Alegan que se refirió a los políticos "con un cierto desprecio" en una red social.
El exalcalde socialista Francisco Rodríguez y la actual concejala de Urbanismo, Áurea Soto, pretenden recusar al titular del Juzgado de Instrucción número 2, Antonio Piña, que investiga la adjudicación de las obras de humanización de la calle Bedoya, en un procedimiento en el que el magistrado ha citado a declarar como imputados a todos los miembros de la junta de gobierno de 2008, de la que ellos formaban parte. Fuentes municipales aseguraban ayer que el actual regidor, Agustín Fernández, y el exconcejal Demetrio Espinosa podrían estar analizando la posibilidad de adherirse en próximos días a ese escrito de recusación.
La recusación se basa, por un lado, en comentarios efectuados por el juez en su perfil de la red social Facebook en los que, según el escrito, el juez "se ha manifestado con un cierto desprecio hacia los políticos" y, por el otro, en "la constancia pública de una estrecha amistad entre el magistrado y Armando Ojea, miembro de Democracia Ourensana, en cuyas listas para las anteriores elecciones aparecía como candidato" y colaborador habitual de Auria Televisión, el medio que dirige el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome. Esta formación política fue la que denunció presuntas irregularidades en el contrato de las obras de la calle Bedoya. El escrito se acompaña de las publicaciones de la lista de DO, en la que consta Ojea como candidato en el puesto número 27, y de fotografías del perfil de Facebook de este último, en el que aparece con el magistrado "en poses que revelan una confraternidad que excede la mera cortesía o protocolo", según dicen Rodríguez y Soto.
A juicio del letrado de ambos, Carlos Hernández -a su vez imputado en otro pleito urbanístico, donde comparte imputación con Soto, el de la Praza de San Antonio-, esta "doble circunstancia compromete seriamente la necesaria imparcialidad del instructor y es por ello y por el hecho de que, en lo que sabemos, no se hubiera abstenido hasta la fecha, que se plantea su recusación como instructor de la causa". Es más, se llega a asegurar que el magistrado "incurre en una enemistad manifiesta con mis representados como miembros de la tan denostada clase política, a la que vez que en una amistad especial para con uno de los miembros más destacados del partido del que parte la denuncia a la instrucción de la causa".
Por su parte, el magistrado Antonio Piña, que ayer aseguraba no haber recibido aún el escrito de recusación, señala que "no tengo interés en llevar una causa que me llegó por reparto (a través del Decanato)". Según afirma, con su actuación "sólo pretendo aclarar si los hechos son delictivos o no, tal y como corresponde a mi función jurisdiccional". A su juicio, "el problema aquí radica en los hechos, no en quien los instruya", avanzando que no se pronunciará sobre el tema más allá de sus autos.
Una vez reciba el escrito, el juez tendrá que decidir si tiene efectos suspensivos sobre la declaración de los dos imputados que lo recusan o bien de toda la causa. Al margen del escrito presentado, la recusación debe demostrar que existe una amistad íntima con una de las partes (según los requisitos que la jurisprudencia entiende como tal) -aunque denunció los hechos, DO no está personada en la causa-, por lo que aún habrá que esperar si prospera esta recusación.
Imputados
Rodríguez y Soto están citados a declarar el 26 de marzo, aunque ellos insisten en que aún no tienen la notificación. Junto a ellos, formaban parte de aquella junta de gobierno Marga Martín, Demetrio Espinosa, Agustín Fernández, Alexandre Sánchez Vidal, Andrés García Mata, Isabel Pérez, Marta Arribas. También el que era jefe del negociado de Infraestructuras, Luis Tros. n
