El sindicato pide la nulidad del ERE a 25 trabajadores por ser 'discriminatorio' y no cumplir con los requisitos legales

La Diputación de Ourense defiende que el despido colectivo está 'argumentado' y 'no hay irregularidades'

La Diputación de Ourense ha justificado que el ERE planteado a 25 trabajadores responde a 'causas económicas' y ha defendido que el despido colectivo de la administración provincial está 'argumentado' y añade que 'no hay irregularidades'.
Por su parte, Comisiones Obreras pide que se declare nulo el despido colectivo, que ya contó con un informe desfavorable de la Consellería de Traballo, al entender que no cumple las condiciones exigidas para este tipo de expedientes. El sindicato entiende que los despidos son 'discriminatorios'.

Así lo han manifestado sus respectivos abogados en el juicio que se ha celebrado este jueves en la sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la demanda presentada por CC.OO. contra el ERE que la Diputación ourensana presentó el pasado mes diciembre, que inicialmente afectaría a 32 trabajadores laborales indefinidos y que se redujo a 25.

Durante la sesión, el abogado de la Diputación ourensana, José Eugenio Galindo, ha ido justificando cada uno de los supuestos incumplimientos que, según el sindicato, se produjeron en la tramitación del ERE. Así, ha insistido que el despido colectivo se produjo por 'causas económicas' y negó que se realizase para 'subsanar una anomalía' en la contratación del personal.

'FUNDAMENTADO Y DOCUMENTADO'
Asimismo, Galindo ha defendido el procedimiento ejecutado por la administración provincial que, según sus palabras, 'está fundamentado y documentado' y añade que 'la situación económica aboca únicamente a este tipo de medidas', ha dicho en referencia al ERE que, según él, está 'bien tramitado', ha añadido en declaraciones a los medios, una vez finalizado el juicio.

En su intervención ante la sala, el letrado de la Diputación también ha justificado el exceso en el período de consulta y que no se haya cumplido el número mínimo de trabajadores despedidos para recurrir al ERE para intentar minimizar el impacto de la medida, un argumento que contrasta con la tesis del sindicato que considera que no se cumple la ley.

'COLECTIVO IDENTIFICADO'
En este sentido, el abogado de CC.OO., Pablo Guntiñas, ha argumentado que el ERE es 'discriminatorio' porque, según ha expuesto, busca 'suprimir un colectivo perfectamente identificado por el tipo contractual'. 'Se extingue a una clase de personas independientemente del departamento en el que estén', ha sostenido el letrado.

Por su parte, en las conclusiones, el fiscal, que solo se pronunció sobre la posible discriminación en cuanto a los derechos fundamentales, indicó que en este caso no se ve 'sustentado'. Sin embargo, ha reconocido, de acuerdo a la tesis de CC.OO., que 'este ERE puede resultar raro' aunque, al mismo tiempo, considera que puede ser llamativo que un ente provincial centre sus esfuerzos en el gasto de personal.

900.000 EUROS DE AHORRO
Así se ha manifestado el fiscal, tras escuchar la declaración de la interventora de la Diputación, Mónica Legaspi, quien señaló que 'más de la mitad' de los presupuestos se destina a gasto corriente, nóminas y amortización de la deuda.

Además, ha abogado por los recortes en el capítulo de personal ante la caída de ingresos de la institución, al tiempo que consideró que el hecho de que se mantengan otras partidas, como las de apoyo al deporte, que rondan el coste que supone mantener a los 25 trabajadores, se debe a 'criterios políticos'.

En este sentido, la interventora ha cifrado en 900.000 euros al año el ahorro logrado con este ERE, una cifra que alcanzaría los dos millones euros si se tuviese en cuenta la supresión de 30 interinos en octubre de 2012, según ha dicho Legaspi, que ha reconocido que tras el ERE se contrataron a dos asesores, cuyo coste asciende a cerca de 100.000 euros.

DOCUMENTACIÓN
También, ha declarado el secretario de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro, que ha justificado el despido colectivo por la 'situación económica' de la institución provincial y ha defendido que en el periodo de consultas se facilitó a los representantes sindicales la documentación requerida.

Sin embargo, antes de que terminase el juicio y quedase visto para sentencia, ha declarado una perito, propuesta por CC.OO., que consideró que la Diputación no facilitó todos los informes económicos necesarios para saber el estado de las cuentas y comprobar 'si había déficit o superávit'.

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