de cada diez casos son tomados en consideración, según la Fiscalía.
Desde la delegación de la Xunta subrayan, como explicación de fondo, los efectos de la crisis económica, que ha disminuido el margen de recursos de una parte de la ciudadanía. Los factores desencadenantes hay que buscarlos en el endurecimiento de las sanciones de tráfico, una vez se modificó el Código Penal en relación a la conducción sin permiso, y a la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Junto a las nuevas circunstancias constitutivas de delito en relación a la seguridad del tráfico, desde la Xunta citan también los malos tratos, cada vez más denunciados, y los casos relacionados con conflictos de extranjería, hecho explicable a partir del incremento de la población inmigrante.
La jurisdicción penal acapara seis de cada 10 peticiones
La jurisdicción penal absorbe la mayoría de las peticiones de asistencia. En lo que va de 2009, de los 1.748 expedientes estimados (de un total de 2.131 presentados), 1.116 de ellos, esto es, el 64%, pertenecen a la jurisdicción penal.
El decano del Colegio de Abogados de Ourense, Arturo González, señala que malos tratos y delitos producto de las alcoholemias o la conducción temeraria han disparado los juicios rápidos. El control severo para prevenirlos está, en su opinión, entre las causas del aumento de las denuncias.
También es el área penal la que concentra las resoluciones denegatorias. De las 2.890 solicitudes cursadas, 804 se resolvieron en contra del solicitante. Esta proporción no siguió la misma dinámica en la jurisdicción civil, donde de 755 peticiones de asistencia gratuita, fueron desestimadas 104. El porcentaje de estimaciones en jurisdicción Contencioso Administrativa fue del 99%, y en la social del 100%. Fuentes de la Fiscalía explican que esta diferencia se entienden porque en la jurisdicción penal muchas de las peticiones se realizan con criterios de automatismo habida cuenta la necesidad del abogado en el caso de los imputados o acusados.
La actitud del cliente genera la denegación
Las denegaciones de asistencia, según fuentes de la Fiscalía, tienen en buena medida que ver con la inactividad del propio solicitante que genera la falta de aportación de datos una vez que éstos le son requeridos por la Comisión tras el examen de su solicitud. Pese a ello, en 2008 hubo 130 impugnaciones contra la denegación del derecho a justicia gratuita. De las 84 admitidas, se resolvieron 50 de las que 31 fueron revocadas y 19 confirmatorias. En lo que se refiere a la insostenibilidad de pretensiones, el fiscal que integra la Comisión Mixta dictó 21 informes en 2008 referidos a otros tantos expedientes que no cumplían los requisitos mínimos para recibir asistencia gratuita.
Tienen derecho a la asistencia aquellos ciudadanos nacionales o extranjeros residentes en España, según los casos y las circunstancias, con insuficiencia de recursos para litigar en defensa de derechos o intereses propios. La competencia para el reconocimiento del derecho recae en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En el caso de Ourense, está presidida por el fiscal jefe, ejerciendo el secretariado una representante de la Consellería de Presidencia. Forman parte como vocales, un letrado del Gabinete Jurídico Territorial de la Xunta, un representante del Colegio de Abogados y otro del Colegio de Procuradores.
En el primer semestre de 2009 fueron 2.131 los expedientes de solicitud de asistencia gratuita revisados. ¿Significado? Un 16% más que en el mismo semestre de 2008, cuando se evaluaron 1.830 solicitudes, según cifras facilitadas por la delegación de la Xunta en la provincia. Reunidos los componentes de la Comisión Mixta en 42 ocasiones a lo largo del pasado año, por su manos pasaron ya entonces un total de 4.143 expedientes de solicitud, de los que 3.178 fueron estimados, 957 denegados y 8 resueltos por otro procedimiento. Estas cifras cobran verdadero significado si se amplía el campo de visión, porque en 2007 las solicitudes fueron 3.274 y en el año 2006, 3.393. Es decir, 2008 ya trajo consigo una incremento del 26% en el número de peticiones de asistencia. Los incrementos se producen sobre indicadores a su vez incrementados. Y lo que también es relevante: ocho de cada diez casos son tomados en consideración, según la Fiscalía.
Desde la delegación de la Xunta subrayan, como explicación de fondo, los efectos de la crisis económica, que ha disminuido el margen de recursos de una parte de la ciudadanía. Los factores desencadenantes hay que buscarlos en el endurecimiento de las sanciones de tráfico, una vez se modificó el Código Penal en relación a la conducción sin permiso, y a la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Junto a las nuevas circunstancias constitutivas de delito en relación a la seguridad del tráfico, desde la Xunta citan también los malos tratos, cada vez más denunciados, y los casos relacionados con conflictos de extranjería, hecho explicable a partir del incremento de la población inmigrante.
La jurisdicción penal acapara seis de cada 10 peticiones
La jurisdicción penal absorbe la mayoría de las peticiones de asistencia. En lo que va de 2009, de los 1.748 expedientes estimados (de un total de 2.131 presentados), 1.116 de ellos, esto es, el 64%, pertenecen a la jurisdicción penal.
El decano del Colegio de Abogados de Ourense, Arturo González, señala que malos tratos y delitos producto de las alcoholemias o la conducción temeraria han disparado los juicios rápidos. El control severo para prevenirlos está, en su opinión, entre las causas del aumento de las denuncias.
También es el área penal la que concentra las resoluciones denegatorias. De las 2.890 solicitudes cursadas, 804 se resolvieron en contra del solicitante. Esta proporción no siguió la misma dinámica en la jurisdicción civil, donde de 755 peticiones de asistencia gratuita, fueron desestimadas 104. El porcentaje de estimaciones en jurisdicción Contencioso Administrativa fue del 99%, y en la social del 100%. Fuentes de la Fiscalía explican que esta diferencia se entienden porque en la jurisdicción penal muchas de las peticiones se realizan con criterios de automatismo habida cuenta la necesidad del abogado en el caso de los imputados o acusados.
La actitud del cliente genera la denegación
Las denegaciones de asistencia, según fuentes de la Fiscalía, tienen en buena medida que ver con la inactividad del propio solicitante que genera la falta de aportación de datos una vez que éstos le son requeridos por la Comisión tras el examen de su solicitud. Pese a ello, en 2008 hubo 130 impugnaciones contra la denegación del derecho a justicia gratuita. De las 84 admitidas, se resolvieron 50 de las que 31 fueron revocadas y 19 confirmatorias. En lo que se refiere a la insostenibilidad de pretensiones, el fiscal que integra la Comisión Mixta dictó 21 informes en 2008 referidos a otros tantos expedientes que no cumplían los requisitos mínimos para recibir asistencia gratuita.
