El portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha manifestado que se trata de un caso bastante grave "pues hablamos de prevaricación, cohecho y de falsedad documental"
Democracia Ourensana ha presentado una denuncia por la vía penal contra el exalcalde Francisco Rodríguez y el actual regidor de la ciudad, Agustín Fernández, por un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, junto con otro de falsedad documental, por la fallida compra del edificio María Goretti, adquirido a través de herederos indirectos y no de los verdaderos propietarios.
Los hechos se remontan al 20 de enero de 2010, cuando el exregidor socialista entregó a los vendedores, herederos indirectos del arquitecto Daniel Vázquez Gulías, cheques por la mitad del importe de la operación para realizar un centro de formación. La otra mitad fue pagada meses después, ascendiendo dicha operación a más de 400.000 euros.
La operación inmobiliaria no pudo ser cerrada ya que uno de los herederos, José Ignacio Parada, como copropietario, solicitó que se procediese a la extinción del acuerdo.
El Ayuntamiento acudió a los tribunales para reclamarle su parte, pero perdió la demanda.
El juzgado determinó que los vendedores a los que habían pagado carecían de derecho de propiedad y por tanto de facultades para vender dichos derechos.
Actualmente, el edificio, en estado ruinoso, no tiene ningún uso, circunstancia que ha sido llevada a la vía judicial.
A la llegada a los juzgados, el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha manifestado en declaraciones a los medios que se trata de un caso bastante grave "pues estamos hablando de prevaricación, de cohecho y de falsedad de documento público" que afecta al anterior alcalde, "en libertad condicional", y al actual, entonces concejal de Hacienda, quien "tendría que haber velado por esta legalidad".
"Sin embargo -añadió-, todo podría indicar que estamos ante bastantes delitos graves por haber comprado con dinero público una propiedad donde los vendedores no eran los legítimos vendedores con lo cual la venta ha quedado anulada", ha detallado Jácome, quien estima que hay más de 400.000 euros "perdidos para los orensanos".
Desde este grupo municipal se recriminan al Ayuntamiento que no haya solicitado en todo este tiempo la devolución de estas cantidades, "hasta hace dos meses", después de "verles las orejas al lobo", dijo Jácome, tras denunciar D.O. un hecho que, según ha recordado, "no les exime" de los mencionados delitos.
Se trata de la sexta denuncia formulada por este grupo político contra el gobierno municipal.
Según esta formación, "todo indica que lo que estaban esperando era que caducaran los plazos y que los vendedores se quedaran con el dinero".
Preguntado por su valoración sobre lo ocurrido, cree que podría haber "manos negras" para beneficiar intereses a terceros, una "opinión personal" sobre la que ha reconocido "que no tengo pruebas", aunque considera llamativo que los vendedores no supiesen que no eran los plenos propietarios del edificio.
Por este motivo, solicita al juzgado que investigue lo sucedido e inicie las correspondientes diligencias previas para comprobar los hechos y la determinación de las personas responsables de los mismos, "y que actúe en consecuencia".
Este mismo grupo había llevado este caso al pleno municipal el año pasado. En aquella sesión criticó que ni el anterior alcalde ni el actual hiciesen nada "para recuperar esos fondos públicos municipales".
