La defensa de José Luis Baltar ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la admisión a trámite de la querella interpuesta por el fiscal jefe de Ourense contra el expresidente de la Diputación, en relación con 104 contrataciones de personal.
Los abogados Emilio Atrio y Luis Romero advierten en su escrito -que no interrumpe el calendario de declaraciones ordenado por el juez (los días 30 y 31 de este mes, y el 4 de febrero)- que no hay indicio alguno, 'ni por supuesto, prueba', más allá de 'meras especulaciones', de que se pueda desprender que los decretos de José Luis Baltar que formalizaron las contrataciones del personal tuvieran por objetivo 'que fuesen unas personas y no otras las que ocuparan los puestos'; o que el incumplimiento de la ordenanza reguladora de las mismas 'estuviera encubriendo un acto de pura y grosera arbitrariedad', salvo que, recuerdan, se califique 'a más de 19 jefes de servicio y a todos los miembros de la comisión de control y seguimiento como cooperadores necesarios o cómplices', lo que ya descarta el propio fiscal.
En un amplio recurso, los abogados argumentan que las diligencias de investigación realizadas por el fiscal jefe son nulas de pleno derecho porque el último responsable de los hechos denunciados por el PSdeG, José Luis Baltar, nunca fue citado a declarar por el Ministerio público que, además, dilató en el tiempo la investigación de forma injustificada. Y así, 'faltando la presencia del sospechoso, se desatienden, a la vez, los principios de defensa y de contradicción'. Porque Baltar 'nunca fue citado, nunca fue oído, y, por supuesto, nunca ha podido defenderse ni contradecir las imputaciones vertidas en la denuncia' socialista.
SIN SOPORTE DOCUMENTAL
Además, reprocha que el juez, el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Leonardo Alvarez, vincule el 'juicio indiciario a la documentación acompañada a la querella', consistente exclusivamente 'en las diligencias de investigación'. Por ello, dicen que no hay el más mínimo 'soporte documental' que justifique los indicios de delito; como tampoco hay, a su juicio, tipicidad de los hechos denunciados porque 'nada se desprende con relación al elemento intencional' de la prevaricación administrativa. De hecho, sostiene el recurso que, salvo la cuestión puramente formal relativa a la falta de publicidad de las contrataciones -'perfectamente revisable en el ámbito estrictamente administrativo'- , los informes técnicos de la Diputación ponen de manifiesto que los decretos de contratación responden 'al deseo de atender necesidades inaplazables del interés general', por los múltiples servicios que presta la Diputación.
En un amplio recurso, los abogados argumentan que las diligencias de investigación realizadas por el fiscal jefe son nulas de pleno derecho porque el último responsable de los hechos denunciados por el PSdeG, José Luis Baltar, nunca fue citado a declarar por el Ministerio público que, además, dilató en el tiempo la investigación de forma injustificada. Y así, 'faltando la presencia del sospechoso, se desatienden, a la vez, los principios de defensa y de contradicción'. Porque Baltar 'nunca fue citado, nunca fue oído, y, por supuesto, nunca ha podido defenderse ni contradecir las imputaciones vertidas en la denuncia' socialista.
SIN SOPORTE DOCUMENTAL
Además, reprocha que el juez, el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Leonardo Alvarez, vincule el 'juicio indiciario a la documentación acompañada a la querella', consistente exclusivamente 'en las diligencias de investigación'. Por ello, dicen que no hay el más mínimo 'soporte documental' que justifique los indicios de delito; como tampoco hay, a su juicio, tipicidad de los hechos denunciados porque 'nada se desprende con relación al elemento intencional' de la prevaricación administrativa. De hecho, sostiene el recurso que, salvo la cuestión puramente formal relativa a la falta de publicidad de las contrataciones -'perfectamente revisable en el ámbito estrictamente administrativo'- , los informes técnicos de la Diputación ponen de manifiesto que los decretos de contratación responden 'al deseo de atender necesidades inaplazables del interés general', por los múltiples servicios que presta la Diputación.
