Las escuchas telefónicas de las que procede la inmensa mayoría de la información que ha permitido articular las imputaciones contra los nueve implicados en la 'Operación Avellana' por narcotráfico en O Barco, caminan desde ayer por la cuerda floja.
Los letrados de la defensa aprovecharon al máximo el testimonio de los agentes que instruyeron las actuaciones para tejer una sombra de duda sobre la legitimidad de las grabaciones, que culminará hoy cuando previsiblemente soliciten su nulidad formal al tribunal de la Audiencia. Esta vía de defensa se abre camino a partir de la denuncia de la testigo protegido que dio pie a la investigación.
La denunciante confesó a la Guardia Civil, en 2003, que su ex marido -imputado en el caso-, Juan Carlos García Barba, ocultaba en casa explosivos y detonadores. El sargento instructor confesó, sin embargo, que 'no hicimos gestiones' sobre esa posesión y la posible desaparición de explosivos en las pizarreras de Valdeorras. El hecho de que la testigo mencionase que el hombre del que por entonces se divorciaba fuese consumidor de cocaína, llevó a la Guardia Civil a dirigir el caso hacia un posible tráfico de drogas, aprovechando que Juan Carlos García había tenido 'relación' con Manuel Estévez, implicado anteriormente en la 'Operación Xares', también vinculada al narcotráfico. Existía un tercer elemento, al criterio de la Policía Judicial, que invitaba a dirigir la investigación no tanto a los explosivos como a los narcóticos: García Barba era cliente habitual de los bares Xares y Trasteiro, 'puntos negros' de la distribución de cocaína.
Con estos mimbres, los agentes elaboraron el oficio para solicitar a la autoridad judicial el seguimiento de las llamadas telefónicas del acusado. El juez las consintió, pero según las defensas lo habría hecho injustificadamente, ya que los indicios que hicieron sospechar que además de consumidor, García Barba era traficante, no estaban suficientemente legitimados.
Fuese o no así, las escuchas desnudaron la existencia de 'una red organizada', según algunos de los testigos, consagrada a distribuir droga en Valdeorras. El cruce de llamadas facilitó la entrada en escena de los actores protagonistas, de cuya existencia, antes de los pinchazos, nadie en la Guardia Civil tenía conocimiento. Es el caso de los cabecillas de la organización.
La testigo protegida
La testigo protegido declaró que al denunciar la tenencia de explosivos por parte de su ex marido, también transmitió a la Guardia Civil que éste no sólo consumía cocaína, sino que además traficaba con ella. 'Él mismo me lo confesó', afirmó. El caso es que, según reconocieron los agentes a preguntas de las defensas, estas declaraciones no aparecían en el oficio que fundamentaba, ante el juez, la necesidad de las escuchas. Por ello, su convalidación vive ahora en el alero.
La denunciante confesó a la Guardia Civil, en 2003, que su ex marido -imputado en el caso-, Juan Carlos García Barba, ocultaba en casa explosivos y detonadores. El sargento instructor confesó, sin embargo, que 'no hicimos gestiones' sobre esa posesión y la posible desaparición de explosivos en las pizarreras de Valdeorras. El hecho de que la testigo mencionase que el hombre del que por entonces se divorciaba fuese consumidor de cocaína, llevó a la Guardia Civil a dirigir el caso hacia un posible tráfico de drogas, aprovechando que Juan Carlos García había tenido 'relación' con Manuel Estévez, implicado anteriormente en la 'Operación Xares', también vinculada al narcotráfico. Existía un tercer elemento, al criterio de la Policía Judicial, que invitaba a dirigir la investigación no tanto a los explosivos como a los narcóticos: García Barba era cliente habitual de los bares Xares y Trasteiro, 'puntos negros' de la distribución de cocaína.
Con estos mimbres, los agentes elaboraron el oficio para solicitar a la autoridad judicial el seguimiento de las llamadas telefónicas del acusado. El juez las consintió, pero según las defensas lo habría hecho injustificadamente, ya que los indicios que hicieron sospechar que además de consumidor, García Barba era traficante, no estaban suficientemente legitimados.
Fuese o no así, las escuchas desnudaron la existencia de 'una red organizada', según algunos de los testigos, consagrada a distribuir droga en Valdeorras. El cruce de llamadas facilitó la entrada en escena de los actores protagonistas, de cuya existencia, antes de los pinchazos, nadie en la Guardia Civil tenía conocimiento. Es el caso de los cabecillas de la organización.
La testigo protegida
La testigo protegido declaró que al denunciar la tenencia de explosivos por parte de su ex marido, también transmitió a la Guardia Civil que éste no sólo consumía cocaína, sino que además traficaba con ella. 'Él mismo me lo confesó', afirmó. El caso es que, según reconocieron los agentes a preguntas de las defensas, estas declaraciones no aparecían en el oficio que fundamentaba, ante el juez, la necesidad de las escuchas. Por ello, su convalidación vive ahora en el alero.
