Los embalses, el negocio del siglo

Ourense ha entrado en una nueva etapa en su relación con el más de medio centenar de embalses y presas que dominan los ríos de la provincia. Las licencias de explotación de las minicentrales de Castro Caldelas y Castadón (Pereiro), caducadas en 2017 y 2018, son los primeros avisos de esta partida. En las próximas dos décadas vencerá un tercio de las concesiones. Después llegará el turno de la mayoría de los grandes embalses. Y es aquí donde se concentra el grueso del botín, y de la polémica. Doce de las trece grandes centrales superan gracias a discutidas prórrogas los 75 años de explotación fijados como máximo por ley. Y todas ellas están en manos de Iberdrola, Naturgy y Fenosa, que añaden a sus carteras otros 23 aprovechamientos de más o menos entidad -en total, 36 de las 51 centrales y minicentrales ourensanas-. Dicho de otra forma: atendiendo a los datos de Industria, y si Ourense tiene 2.200 de los 3.700 megavatios (mv) de energía hidroeléctrica que suma Galicia, el 95% (2.100 mv) está en manos de las tres multinacionales. Sin contar con las posteriores ampliaciones de embalses, casi la totalidad de esta tarta se cocinó en el franquismo: la gran mayoría de sus negocios se activó entre 1947 y el 75 y luego todas sus concesiones se prorrogarían hasta la media actual de 91 años, según la comparación elaborada con los datos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y ampliados en organismos públicos. El rendimiento del agua, con las infraestructuras amortizadas, es muy alto. En Galicia, solo en beneficios directos, expertos como Félix García de Pablos -autor de "La canción triste del Duero"-, estima 800 millones anuales. Los cálculos más conservadores duplican la cifra sumando el resto de energías y el histórico político Xosé Díaz va mucho más allá, como detalla en su libro "As contas que nos contan". Fase 1 (1948-1985) En 1948 se inauguró el embalse de As Conchas. Es el primer gran aprovechamiento de la provincia y estará en manos de Naturgy hasta el 2047. Poco a poco Ourense se fue convirtiendo en un gran complejo hidroeléctrico: Santo Estevo (1955), Bibei (1964), Velle (1966), Castrelo (1969), Frieira (1970)...El escenario se repartió entre Fenosa -ahora Naturgy, con 560 megavatios entre 10 embalses y presas-, Endesa -320 mv entre 8- y Saltos del Sil -absorbido después por Iberduero, ahora Iberdrola, que controla 1.200 mv entre 18 aprovechamientos-. España tenía un déficit energético y se palió inundando comarcas del interior. "Pero los beneficios no se invirtieron en el desarrollo de las provincias productoras", recuerda De Pablos. La entrada de la democracia frenó nuevas inversiones -cero inauguraciones en una década- pero no varió el escenario. Ourense nunca sacaría demasiados réditos de tener la décima parte de toda la potencia hidráulica de España. El final de esta primera fase lo marca la Ley de Aguas de 1985. Ahí se establece como plazo máximo los 75 años de explotación. El Gobierno valoró que en ese espacio ya estarían amortizadas las inversiones y plantea que después los bienes tienen que ser revertidos al Estado o ser demolidos. Pero no determina la imposibilidad de prórroga, y los regates se irán sucediendo. Fase 2 (1985-2005) Estos 20 años están marcados por el bum de las minicentrales. Había dinero europeo y tolerancia política. En Galicia, la autorización de estos aprovechamientos -la mayoría sin capacidad de almacenaje- dependía en la cuenca Galicia Costa de la Xunta y en la Miño-Sil de la CHMS. Ambos abren el grifo y se aprueban casi doscientas. Afortunadamente para los ríos se terminan construyendo muchísimas menos. En Ourense, concretamente, están ahora mismo operativas una veintena -la última se estrenó en 2011 tras trabajar la concesionaria con licencia caducada y tirar residuos al Barra-. Solo cinco están gestionadas por Iberdrola, Naturgy o Endesa. El resto se reparten entre fondos y pequeñas hidroléctricas. En ese tiempo