La Policía Nacional revisa los registros civiles a la búsqueda de más casos
Las sucesivas investigaciones de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría ourensana para impedir la regularización de inmigrantes de forma ilícita en España destaparon tres empresas ficticias a lo largo del pasado año.
Los agentes comprobaron que fueron constituidas de forma legal, pero no tenían actividad, no pagaban cuotas a la Seguridad Social y, según fuentes policiales, eran utilizadas como tapadera para que inmigrantes irregulares obtuvieran el permiso de residencia. Una de las empresas, que tenía como administrador a un vecino de Calvos de Randín, además de tramitar papeles de inmigrantes, según las mismas fuentes, tenía como objetivo solicitar créditos y después no abonar las cuotas.
Las falsas sociedades eran, dos del ramo de la limpieza y la otra de trabajos agrícolas. Los titulares están en la actualidad inmersos en un proceso judicial, que también afecta a las personas extranjeras que, a través de ellos, obtuvieron el permiso de residencia. Estos, además, tienen incoado un expediente de expulsión del territorio nacional.
Los agentes no bajan la guardia y en la actualidad investigan un nuevo caso entre la comarca de A Limia y la ciudad. Las pesquisas se están llevando con tal mutismo después de que detectarán posibles irregularidades en una documentación presentada para renovar la autorización de residencia.
Y es que los agentes revisan con lupa cada uno de los papeles incluidos en las solicitudes de tarjetas de residencia que se expiden en la Comisaría. Para lograr el documento, uno de los requisitos necesarios es el contrato de trabajo. De ahí que no pierdan de vista a la empresas, pero la solicitud también puede ser por "carta de invitación", por pareja de hecho y matrimonio.
En estos últimos casos, los policías revisan prácticamente a diario las inscripciones en el Registro Civil y en los que tienen abiertos los Concellos y Xunta para inscribir parejas de hecho. Incluso cruzan los datos con oficinas de otras provincias y del extranjero. En el 2016, descubrieron que una mujer intentó regularizar, a través de pareja de hecho, su situación en España en las oficinas de Ourense, tras no lograrlo por el mismo método en Andalucía e Italia.
