Abogados de excargos del BNG imputados en el juicio por supuestas irregularidades en la contratación de paneles publicitarios en Ourense han rechazado hoy en el Juzgado de Ourense cualquier tipo de responsabilidad penal de sus patrocinados.
La Audiencia provincial de Ourense ha iniciado esta mañana la vista oral del juicio en el que están imputados tres excargos del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, y que se prolongará durante cuatro días.
El fiscal considera que hay indicios delictivos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad, en el procedimiento de adjudicación, en febrero de 2008, de un contrato de 40 millones de euros a la empresa Afiador Produccións para explotar los paneles informativos en la ciudad.
El PP, que denunció el asunto, es una de las partes en este juicio en el que están imputados dos extenientes de alcalde, así como el director general de Turismo municipal, David Cortón, y el funcionario Elías Domínguez,
Antes de comenzar la sesión, el abogado José Luis Brea, que defiende al exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, afirmó a un grupo de periodistas que intentará demostrar la inocencia de su cliente en base a que el contrato-convenio firmado para instalar dichos paneles 'nunca entró en el tráfico material' y fue 'anulado en junta de Gobierno'.
Vidal era entonces teniente de alcalde, y Mata responsable de infraestructuras hasta que sucedió en el cargo a Sánchez Vidal, después de que éste presentara su dimisión.
Posteriormente, el propio Mata presentó también el cese.
La empresa adjudicataria -finales de 2007 e inicios de 2008- estaba sin constituir, de ahí que en el acuerdo firmado con el Consistorio orensano apareciese una identificación que no tenía validez.
El convenio no fue aprobado, porque la junta de Gobierno, encabezada por el ex alcalde socialista Francisco Rodríguez, frenó el asunto al advertir la existencia de irregularidades en la tramitación.
Rpdríguez ha sido convocado a declarar en ese juicio en calidad de testigo.
Brea señaló que el convenio, firmado por Sánchez Vidal, no era un auto administrativo 'sino una propuesta de resolución que no entró en el ámbito jurídico, por lo tanto, entendemos que no hay ilícito penal'.
Respecto a la pena solicitada para su cliente, indicó que 'lo peor de todo' es la inhabilitación que podría superar los 20 años -según los delitos que finalmente se le imputen- lo que supondría 'su expulsión del cuerpo de la función pública'.
Por su parte, el abogado de Mata, Evaristo Nogueira, se mostró 'tranquilo' sobre la 'inocencia' de su cliente, y subrayó que 'no hay ningún tipo de prueba que lo incrimine', como tampoco 'ninguna responsabilidad penal'.
'La verdad de lo ocurrido es que no ha ocurrido nada que pueda ser reprochable penalmente', subrayó Nogueira, quien indicó que el procedimiento seguido fue el 'habitual' en esos casos, por lo que insistió en que ninguno de los tipos penales 'encajan' en este caso, y señaló que pide la 'libre absolución'.
En este primer día de la vista oral del juicio está previsto que declaren todos los acusados, incluidos dos responsables de la empresa Afiador.,
A partir de mañana, han sido citados a declarar diecisiete testigos, a lo que seguirá la presentación de pruebas periciales, y el juicio podría prolongarse hasta el viernes, según fuentes judiciales.
El fiscal considera que hay indicios delictivos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad, en el procedimiento de adjudicación, en febrero de 2008, de un contrato de 40 millones de euros a la empresa Afiador Produccións para explotar los paneles informativos en la ciudad.
El PP, que denunció el asunto, es una de las partes en este juicio en el que están imputados dos extenientes de alcalde, así como el director general de Turismo municipal, David Cortón, y el funcionario Elías Domínguez,
Antes de comenzar la sesión, el abogado José Luis Brea, que defiende al exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, afirmó a un grupo de periodistas que intentará demostrar la inocencia de su cliente en base a que el contrato-convenio firmado para instalar dichos paneles 'nunca entró en el tráfico material' y fue 'anulado en junta de Gobierno'.
Vidal era entonces teniente de alcalde, y Mata responsable de infraestructuras hasta que sucedió en el cargo a Sánchez Vidal, después de que éste presentara su dimisión.
Posteriormente, el propio Mata presentó también el cese.
La empresa adjudicataria -finales de 2007 e inicios de 2008- estaba sin constituir, de ahí que en el acuerdo firmado con el Consistorio orensano apareciese una identificación que no tenía validez.
El convenio no fue aprobado, porque la junta de Gobierno, encabezada por el ex alcalde socialista Francisco Rodríguez, frenó el asunto al advertir la existencia de irregularidades en la tramitación.
Rpdríguez ha sido convocado a declarar en ese juicio en calidad de testigo.
Brea señaló que el convenio, firmado por Sánchez Vidal, no era un auto administrativo 'sino una propuesta de resolución que no entró en el ámbito jurídico, por lo tanto, entendemos que no hay ilícito penal'.
Respecto a la pena solicitada para su cliente, indicó que 'lo peor de todo' es la inhabilitación que podría superar los 20 años -según los delitos que finalmente se le imputen- lo que supondría 'su expulsión del cuerpo de la función pública'.
Por su parte, el abogado de Mata, Evaristo Nogueira, se mostró 'tranquilo' sobre la 'inocencia' de su cliente, y subrayó que 'no hay ningún tipo de prueba que lo incrimine', como tampoco 'ninguna responsabilidad penal'.
'La verdad de lo ocurrido es que no ha ocurrido nada que pueda ser reprochable penalmente', subrayó Nogueira, quien indicó que el procedimiento seguido fue el 'habitual' en esos casos, por lo que insistió en que ninguno de los tipos penales 'encajan' en este caso, y señaló que pide la 'libre absolución'.
En este primer día de la vista oral del juicio está previsto que declaren todos los acusados, incluidos dos responsables de la empresa Afiador.,
A partir de mañana, han sido citados a declarar diecisiete testigos, a lo que seguirá la presentación de pruebas periciales, y el juicio podría prolongarse hasta el viernes, según fuentes judiciales.