las multinacionales están a otra cosa. De hecho, el embalse de Soutelo, en Vilariño, es todavía hoy la única gran central -llamadas así por tener una potencia de más de 50 mv- inaugurada en la provincia en democracia (1994). Se afanan para prorrogar las licencias de explotación, agarrándose a obras de modificación. Ahí jugarán su papel figuras como Benigno Blanco, primer secretario de Estado de Aguas de Aznar y fichado directamente de Iberdrola. Fase 3 (2005-2017) Poco a poco el clima político sí empieza a cambiar en las autonomías con embalses. Pasa en Aragón y también en Galicia, donde el bipartito (2005-2009) frena más de medio centenar de proyectos aprobados en el último minuto por el gobierno Fraga. "Pero á Xunta fáltanlle competencias para meter mano aí", señala Xosé Díaz. La Miño-Sil, en la práctica, depende de Madrid. El mismo color político no alivia tensiones: Zapatero entró en Moncloa con un libro blanco que hablaba de acotar a las hidroeléctricas. En la realidad las concesiones se siguieron otorgando y prorrogando -saltándose la ley de patrimonio público del 2003, sin salir en boletines y todavía hoy sin un registro público del estado de las concesiones-. El caso paradigmático es Os Peares: la concesión de Fenosa/Naturgy caducaba en 2010 y la renovaron en 2009, hasta 2059 -sumará 149 años-. Al cargo de Medio Ambiente estaba, por cierto, la ourensana Elena Espinosa. También en 2009 Galicia aprueba el canon a los embalses -que alcanza los 12 millones-. Los populares votan en contra, pero luego Feijóo mantuvo en San Caetano esta nueva postura, fijada con el Plan Hidrolóxico y ampliada con el canon eólico. También por esa época empiezan a cambiar algo las cosas en Miño-Sil. La nueva ministra Rosa Aguilar echa el freno en 2010: en ese momento tenía encima de la mesa para Ourense, según datos dados en el Congreso, reformas y nuevos proyectos que afectaban a 12 centrales y 59 minicentrales. Y en el 2013, ya con el PP, se aprobará un canon estatal. Pero las grandes hidroeléctricas ya tenían todas sus concesiones blindadas en Ourense por casi un siglo. Fase 4 (2017-) Ahora, estas multinacionales empiezan a impulsar sus nuevas megaestaciones de bombeo, con la que almacenan y producen electricidad a su antojo. Hay varias en proceso de diseño o transformación en la provincia. Iberdrola tiene en cartera una en Vilariño de Conso (900 megavatios) en la línea de las que ha activado en Portugal y Naturgy tramita otra en Muíños, entre las centrales de As Conchas y Salas. "É unha volta de torca a un modelo estritamente especulativo", razona el activista Xosé Santos, de Ríos Limpios. En paralelo, y partir de 2017 la caducidad de las dos primeras concesiones abre otro foco en Ourense y a la vez da pistas sobre la amenaza de la burocracia o inacción estatal. Tres años después de vencer los expedientes, la CHMS sigue gestionando la reversión del salto del Edo y otro en Pereiro, en manos privadas desde 1897 pero gestionado por Endesa desde 1992. "O futuro dos aproveitamentos virá definido pola resolución dos expedientes de concesión", señala el organismo , que contrató en 2018 asistencia para tramitar este tipo de expedientes. El propio presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, reconocía al llegar al cargo que el Miño estaba sobreexplotado. Dos años después las cosas no han cambiado demasiado. Por el camino, la Xunta tramita la recuperación de al menos cinco minicentrales. Los expertos ponen como ejemplo la Hidrográfica del Ebro: revertió cuatro saltos -respaldado por el Supremo, que ve "inprorrogable el plazo de 75 años-y gestiona directamente una central -con una significativa merma en la tarifa-. Esa es una alternativa. La otra es volver a sacarlas a concurso y si no es rentable demolerlas, como está pasando en Francia o EEUU. La Federación de municipios con Embalses (FEM Embalses) reclama en este "día después" la "deuda histórica" con estos territorios -hasta medio centenar de concellos