Leonardo Álvarez reclama que "se respete el trabajo de los magistrados, sobre todo desde las instituciones públicas"
La decisión de la Audiencia de Navarra de condenar a nueve años de cárcel a los cinco jóvenes conocidos como La Manada por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, al no apreciar violencia, contra una joven en Pamplona durante los sanfermines de 2016 ha dejado la sensación entre la mayoría de juristas ourensanos consultados por este diario, tras un primer acercamiento al fallo, de ser "bastante benévola", aunque todos reconocen la "dificultad del caso" por su trascendencia mediática y el clamor social que se ha generado a su alrededor, pidiendo respeto para la decisión adoptada por los magistrados.
En esta línea se centra la opinión del juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez. "El trabajo de los tres profesionales hay que respetarlo, sobre todo por parte de las instituciones públicas, que algunas se están inmiscuyendo", sostiene Álvarez, que recuerda que "hay un recurso que puede revocar la sentencia" en instancias superiores.
Recursos
La decisión de llevar el caso al Supremo por parte de la Fiscalía es defendida por el fiscal delegado de violencia de género de Ourense, Julian Pardinas, que destaca que "ya ha anunciado la presentación del recurso de casación".
Pardinas entiende que la decisión adoptada por los jueces es "respetable porque hay un soporte legal", pero en su opinión, por los hechos probados, "para mí son suficientes para un delito de violación, ya que hay intimidación", aunque puntualiza que "esto no son matemáticas, hay mucho margen para la interpretación".
Realidad social
Entre los abogados, la decana del colectivo, Pilar López-Guerrero, se muestra muy decepcionada con la resolución del caso.
"Algo está fallando si el concepto jurídico no recoge esto como violencia y habrá que analizar el porqué y dónde está el fallo, es una distorsión con la realidad social que sufrimos las mujeres", expone la letrada.
Por su parte, el antecesor de López-Guerrero al frente del Colexio de Avogados de Ourense, Miguel Ángel González Trigas, comparte la sensación de miles de ciudadanos de repulsa hacia La Manada, pero apunta que "esto es el ámbito jurídico y a veces la gente se olvida de que si hay alguna duda con las pruebas, hay que ir a la condena más baja".
Sin embargo, González Trigas expone que "tampoco se van a ir de rositas, ya que les han impuesto la máxima pena dentro de lo que se considera abuso sexual, por lo que pasarán años en prisión".
Contrariedad
Mientras, Fernando Blanco, de Ferro Abogados, que mantiene "las cautelas al no poder examinar todas las pruebas y autos" que han ido saliendo en el juicio celebrado en Navarra, se muestra contrariado. "La posición que plantea el fallo condenatorio incurre en una evidente incoherencia entre propios hechos probados y la condena simplemente por abuso, al reconocer que no hubo consentimiento a la relación, pero por lo que se sabe, hubo una clara situación incriminatoria", expone Blanco, que cree que la condena por abuso sexual, descritos en el artículo 181.3, "se aparta mucho de lo que el legislador consideraba para este precepto, no parece aplicable a los hechos probados que se describen. Prevaliéndose de una superioridad, aunque es abierto y genérico, debe terminar en una condena por violación".
Sobre el voto discrepante de uno de los tres jueces, que pidió la absolución para los jóvenes de La Manada, el abogado ourensano señala que "requeriría una mejor lectura, apunta la merma del derecho del defensa, que parece ser el más fino técnicamente, pero en todo caso, habría que ver qué le ha llevado a afirmar el consentimiento, porque expresiones como jolgorio no parecen las más adecuadas", concluye.
Apuesta por la prudencia a la hora de cambiar la legislación
Las manifestaciones realizadas por diferentes miembros del Gobierno central sobre la oportunidad de revisar si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal después de la polémica decisión de La Manada dividen a los juristas ourensanos, que recuerdan que un cambio de este calado debe ser muy meditado para no caer en cambios de rumbo por decisiones puntuales.
"Tú no puedes cambiar el Código Penal en base a una casuística concreta, no puedes decir que algo está mal cuando hace dos años hubo cambios, no se puede legislar así", expone el juez decano, Leonardo Álvarez.
Una opinión diferente manifesta el fiscal delegado de violencia de género, Julián Pardinas, que considera que "tal vez no sea una mala decisión revisar la legislación para no dar margen a ciertas situaciones, ya que cuanta menor indefinición haya en los supuestos, será mejor para todos".
Por su parte, la decana del Colegio de Abogados, Pilar López-Guerrero, apenas se moja sobre esto. "No sé si es una cuestión de cambiar ciertas cosas o de incidir en una mejor educación a nivel general", indica.
Otro letrado, Miguel González Trigás, apuesta por un "cocinado a largo plazo" de cualquer cambio legislativo, ya que "todo debe ser muy meditado", recordando lo sucedido hace unas semanas, cuando todo el debate se centraba en la derogación de la prisión permanente revisable.
"Todo es opinable, pero hay que pensar muy bien las cosas, no es conveniente legislar en caliente", señala el abogado.
Las opiniones
Leonardo Álvarez, juez decano:
"Hay un recurso que puede revocar la sentencia, pero el trabajo de los profesionales hay que respetarlo, algunos se están inmiscuyendo"
Juan Pardinas, fiscal de violencia de género
"Para mí, los hechos son suficientes para un delito de violación, ya que hay intimidación, pero esto no son matemáticas"
Pilar López-Guerrero, decana de abogados
"Algo está fallando si el concepto jurídico no recoge como violencia esto, habrá que analizar el porqué y dónde está el fallo"
Miguel González Trigas, abogado
"Tampoco se van a ir de rositas, ya que les han impuesto la máxima pena dentro de lo que se considera abuso sexual"
