El letrado que defiende a Francisco Rodríguez, el exalcalde de Ourense, imputado en la Operación Pokemon contra la corrupción política, cree que del contenido de los 26 tomo que han dejado de ser secretos para las partes 'no se justifica la adopción de medidas excepcionales que afectan a los derechos fundamentales de las personas'. En concreto, se refiere a dos: el que las totalidad de las diligencias hubieran estado secretas durante año y medio así como la adopción de intervenciones telefónicas durante meses con las que justificar una investigación penal, sin un punto de partida sólido.
Gerardo Viada lamenta que en los tomos que han dejado de ser secreto no haya ninguna declaración de los imputados. 'Todo lo instruido en los últimos meses no nos consta y no aparece nada desde septiembre de 2012 (cuando De Lara ordenó las primeras detenciones', por lo que lamenta que no se incluya el resto de documentos para 'poder defenderse'.
Mientras, el alcalde, Agustín Fernández, pidió 'tempo para os xuíces', pues entre las conversaciones mantenidas entre particulares y las posibles irregularidades de las que hablan en la parte del sumario de la operación Pokemon que ha trascendido, puede haber un 'abismo'. Posteriormente aludió a la importancia de 'proclamar e esixir' la presunción de inocencia 'fundamental tamén no Estado de Dereito porque, se non é así, cometeranse erros irreparables no futuro'. Fernández desvinculó el origen de la crisis del grupo de gobierno con la Pokemon.
Por su parte, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, abogó por la 'presunción de inocencia' y sostuvo que 'o sumario non ten nada que ver coa gobernabilidade do Concello porque a Xustiza vai por un lado e o goberno por outro, pois os implicados políticos non están xa'..
VALORACIONES
También el juez decano de Ourense, Antonio Piña, opinó ayer sobre el sumario y, aunque no quiso poner en duda el trabajo de Pilar de Lara, afirmó que espera que 'tenga argumentos suficientes para una investigación como la que ha llevado a cabo'. Piña espera que las cosas 'se hayan hecho bien' y no se trate sólo de 'tirar fuegos de artificio'. Además, el magistrado dijo que, al ser parcial el sumario conocido, 'ver las cosas sesgadas perjudica a los imputados' y 'da la sensación de que el asunto no tiene la entidad suficiente'.
Por su parte, el BNG, a través de su portavoz en la Diputación, Leopoldo Rodríguez, se dirigió al presidente del organismo para aclarar el supuesto pago de 9.000 euros por parte de Aquagest al secretario, Francisco Cacharro, al que alude Vigilancia Aduanera en el sumario de la Pokemon. Todo ello en relación a una conversación interceptada por los investigadores a José Luis Míguez Rey, en aquel entonces delegado de Aquagest en Santiago, con motivo de las escuchas por la renovación del servicio del agua en esta ciudad.
Cacharro aseguró que no sólo no cobró nada sino que tampoco prestó servicio profesional a Aquagest. Sí reconoce que el delegado Henry Laíño, también imputado, le pidió un informe sobre la ampliación de la concesión compostelana para realizar una inversión de 20 millones en el rural pero él lo declinó por su incompatibilidad con su puesto en la Diputación. Él vertió su opinión particular sobre ese tema a Laíño pero a nivel privado y de forma verbal.
