Agustín Fernández aseguró que la designación, ya anulada por el TSXG, fue "irreprochable"
Los miembros de la anterior junta de gobierno del Concello de Ourense avalaron la legalidad del procedimiento empleado para designar a Carmen Rodríguez Dacosta, ahora concejala en la ciudad, como directora xeral de Persoal. Lo hicieron en manifestaciones públicas tras declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, Cristina Martínez, imputados por presunta prevaricación, después de que el Tribunal Superior anulase, en la vía contenciosa, dicho nombramiento. La juez ha abierto diligencias por la denuncia penal del sindicato USO, a la que se adhirió la Fiscalía.
Ayer acudieron citados por la juez el exalcalde, Agustín Fernández; los exconcejales Marga Martín, Martínez-Pedrayo, Aurea Soto y Ana Garrido, y el actual portavoz municipal socialista, José Angel Vázquez Barquero, que también suscribió aquella designación. Todos ellos eran miembros de la junta de gobierno que en 2013 dio luz verde a aquella designación. Fernández reiteró que el nombramiento de Dacosta cumplió la legalidad y subrayó que fue un proceso "irreprochable" pese a la anulación firme del TSXG, además de contar con todos los informes "favorables", por lo que rechazó posibles ilícitos penales. Al abandonar la sede judicial, Fernández dijo que "dejamos bien claro que hicimos un procedimiento muy escrupuloso, con bases, con publicidad y con concurrencia", al igual que se hizo "con todos los directores generales que nombramos y sobre los que nadie puso pega alguna".
No descartó errores, sin embargo, pero que quedarían resueltos con la sentencia anulatoria en la vía contenciosa; "en ningún caso puede hablarse -dijo- de responsabilidades penales".
Además, indicó que la fiscalización "no ponía en duda el informe", por lo que confía en que será "desimputado por cuarta vez", por esta causa, tras asegurar que el acuerdo adoptado fue "legal y legítimo".
Carmen Dacosta había sido designada directora general, y su nombramiento fue posteriormente anulado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La fiscalía había pedido esta citación de toda la junta de gobierno, la misma que desestimó el recurso de reposición contra el acuerdo y que convocó "la provisión del puesto de director general de Recursos Humanos y Servicios Generales" junto con el nombramiento de Dacosta como directora general.
A la declaración se presentó también el abogado del sindicato denunciante pero tuvo que salir porque no había abonado la fianza que les permite personarse, según otros letrados.
