La Diputación de Ourense tiene listo para su publicación el pliego de cláusulas que regirá la futura sociedad mixta encargada de la gestión de los residuos sólidos y otros servicios complementarios, recientemente anunciada por su presidente, Manuel Baltar, y vinculada al plan de reformas administrativas 'Ourense 92'.
Según el texto inicial analizado ayer en la comisión de seguimiento de este proyecto, el capital social de la futura sociedad será de 100.000 euros, suscrito en un 34% por la Diputación y el 66% por la empresa privada que resulte adjudicataria.
El concurso para la constitución de una 'sociedad mercantil de responsabilidad limitada de capital mixto' contempla que la duración del contrato se haga por 'veinte años, prorrogables hasta un máximo de 25', a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. El nombre de la futura sociedad queda a establecer de común acuerdo entre Diputación y adjudicatario, aunque Baltar anunció el pasado 27 de junio, cuando hizo público el proyecto, que podría llevar el nombre de Limpourense y estar operativa el 1 de enero de 2014.
El pliego contempla en su punto 14ª, referido a las 'garantías de la contratación', una estimación de la facturación anual que tendrá la sociedad mixta, que asciende a 3,65 millones de euros. En cuanto al objeto del contrato, establece que será la gestión del servicio intermunicipal delegado de recogida de residuos sólidos urbanos y los complementarios (recogida selectiva de envases ligeros, vidrio y papel; gestión de puntos limpios; transferencia de residuos sólidos urbanos; lavado de contenedores, y tratamiento de residuos de la construcción).
En cuanto al actual personal de la Diputación dedicado a estas tareas, el contrato hace mención expresa de la obligación de subrogarlo en la nueva empresa, tal y como anunció Baltar. Además, la institución provincial cederá a la sociedad todos los bienes (vehículos, instalaciones) afectos al servicio. La recogida de residuos sólidos será el servicio que afecte a más municipios (podrán aumentar o disminuir a lo largo de la duración del contrato), un total de 48 por ahora, mientras que la recogida selectiva de envases se realizará en 23; la de vidrio, en 14, y la de papel y cartón, en 8.
Finalmente, para todos los servicios queda establecido un coste máximo de la oferta económica que presenten los concursantes, que prevé, por ejemplo, un precio de 25,71 euros por habitante para la recogida de residuos urbanos.
El concurso para la constitución de una 'sociedad mercantil de responsabilidad limitada de capital mixto' contempla que la duración del contrato se haga por 'veinte años, prorrogables hasta un máximo de 25', a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. El nombre de la futura sociedad queda a establecer de común acuerdo entre Diputación y adjudicatario, aunque Baltar anunció el pasado 27 de junio, cuando hizo público el proyecto, que podría llevar el nombre de Limpourense y estar operativa el 1 de enero de 2014.
El pliego contempla en su punto 14ª, referido a las 'garantías de la contratación', una estimación de la facturación anual que tendrá la sociedad mixta, que asciende a 3,65 millones de euros. En cuanto al objeto del contrato, establece que será la gestión del servicio intermunicipal delegado de recogida de residuos sólidos urbanos y los complementarios (recogida selectiva de envases ligeros, vidrio y papel; gestión de puntos limpios; transferencia de residuos sólidos urbanos; lavado de contenedores, y tratamiento de residuos de la construcción).
En cuanto al actual personal de la Diputación dedicado a estas tareas, el contrato hace mención expresa de la obligación de subrogarlo en la nueva empresa, tal y como anunció Baltar. Además, la institución provincial cederá a la sociedad todos los bienes (vehículos, instalaciones) afectos al servicio. La recogida de residuos sólidos será el servicio que afecte a más municipios (podrán aumentar o disminuir a lo largo de la duración del contrato), un total de 48 por ahora, mientras que la recogida selectiva de envases se realizará en 23; la de vidrio, en 14, y la de papel y cartón, en 8.
Finalmente, para todos los servicios queda establecido un coste máximo de la oferta económica que presenten los concursantes, que prevé, por ejemplo, un precio de 25,71 euros por habitante para la recogida de residuos urbanos.
