Pese a sus denodados esfuerzos por evitarlo, Rogelio Martínez finalmente se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Ourense, para responder de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, aunque es más que cuestionable que lo haga durante su actual mandato como máximo responsable de la Xunta en Ourense.
La batería de recursos presentada por los imputados en la causa a lo largo de toda la instrucción penal, iniciada en octubre de 2006, ha ido dilatando hasta lo indecible el proceso. Incluso, una vez dictaminado el auto de imputación que encamina las diligencias previas por el procedimiento con jurado, los atrancos en forma de recurso suman y siguen. La estrategia, según comentan los abogados que representan a la Asociación para o progreso do Ribeiro y el BNG y que ejercen la acusación popular, es 'dilatar el proceso al máximo para agotar su actual mandato como delegado sin ser juzgado'. Los últimos, en los que se cuestiona que el tribunal del jurado tenga competencias para juzgar el caso, y en los que la Audiencia provincial volverá a tener la última palabra una vez más, demorarán la presentación de los escritos de acusación y defensa y posteriormente la apertura de juicio. La vista oral, con toda probabilidad, no se desarrollará a lo largo de este año. Pero lo que sí está claro es que el delegado de la Xunta entrará en la sala de vistas del máximo órgano jurisdiccional de la provincia.
Tras la decisión de la Audiencia del 29 de febrero de este año, revocando el sobreseimiento de la causa acordada por el juez de Ridadavia al hallar indicios penales suficientes en la actuación de Martínez como cargo público, el delegado de la Xunta no se librará de las acusaciones de malversación de caudales y falsedad documental por su actuación al frente del grupo de acción local Ceivam (Centro de Iniciativas para el desarrollo local del Val do Miño) a comienzos del año 2000, cuando era mandatario local de Arnoia. Un grupo creado por acta fundacional en noviembre de 1993 en el que figuraba Martínez como presidente, Juan Emilio Aparicio -exteniente alcalde de Arnoia- como gerente y Pablo Fernández Loureiro (secretario del Concello de Arnoia) como responsable administrativo y financiero. A través de esta sociedad con agentes públicos y privados encargados de diseñar estrategias de desarrollo para un territorio, se conseguían captar fondos europeos del programa Leader que en forma de subvenciones se entregaban a personas físicas o jurídicas que presentaban proyectos empresariales.
Ahora bien, el juez de Ribadavia en su último auto asegura que a lo largo de las diligencias de investigación practicadas en la instrucción 'resultan indicios de que los miembros de acción local Ceivam -Rogelio Martínez, Juan Emilio Aparicio y Pablo Fernández- concedieron subvenciones con fondos públicos con conocimiento de que la documentación aportada por los solicitantes para justificar los gastos realizados no se correspondían con la realidad'.
Y pone ejemplos: una planta de biomasa en el Concello de Arnoia en la que se certificaron obras que no fueron realizadas y tampoco se adquirió la maquinaria que consta en la documentación aportada, 'cuestión conocida por los miembros del GAL (grupo de acción local) a la hora de aportar la subvención'.
El proyecto para esa planta lo respaldaba Actuar S.L., cuyo representante en calidad de administrador, Gumersindo Álvarez Rodríguez -imputado-, firmó un contrato con el presidente de Ceivam en el que se detallaba el presupuesto de la nave transformadora de biomasa, presupuestada en 13 millones de pesetas, de los que se financiaron con fondos públicos 6,5.
Añade que cuando los miembros del grupo recibieron la documentación de la planta de biomasa 'tenían perfecto conocimiento de que las obras que se reflejan en la certificación emitida por el ingeniero Miguel Reza (imputado) los días 29 y 30 de noviembre de 2001 no se correspondían con la realidad'. En vez de la nave certificada, había un galpón construido por la sociedad agraria de transformación 'O Carballo' antes de cedérselo al Ayuntamiento. En las diligencias penales existe abundante documentación donde se constata que en vez de construir una nueva nave se reconstruyó el galpón por parte de la empresa Construcciones Covelo S.L., contratada por Actuar para hacer la planta, y cuyo representante, Gumersindo Álvarez Martínez, también declaró como imputado.
Según el juez, la conducta descrita sería 'en todo caso constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos', apreciando ánimo de lucro en los beneficiarios del dinero público. Todo ello en concurso con un delito de falsedad documental ya que el proyecto de la planta de biomasa y las certificaciones de obra 'no se corresponden con la realidad'.
Tras la decisión de la Audiencia del 29 de febrero de este año, revocando el sobreseimiento de la causa acordada por el juez de Ridadavia al hallar indicios penales suficientes en la actuación de Martínez como cargo público, el delegado de la Xunta no se librará de las acusaciones de malversación de caudales y falsedad documental por su actuación al frente del grupo de acción local Ceivam (Centro de Iniciativas para el desarrollo local del Val do Miño) a comienzos del año 2000, cuando era mandatario local de Arnoia. Un grupo creado por acta fundacional en noviembre de 1993 en el que figuraba Martínez como presidente, Juan Emilio Aparicio -exteniente alcalde de Arnoia- como gerente y Pablo Fernández Loureiro (secretario del Concello de Arnoia) como responsable administrativo y financiero. A través de esta sociedad con agentes públicos y privados encargados de diseñar estrategias de desarrollo para un territorio, se conseguían captar fondos europeos del programa Leader que en forma de subvenciones se entregaban a personas físicas o jurídicas que presentaban proyectos empresariales.
Ahora bien, el juez de Ribadavia en su último auto asegura que a lo largo de las diligencias de investigación practicadas en la instrucción 'resultan indicios de que los miembros de acción local Ceivam -Rogelio Martínez, Juan Emilio Aparicio y Pablo Fernández- concedieron subvenciones con fondos públicos con conocimiento de que la documentación aportada por los solicitantes para justificar los gastos realizados no se correspondían con la realidad'.
Y pone ejemplos: una planta de biomasa en el Concello de Arnoia en la que se certificaron obras que no fueron realizadas y tampoco se adquirió la maquinaria que consta en la documentación aportada, 'cuestión conocida por los miembros del GAL (grupo de acción local) a la hora de aportar la subvención'.
El proyecto para esa planta lo respaldaba Actuar S.L., cuyo representante en calidad de administrador, Gumersindo Álvarez Rodríguez -imputado-, firmó un contrato con el presidente de Ceivam en el que se detallaba el presupuesto de la nave transformadora de biomasa, presupuestada en 13 millones de pesetas, de los que se financiaron con fondos públicos 6,5.
Añade que cuando los miembros del grupo recibieron la documentación de la planta de biomasa 'tenían perfecto conocimiento de que las obras que se reflejan en la certificación emitida por el ingeniero Miguel Reza (imputado) los días 29 y 30 de noviembre de 2001 no se correspondían con la realidad'. En vez de la nave certificada, había un galpón construido por la sociedad agraria de transformación 'O Carballo' antes de cedérselo al Ayuntamiento. En las diligencias penales existe abundante documentación donde se constata que en vez de construir una nueva nave se reconstruyó el galpón por parte de la empresa Construcciones Covelo S.L., contratada por Actuar para hacer la planta, y cuyo representante, Gumersindo Álvarez Martínez, también declaró como imputado.
Según el juez, la conducta descrita sería 'en todo caso constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos', apreciando ánimo de lucro en los beneficiarios del dinero público. Todo ello en concurso con un delito de falsedad documental ya que el proyecto de la planta de biomasa y las certificaciones de obra 'no se corresponden con la realidad'.
