Asegura que los colocaba a las puertas del comercio que debía dinero para presionar el pago.
Impagos en el sector de la construcción, empresarios amigos que después se pasan al otro lado y prácticas poco ortodoxas para el recobro de deudas son el telón de fondo de la causa penal vista ayer en la Audiencia provincial. En el banquillo se sentaron Juan Manuel Peniche, Benito Vázquez, Pilar Giménez y Alberto Barja, todos ellos acusados por el grupo Antolín Instalaciones SL de un delito continuado de estafa, alzamiento de bienes (les pide tres años y medio de cárcel y multa de 12 meses a razón de 10 euros al día) y a los tres primeros también de amenazas (otros tres años más) o alternativamente coacciones (año y medio). Ninguno de ellos quiso ayer declarar.
La empresa querellante inculpa a Alberto Barja de descapitalizar Instalcoba SL, dedicada a la construcción, para evitar pagarle los 36.000 euros que le adeudaba en material. Cree que urdió una trama para engañar a la mercantil en tanto que le pidió tiempo para hacer frente a las facturas e incluso que le siguiese suministrando material (algo que sí hizo) cuando no tenía intención de liquidarlas. El administrador del grupo Antolín, J.G.L.P., aseguró a la sala que, toda vez que se percató que la empresa había cerrado su sede de Vasco Díaz Tanco puso en manos de dos "cobradores", Juan Manuel Peniche y Benito Vázquez -Benito y Peniche SL-, la gestión de los pagarés impagados entre mayo y octubre de 2008.
Asegura la acusación particular que Barja ideó la constitución de una nueva sociedad -Obras y Reformas Corinsa SL- que comenzó a operar en octubre de 2008. "Al poco tiempo, con ánimo de colocarse en situación de insolvencia y de no dar pie a ninguna reclamación de responsabilidad personal, alzó los bienes en perjuicio de los acreedores, y en noviembre de 2008 promueve la venta aparente de las 3.6000 participaciones de Instalcoba a Pilar Giménez", explicó. Añadió que con ello evitaba a los acreedores la posibilidad de cobro pudiendo continuar con el cobro de sus deudas sin responsabilidad frente a ellos. La compradora, de etnia gitana, y que, según el querellante, nada sabía del mundo de la construcción, le fue presentada a Barja por los otros dos acusados, Peniche y Vázquez.
Métodos de cobro
Para Antolín SL, la constitución de la nueve sociedad fue inducida por los socios de la mercantil dedicada al cobro de deudas, a quienes el propio grupo había confiado también el de créditos a Instalcoba. "Manuel Peniche y Benito Vázquez vieron más rentable unirse al deudor", aseguró el letrado de la acusación. Benito y Peniche, según el grupo Antolín, comenzó a cobrar los créditos de Instalcoba frente a sus deudores con métodos poco convencionales. Según dijo el letrado, "incluso colocaban a personas de etnia gitana frente al comercio deudor". Esto ocurrió, por ejemplo, con el titular de la red comercial de zapaterías London (actualmente en Brasil).
De hecho, mantiene el querellante que para que cesaran las coacciones con los gitanos el dueño de las zapaterías pagó las deudas que mantenía con la constructora, que continuó sin abonar dinero a sus acreedores.
Por su parte, el fiscal reclamó una sentencia absolutoria, al considerar que las siete facturas adeudadas al grupo Antolín se reclamaron en la vía civil. "No se explica que si es que hay una estafa por medio se presente una reclamación de cantidad en la jurisdicción civil", aseguró el ministerio público. Cree que no quedó acreditado el "engaño" que exige el delito de estafa en tanto el querellante le siguió suministrando material. En cuanto a las amenazas, resaltó que la supuesta víctima no compareció.
Al fiscal le ofreció más dudas el delito de alzamiento de bienes porque cree que "hubo actuaciones anómalas" pero mostró su extrañeza que el querellante no acusase a los otros dos socios de Instalcoba (eran tres) pero, aún con todo, "no hubo elementos de prueba suficientes". Asegura que en la instrucción no quedaron acreditados otros deudores.
Sentencia
Así y todo, la Audiencia decidió absolver a Alberto Barja Bouza, Pilar Giménez Giménez, Benito Vázquez Martínez y Juan Manuel Peniche Alvarez porque, según la sentencia, no ha resultado acreditada la concurrencia de ninguno de los tres delitos.
