Defienden el levantamiento de la suspensión de militancia tras la sentencia conocida ayer que da la razón al funcionario que ocasionó, el pasado diciembre, la crisis en el seno del grupo socialista ourensano
Los cinco ediles díscolos del grupo municipal socialista de Ourense piden que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, les levante la suspensión de militancia pendiente de resolución tras la apertura de sendos expedientes informativos por los órganos locales y autonómicos, y que el alcalde de la ciudad, Agustín Fernández, restituya las competencias que quitó al edil del grupo José Antonio Rodríguez Penín.
En un acto de presentación de las señalización kilométrica instalada en el paseo urbano en ambas orillas del río Miño, estuvieron los concejales Susana Bayo y Alfonso Vilachá, de Medio Ambiente y Deportes, respectivamente, pero también acudieron, fuera de convocatoria oficial, los otros tres del grupo de los díscolos, tras una reunión conjunta en un lugar no detallado de la ciudad.
Al término de la presentación prevista, los cinco ediles se brindaron a responder a preguntas de los periodistas que se centraron en la sentencia conocida el martes, que reconoció la compatibilidad para que un funcionario dé clases en la universidad, "por silencio administrativo positivo".
Susana Bayo ha detallado que la sentencia "da la razón a estos ediles" por abandonar el pleno del día 13 de diciembre de 2013 "antes de incurrir en una ilegalidad".
"Esperamos que el secretario xeral del PSdeG tome ahora la decisión más lógica y que pasa por levantar la suspensión de militancia para nosotros cinco, que siempre trabajamos teniendo delante las siglas y estuvimos donde había que estar", ha señalado.
También se ha referido a las competencias arrebatadas por el alcalde al edil Rodríguez Penín, a raíz de aquellos hechos y dijo que es de "sentido común" esperar que "todo vuelva a ser como antes".
EL CATECISMO DEL GESTOR PÚBLICO
Por su parte, Mónica Vázquez ha añadido que cuando se es gestor público hay una ley que tiene que tomarse como "catecismo" y es la del Reglamento Jurídico de las Administraciones Públicas, en su artículo 28. "Nosotros fuimos legales, comprometidos y respetamos las siglas políticas y a los ciudadanos que nos dieron su confianza", ha abundado.
"Se nos quiso castigar por actuar dentro de la Ley", ha relatado en alusión a los expedientes informativos abiertos para cuatro de ellos en la agrupación local socialista, y para Susana Bayo en la ejecutiva gallega, por no ser militante de la ciudad, según dijo la propia Bayo.
"El partido ya tiene bastantes elementos para ver que los cinco nos movimos dentro de la Ley y que se actuó contra nosotros de forma precipitada pero esto no tiene más recorrido", ha dicho para proponer que las cosas "vuelvan a su estado inicial pues es buen momento para ello".
"TIENE QUE VER"
Por su parte, Rodríguez Penín ha dicho que la sentencia les da la razón frente al PSOE local, pues la apertura de expedientes de información reservada "sí fue por la salida del pleno y si no ¿por qué la primera pregunta que nos hicieron a todos fue sobre el daño que se hizo a la imagen del partido con ese abandono del pleno del día 13 de diciembre de 2013?", y ha responsabilizado de lo ocurrido a la secretaria general de la agrupación local.
"No digo que Carmen Rodríguez tenga que dimitir pero sí hacérselo mirar porque no es normal que se nos imputen cosas que desmiente una sentencia", ha dicho y ha recordado que se fueron del pleno porque en una hoja del expediente del funcionario Javier G.G. firmaron los cinco para avalar su trabajo como asesor jurídico y respaldar la petición de compatibilidad.
Por su parte, la secretaria general de la agrupación local del PSOE de Ourense y también directora general de Personal en el Ayuntamiento de la ciudad, Carmen Rodríguez, ha explicado a los medios de comunicación que todo el departamento de su competencia "busca fórmulas legales para presentar algún tipo de recurso contra la sentencia que no anula el pleno de diciembre que denegó la compatibilidad al funcionario, sino que estima que hubo silencio administrativo positivo por notificársele esa denegación fuera de plazo".
"RESPETO TOTAL"
Además, ha expresado su "respeto total" al juez y su "discrepancia jurídica" respecto al supuesto plazo caducado, pues la Ley del Procedimiento Administrativo "considera que es suficiente para notificar, acreditar debidamente el intento de notificación". En ese sentido, ha considerado que el Ayuntamiento "acreditó" los intentos de notificación a Javier G.G., de la denegación de su compatibilidad por el pleno municipal "frente al afán dilatorio por su parte para conseguir esa compatibilidad por silencio administrativo".
Sobre las opiniones vertidas por el grupo de los díscolos, Rodríguez ha dicho poder "entenderlos pero no compartirlos" y ha alertado de que es "fácil mezclar ahora los temas, pero hay que ser serios". El pleno municipal de diciembre de 2013, según la directora general, "no está rebatido" por la sentencia.
En referencia al ámbito orgánico, ha comentado que los expedientes informativos reservados abiertos por la agrupación socialista que dirige, a cuatro de los díscolos "no tienen que ver con su actuación en aquel pleno".
También ha detallado que al funcionario se le abrió un expediente disciplinario que podría paralizarse a raíz de la sentencia. "Propondré en la próxima Junta de Gobierno Local que se interrumpa, con los informes técnicos oportunos", ha concluido.
