Así lo ha resuelto la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
El propietario de la finca colindante a la casa demolida en Reza por el Concello el 10 de junio de 2015, y denunciante de la ilegalidad de dicho inmueble, propiedad de Rosa María Alonso Álvarez, tendrá que derruir, a su vez, un 10 % de su vivienda en un plazo máximo de tres meses, según dictó la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Ourense el pasado 19 de octubre.
En dicha resolución se señala que las obras promovidas por Antonio Alén Fernández "consistentes na ampliación dun 9 % do volume orixinario da vivenda unifamiliar no lugar de Barreiros 9, non son legalizables por seren incompatibles co ordenamento urbanístico", por lo que se ordena su demolición en un plazo de "tres meses a contar desde a notificación da presente resolución".
Además, la resolución incluye como ilegales el almacén auxiliar ubicado en la parcela y un mesado de piedra, lo que completa un 10 % del inmueble que debe ser demolido en ese plazo de tres meses, que remata el próximo enero de 2017.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística avisa que, en caso de incumplimiento, "procederase á súa execución subsidiaria ou á súa execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas, reiterables periodicamente ata lograr a execución polo suxeito obrigado, en contía de 1.000 a 10.000 euros cada unha".
Ante esta resolución cabe todavía recurso de reposición en el plazo de un mes.
Por otra parte, el abogado de la dueña de la casa demolida, Antonio Feijóo Miranda, señala que Antonio Alén está en esta vivienda "sin licencia de ocupación, según señalan diversos informes municipales", por lo que ya han solicitado hasta en tres ocasiones al concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que se le corte el suministro de gas, agua y luz.
