La sección segunda de la Audiencia de Ourense deberá decidir en los próximos días si deja en libertad al dirigente gitano Raúl Jiménez Salazar, encarcelado por la presunta extorsión a una funcionaria del Concello de Ourense con la que trabajaba en Servicios Sociales. En la vista de apelación que se celebró ayer, el letrado de la defensa invocó las declaraciones de la víctima según las cuales no tiene miedo al denunciado ni ha recibido intimidaciones o presiones de su entorno.
Un presunto inocente que está privado de libertad. Presunto inocente porque, según su letrado, el procedimiento judicial en el que se haya incurso es muy posible que concluya con sentencia absolutoria. Y privado de libertad, porque lleva en prisión provisional desde el 13 de agosto, cuando el dirigente gitano Raúl Jiménez Salazar fue detenido en Castadón en el instante en que iba a recoger un paquete con dinero que supuestamente debía entregarle una funcionaria del Concello de Ourense que estaba siendo extorsionada.
Este argumento fue uno de los esgrimidos por la defensa del portavoz gitano, empleado del Ayuntamiento, para solicitar ante la sección segunda de la Audiencia su libertad.
Jiménez Salazar, encarcelado por las amenazas condicionales a una compañera de trabajo, la trabajadora social Amelia Belmonte, compareció ayer a las once en el Pazo de Xustiza de Ourense para estar presente en la vista oral encaminada a examinar el recurso de apelación contra el último auto del juzgado de primera instancia que le denegó la excarcelación. En sala, escuchó los argumentos a favor y en contra que planteó el ministerio fiscal, para quien prima la protección de la víctima de posibles represalias, pero también resaltó la importancia de que Salazar no interfiera en la investigación o el que pueda sustraerse a la acción de la justicia.
Huida
La defensa abundó en el hecho de que no hay razones que hagan pensar en una huida. Está legalmente casado y vive con su esposa y cinco hijos en una vivienda de protección oficial que aún está pagando, adujo.
La protección a la víctima centró buena parte del debate en sala. El representante del Ministerio Público esgrimió la situación de miedo y angustia que provocan los delitos de amenazas condicionadas (en este caso, hacer daño a sus hijos y a ella). Para el fiscal también se atentó contra la libertad de Amelia Belmonte cuando se le exigió 6.000 euros a cambio de no ser objeto de un ataque.
No obstante, la defensa utilizó parte de la declaración de la trabajadora social en su última comparecencia judicial para poner en solfa la exposición del fiscal y desestimar la necesidad de protegerla contra eventuales represalias. En este sentido, recordó que Belmonte declaró que no tenía miedo al denun ciado y que no creía que ni él ni su familia pudieran presionarla. Asimismo, la funcionaria municipal dejó claro que ninguna persona de etnia gitana se había puesto en contacto con ella.
En las conclusiones finales, el letrado subrayó los perjuicios irreparables que, su juicio, se le ocasionarían a Raúl Jiménez si continúa en prisión. Se estaría poniendo en peligro su trabajo y con ello el dinero suficiente para cubrir las necesidades vitales de la familia.
Entre seis y tres años de prisión
La instrucción del caso, que asume el juez de primera instancia César Antonio Saco, está enmarcado en una imputación de amenazas condicionales (artículo 169-1º). No obstante, la defensa planteó ayer la escasa penalidad de la imputación porque, en este caso, no se materializó el propósito (Jiménez fue detenido al acudir a recoger los 6.000 euros que presuntamente exigía a la trabajadora social). Ante la hipótesis de una sentencia condenatoria, la pena de prisión oscilaría de seis meses a tres años. De todas formas, Raúl Jiménez sigue insistiendo, pese a las pruebas en su contra, en su inocencia. Declaró ante el juez instructor que él no fue quien escribió lo mensajes extorsionadores que llegaron al móvil de Amelia Belmonte. Justificó su presencia en el lugar en donde se concertó la cita para materializar la entrega de dinero en que se sintió presionado por unos rumanos que le indicaron que fuese a recoger un paquete depositado en una papelera junto a una fuente pública.
Este argumento fue uno de los esgrimidos por la defensa del portavoz gitano, empleado del Ayuntamiento, para solicitar ante la sección segunda de la Audiencia su libertad.
Jiménez Salazar, encarcelado por las amenazas condicionales a una compañera de trabajo, la trabajadora social Amelia Belmonte, compareció ayer a las once en el Pazo de Xustiza de Ourense para estar presente en la vista oral encaminada a examinar el recurso de apelación contra el último auto del juzgado de primera instancia que le denegó la excarcelación. En sala, escuchó los argumentos a favor y en contra que planteó el ministerio fiscal, para quien prima la protección de la víctima de posibles represalias, pero también resaltó la importancia de que Salazar no interfiera en la investigación o el que pueda sustraerse a la acción de la justicia.
Huida
La defensa abundó en el hecho de que no hay razones que hagan pensar en una huida. Está legalmente casado y vive con su esposa y cinco hijos en una vivienda de protección oficial que aún está pagando, adujo.
La protección a la víctima centró buena parte del debate en sala. El representante del Ministerio Público esgrimió la situación de miedo y angustia que provocan los delitos de amenazas condicionadas (en este caso, hacer daño a sus hijos y a ella). Para el fiscal también se atentó contra la libertad de Amelia Belmonte cuando se le exigió 6.000 euros a cambio de no ser objeto de un ataque.
No obstante, la defensa utilizó parte de la declaración de la trabajadora social en su última comparecencia judicial para poner en solfa la exposición del fiscal y desestimar la necesidad de protegerla contra eventuales represalias. En este sentido, recordó que Belmonte declaró que no tenía miedo al denun ciado y que no creía que ni él ni su familia pudieran presionarla. Asimismo, la funcionaria municipal dejó claro que ninguna persona de etnia gitana se había puesto en contacto con ella.
En las conclusiones finales, el letrado subrayó los perjuicios irreparables que, su juicio, se le ocasionarían a Raúl Jiménez si continúa en prisión. Se estaría poniendo en peligro su trabajo y con ello el dinero suficiente para cubrir las necesidades vitales de la familia.
Entre seis y tres años de prisión
La instrucción del caso, que asume el juez de primera instancia César Antonio Saco, está enmarcado en una imputación de amenazas condicionales (artículo 169-1º). No obstante, la defensa planteó ayer la escasa penalidad de la imputación porque, en este caso, no se materializó el propósito (Jiménez fue detenido al acudir a recoger los 6.000 euros que presuntamente exigía a la trabajadora social). Ante la hipótesis de una sentencia condenatoria, la pena de prisión oscilaría de seis meses a tres años. De todas formas, Raúl Jiménez sigue insistiendo, pese a las pruebas en su contra, en su inocencia. Declaró ante el juez instructor que él no fue quien escribió lo mensajes extorsionadores que llegaron al móvil de Amelia Belmonte. Justificó su presencia en el lugar en donde se concertó la cita para materializar la entrega de dinero en que se sintió presionado por unos rumanos que le indicaron que fuese a recoger un paquete depositado en una papelera junto a una fuente pública.
