El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, acusado de un presunto delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental, no contempla dimitir, al no haber 'acusación formal' o una condena, que determine un posible indicio de delito.
Fuentes de la Xunta han ratificado hoy la postura inicial que ha venido manteniendo la defensa, en relación a la ausencia de una acusación concreta en este proceso, que se inició en 2006, y han descartado su intención de abandonar su cargo.
Precisaron las mismas fuentes que Martínez nunca será 'procesado' al ser instruido su caso 'como procedimiento abreviado', mientras que el procesamiento es un trámite que se aplica 'exclusivamente a los ordinarios'.
El delegado de la Xunta, que prefirió no pronunciarse sobre este asunto, está acusado de supuestos delitos de malversación, estafa y falsedad en documento público por la supuesta falsificación de documento público y cobrar -en su condición de presidente del grupo de acción local Ceivam cuando era alcalde de Arnoia- subvenciones financiadas por la UE, para la construcción de una planta de biomasa, que 'nunca llegaron a ejecutarse', según denunció el PSOE.
Después de varios procesos judiciales, el juez ha desestimado la solicitud de sobreseimiento del caso, atendiendo a la petición de la Audiencia Provincial de Ourense que había apreciado 'indicios delictivos' para la continuación de la causa.
La defensa considera, sin embargo, que los indicios no tienen por qué referirse a su defendido, a pesar de que era presidente de la asociación que gestionó dichos fondos, por lo que recurrirá el auto judicial.
Respecto al proceso, el delegado de la Xunta ha trasladado que 'no es justo que se haga una condena de antemano ni juicios paralelos' en los medios de comunicación.
Fuentes de la Xunta han manifestado además que no tomará ninguna decisión de carácter político hasta que no concluya la fase de instrucción y mientras no haya una condena en firme, reiteró.
Precisaron las mismas fuentes que Martínez nunca será 'procesado' al ser instruido su caso 'como procedimiento abreviado', mientras que el procesamiento es un trámite que se aplica 'exclusivamente a los ordinarios'.
El delegado de la Xunta, que prefirió no pronunciarse sobre este asunto, está acusado de supuestos delitos de malversación, estafa y falsedad en documento público por la supuesta falsificación de documento público y cobrar -en su condición de presidente del grupo de acción local Ceivam cuando era alcalde de Arnoia- subvenciones financiadas por la UE, para la construcción de una planta de biomasa, que 'nunca llegaron a ejecutarse', según denunció el PSOE.
Después de varios procesos judiciales, el juez ha desestimado la solicitud de sobreseimiento del caso, atendiendo a la petición de la Audiencia Provincial de Ourense que había apreciado 'indicios delictivos' para la continuación de la causa.
La defensa considera, sin embargo, que los indicios no tienen por qué referirse a su defendido, a pesar de que era presidente de la asociación que gestionó dichos fondos, por lo que recurrirá el auto judicial.
Respecto al proceso, el delegado de la Xunta ha trasladado que 'no es justo que se haga una condena de antemano ni juicios paralelos' en los medios de comunicación.
Fuentes de la Xunta han manifestado además que no tomará ninguna decisión de carácter político hasta que no concluya la fase de instrucción y mientras no haya una condena en firme, reiteró.
