La número 3 de Anova fue edil en Ourense con el BNG, durante seis meses
La número tres de Anova, Iolanda Pérez, presentó su dimisión como responsable de organización y portavoz de la formación política en Ourense después de ser citada a declarar en calidad de imputada por el caso de las asistencias técnicas. Así lo aseguró ayer en Santiago el coordinador de Anova, Martiño Noriega, en una comparecencia en la que explicó que Pérez Docampo comunicó su decisión por carta el pasado viernes, después de recibir la citación del juzgado.
La imputación de Pérez Docampo se corresponde a su etapa como concejala de la ciudad por el BNG, en la que ejerció como responsable de Vivenda, PERIs y BIC de As Burgas, en el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2010 y mayo de 2011, cuando se celebraron las elecciones municipales. Según Noriega -este periódico intentó ayer comunicar con Iolanda Pérez, sin éxito-, la exconcejala le mostró su "sorpresa" por ser citada a declarar como imputada y no como testigo. Y es que, según el coordinador de Anova, el periodo en el que ella fue concejala no se corresponde con el de las contrataciones denunciadas por los sindicatos CIG y USO.
Noriega también destacó el "exemplo" de Pérez Docampo al dimitir frente a otros cargos públicos "que sacan peito coleccionando imputacións" e "inhabilitacións", lo que, a su juicio, dibuja "unha diferenza fronte a outros partidos que manteñen unha situación "de absoluta alerta vermella". La permanente de Anova ya está informada de la dimisión de su número tres, si bien Iolanda Pérez dará explicaciones personalmente en la reunión que esta comisión mantendrá el próximo día 14.
La investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense partió de una denuncia presentada por los sindicatos CIG y USO en relación a presuntas irregularidades en la contratación de personas del área de Rehabilitación y Urbanismo del Concello de la ciudad. Se trata de personas que lograron ser reconocidos por sentencia judicial como trabajadores municipales (no funcionarios) después de ser contratados por un servicio (asistencia técnica), que realizaron en las dependencias municipales, con los horarios de los propios trabajadores del Concello.
Por este tema ya han acudido a declarar como imputados el alcalde, Agustín Fernández, y su predecesor en el cargo, Francisco Rodríguez, así como la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, y la directora xeral de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez Dacosta. En sus declaraciones, las dos últimas recordaron al juez que en la época del bipartito PSOE-BNG, a la que se refieren las asistencias técnicas investigadas, los responsables del área de Rehabilitación eran concejales nacionalistas.
De hecho, junto con Rodríguez Dacosta estaban citados a declarar como imputados los exediles del BNG -hoy ya fuera de esta organización- Andrés García Mata, a quien Pérez Docampo sustituyó en el grupo municipal nacionalista tras su dimisió por su imputación en el caso de los paneles -del que fue absuelto- y la propia Pérez Docampo, si bien problemas con las citaciones aplazó sus declaraciones.
Aunque la denuncia fue presentada en su día por los dos sindicatos, el PP también ha aportado documentación y está a la espera de formalizar su personamiento en este caso, por el que ya han declarado los trabajadores afectados.