ourensanos está afectado por centrales hidroeléctricas-. Es aquí donde se sitúa el Observatorio de la Sostenibilidad, que en un informe del 2018 situaba la reversión como "política de Estado" y reclamaba la necesidad de fijar "condiciones favorables para el bien común y no mantener las de hace 75 años". Desequilibrio sociopolítico: el poder sin frenos “Presión política" que se convierte en privilegios La historia de las eléctricas gira en España alrededor de los privilegios y su poder, a todos los niveles. En el plano de cuenca, cuando alguna le ha plantado cara, como la del Ebro, acabó en los tribunales -Endesa perdió ahí 30 millones por usar en precario un salto durante una década-. A nivel autonómico sucedió con la implantación del canon gallego: Iberdrola llenó el proceso de recursos hasta lograr tenerlo parado durante tres años. TSXG, UE y Supremo dieron la razón a la Xunta. Y a nivel estatal, "hay mucha presión a los partidos", analiza De Pablos. Se observa, por ejemplo, en el papel que juega el PNV defendiendo los intereses de Iberdrola. Lo hizo contra el exministro del PP Álvaro Nadal y repite ahora. De hecho, del acuerdo presupuestario de PSOE-Podemos para el 2021 saltó el bocado a las hidroeléctricas que sí se recogía en los del 2019. "Son tendencias moi complicadas de frear", interviene Díaz. Históricamente, el Estado se saltó sus propias leyes para ampliar concesiones o permitir que evadan unas mínimas normas ecológicas, fijadas en una ley de aguas de los años 40 que nadie atendió. Desequilibrio ecológico: impacto en el territorio Valles ahogados y daños a los ecosistemas fluviales Lo primero fue el impacto sobre los pueblos ahogados. Después, los cultivos y el daño a la diversidad. "Asolagamos os nosos mellores vales e á vez, desecamos Antela", lamenta Xosé Santos. Y la situación, razona, ha ido a peor, motivado por el no cumplimiento de las normas estatales y europeas sobre el caudal mínimo o las escalas. Casi el 100% de las especies que remontaban el Miño o el Sil han desaparecido ante el cemento de Frieiras. Ampliando, muchas centrales se sitúan en paisajes como la Ribeira Sacra -donde quería montar Iberdrola el complejo de Santa Cristina, en la corona de los cañones del Sil- o el Macizo Central -ahí quiere ahora situar la compañía vasca esa megaestación-. Pero las polémicas se suceden por toda la provincia: la central del Cenza afectó a la tercera cubeta glaciar más importante de Europa y las ampliaciones de Santo Estevo y San Pedro dañaron al Sil, agotado y embalsado como el Miño. "As hidroeléctricas están usando estes ríos como unha cisterna. Abren cando necesitan para especular. Dalles igual o que hai río abaixo", vuelve Santos. Los ecologistas aún lamentan los daños al Cierves o al Arnoia. Desequilibrio económico: efecto de la tarifa única El retorno es mínimo: “O balance é un escarnio" ¿Cuánto de todo el beneficio generado queda en Ourense? Básicamente, los impuestos municipales -el IBI y el IAE- y el canon autonómico a los embalses, aprobado en 2009 y que supone unos 12 millones anuales. Cuatro años más tarde empezó a cobrar la CHMS en su cuenca el tributo estatal por usar energía de los ríos. Son unos 50 millones al año. Pero no repercute aquí, como el resto de la actividad de las hidroeléctricas, con sedes fiscales en Euskadi, Cataluña o Italia y que ya apenas ni generan empleo directo. "O balance é un escarnio. Co noso potencial, Galicia non debería padecer estas eivas, debería ter unha tarifa eléctrica propia", razona Díaz.¿Y qué dicen los concellos más afectados? La FEM Embalses lanzó en diciembre un manifiesto en el que, tras exigir una oportunidad de desarrollo, recuerda que "de no mantener las tasas hidráulicas muchos pueblos morirían". Esa es otra paradoja: las grandes centrales acabaron acelerando la despoblación del interior y ahora estos tributos suponen más de la mitad de las cuentas de, por ejemplo, Vilariño de Conso -más de 800.0000 euros al año en IBI-.