El sector espera que la Ley de Simplificación Administrativa y Reactivación Económica pueda suavizar el mal endémico de la construcción y derribe el muro de la falta de uniformidad en la concesión de permisos
En un acto oficial en el que el presidente de la Xunta de Galicia coincidió con el alcalde de Oporto, en presencia de empresarios y representantes institucionales, entre los que se encontraba el presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Rui Moreira comentó que su Cámara Municipal tenía un problema serio porque estaba concediendo las licencias de obra en 14 días y necesitaban implementar medidas para otorgarlas en ocho. Las autoridades y empresarios gallegos quedaron perplejos.
Los retrasos en la concesión de licencias de obra son el mal endémico de la construcción en Galicia y en España, y la mayor traba y lastre para un sector que siempre se ha identificado como uno de los grandes motores de la economía y del sistema productivo. En un escenario sin marco regulatorio, ni seguridad jurídica, ni coordinación entre administraciones, cada ayuntamiento sortea como puede el vacío burocrático. Y bajo una máxima: a mayor inestabilidad política, más lentitud en la concesión de permisos.
La carrera entre los 313 ayuntamientos gallegos por captar obra e inversión es desigual. En el municipio de Ourense, la espera suele consumir entre 12 y 16 meses. En ese tiempo, al promotor le quedan pocas opciones: trasladar su inversión a un ayuntamiento vecino ávido por ganar población, camuflar su proyecto como obra menor o desistir definitivamente.
Barbadás, Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas, acostumbrados a ganar población a costa de Ourense, se esfuerzan en autorizar obras en un plazo que va de uno a tres meses. En el resto de Galicia hay también grandes oscilaciones. Y si la inversión toca zona BIC o requiere informes sectoriales, el final está cantado. La retirada es cuestión de tiempo.
Ley de simplificación
La nueva Ley de Simplificación Administrativa y de Apoyo a la Reactivación Económica de Galicia ha llevado cierta dosis de esperanza al sector, que lleva años demandando menos carga administrativa, más agilidad en las licencias y soluciones como la ventanilla única.
Pero la regulación urbanística y el sometimiento a la burocracia no son los únicos males de la construcción. Hay muchos más, desde la falta de profesionales cualificados y las limitaciones de formación, hasta la atomización empresarial, tan característica en el sistema productivo de Galicia. Un buen ejemplo de ese minifundio está en que en 2020 se han adjudicado algún tipo de contrato hasta 1.700 empresas en Galicia, según datos de la Federación Gallega de la Construcción.
Los procesos de concentración o fusiones se complican en un territorio en el que las constructoras locales juegan un papel clave en las economías municipales y comarcales. Estos líderes locales son los focos de generación de riqueza y empleo en zonas sin alternativas en otros sectores.
Por otra parte, el sector asume a un ritmo vertiginoso la irrupción de las nuevas actividades que están cambiando en muy poco tiempo oficios tradicionales. La construcción industrializada ha venido para quedarse. Y para transformar el sector.
Tanto es así que la Fundación Laboral de la Construcción ha creado una comisión para canalizar el grueso de la formación hacia esa tendencia. Surgen nuevas especialidades, como la de colocadores de piezas modulares prefabricadas.
Otro problema pendiente es la dificultad de reciclar trabajadores y de conseguir que regresen a esta actividad, tras abandonarla en al crisis anterior. El convenio de la construcción en Ourense establece para un peón ordinario (categoría 12) un salario de 1.250,5 euros al mes. Pero ni los elevados sueldos generan efecto llamada.
