El PP pide una junta de portavoces que aclare su futuro y el de los proyectos pendientes, mientras alcalde y concejala cerraron el calendario para el más urgente, la expropiación en el área de As Burgas
La ya exconcejala de Urbanismo, Infraestructuras, Servicios Generales, Contratación y Sistemas de Información, Aurea Soto, se despidió ayer de los funcionarios de sus departamentos pero se mantendrá en su escaño, aunque sin responsabilidades -el gobierno local facilitó ayer el decreto del alcalde revocándola de todas ellas-. Precisamente su permanencia como edil, hasta el 6 de febrero como máximo, ha provocado las suspicacias del PP y de DO. El primero ya pidió al regidor copia del decreto de retirada de competencias y del escrito de dimisión de la concejala. El segundo comunicará al Inem lo que considera una "picaresca", dice, en los pasos establecidos para una dimisión, que asegura que se modificaron para que la todavía concejala pueda cobrar el paro.
Además, el PP reclama una inmediata junta de portavoces para que Agustín Fernández, el alcalde, informe a los grupos de la oposición de las consecuencias de la salida de Soto Vázquez, en lo que se refiere a la reorganización del organigrama municipal y a la asunción de las competencias en Urbanismo e Infraestructuras -véanse Plan de inversiones, desarrollo termal, PXOM o Praza de Abastos-, que el principal grupo de la oposición considera fundamentales para la ciudad, por lo que se debería garantizar su adecuada gestión. Porque el regidor a asumido de momento la gestión directa de estos proyectos, aunque su intención es delegarlos posteriormente en otro edil o ediles.
Pero se trata también de asuntos que no debieran quedar paralizados ahora; por ello, la concejala Soto dedicó el propio lunes y ayer a cerrar algunas cuestiones pendientes, aunque convencida de que en los cuatro meses que quedan de mandato no habrá paralización alguna de los mismos. Le preocupa más, dice, el futuro mandato, por una cuestión: hay pendientes en los juzgados reclamaciones patrimoniales por cerca de 300 millones de euros debido a la caída del Plan de Urbanismo de 2003. Por eso, apela a una defensa fuerte y estricta de los intereses municipales, porque, de otro modo, habrá promotores y particulares que obtengan esas indemnizaciones, que podrían llevar a la quiebra al Concello, y de forma "perfectamente legal".
Mientras, la edil y el alcalde cerraron en estos dos días el calendario para resolver, antes del final del mandato, la expropiación para el área de reparto de As Burgas, la que facilitará el desarrollo termal en el corazón de la ciudad. Debe aprobarse antes de mayo esa medida, resolver las alegaciones y ratificarla, algo viable porque, aunque el expediente se reactivo porque había caducado, todo el trabajo realizado sigue siendo válido.
Ambos mantuvieron también una reunión con el equipo redactor del nuevo PXOM el pasado lunes, para dejar el documento lo más cerrado posible en estos meses, aunque no se va a aprobar provisionalmente por falta de tiempo, pero también, dicen, por la "beligerancia" de la oposición y los "intereses de otros". Y queda, según la concejala, "encarrilado" el Plan de inversiones, 3,5 millones en una primera fase, que ya se están ejecutando -ahí va la mejora de la calle Concejo, cuyo proyectó entró ya en el Consistorio y está tramitándose-, y una segunda, dice, ya esbozada.
