Prudencia y discreción son las dos premisas que sigue el Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir una pronta solución al caso de Cándido Rodríguez Eiró, el empresario textil ourensano retenido contra su voluntad en China por la denuncia que interpusieron dos proveedores a los que debe dinero (216.000 euros). El industrial había acudido a ese país para informar a los proveedores chinos, encargados de la producción del Grupo 3 Fashion (mayorista especializada en confección de señora con domicilio social en Pereiro de Aguiar), que iba a entrar en concurso de acreedores en España.
Fuentes próximas al ministerio precisan que no es la primera vez que se enfrentan a una situación así, pero 'siempre han conseguido la repatriación de los ciudadanos españoles' a través de soluciones extrajudiciales. Por eso se muestran optimistas y lo explican por las buenas relaciones que existen entre ambos países, tanto a nivel político, como económico y el cultural.
Desde Exteriores mantienen una comunicación constante con el cónsul en Shanghai, Gonzalo Ortiz Díaz-Tortosas. Reconocen que el tiempo que Cándido Rodríguez lleva retenido en China, siete meses, puede parecer excesivo, pero señalan que los procedimientos judiciales son lentos y largos, con una instrucción que a veces se dilata excesivamente.
El Ministerio de Asuntos Exteriores tomó parte activa cuando su titular, José Manuel García-Margallo, tuvo conocimiento este último viernes de la situación del empresario. La diputada del PP Ana Belén Vázquez le trasladó el caso. Desde entonces, según reconoce esta última, tanto el ministro como ella misma, a través de conversaciones diarias con el embajador en China, Eugenio Pregolat, intentan una rápida solución para que pueda abandonar el país asiático, reconociendo que el comienzo del Año Nuevo chino ralentizará el tema unos tres o cuatro días. El desenlace, según apostilla Vázquez, pasa por lograr cuanto antes un acuerdo con las autoridades judiciales para adelantar el juicio civil (aún sin fecha) a raíz de las denuncias interpuesta por impago (ya tuvo lugar uno y queda otro) o bien dejarle retornar a España con el compromiso de acudir a la vista.
Por su parte, la familia de Rodríguez Eiró asegura sentirse 'desamparada' por el cuerpo diplomático español. 'Mi marido iba cada dos o tres días al consulado en Sanghai y siempre le decían lo mismo: 'No podemos hacer nada', mientras que la Embajada en Pekín ni tan siquiera, pese a ser conocedora del caso, se ha puesto en contacto con él ', asegura Menchu Andrés. Los allegados hablan de retención 'ilegal' ya que hay un concurso de acreedores en marcha en el Juzgado de lo Mercantil de Ourense y debe ser el administrador judicial designado quien se haga cargo de disolver la empresa y liquidar las deudas. 'Cándido no puede hacerlo por su cuenta', señala su mujer.
Desde Exteriores mantienen una comunicación constante con el cónsul en Shanghai, Gonzalo Ortiz Díaz-Tortosas. Reconocen que el tiempo que Cándido Rodríguez lleva retenido en China, siete meses, puede parecer excesivo, pero señalan que los procedimientos judiciales son lentos y largos, con una instrucción que a veces se dilata excesivamente.
El Ministerio de Asuntos Exteriores tomó parte activa cuando su titular, José Manuel García-Margallo, tuvo conocimiento este último viernes de la situación del empresario. La diputada del PP Ana Belén Vázquez le trasladó el caso. Desde entonces, según reconoce esta última, tanto el ministro como ella misma, a través de conversaciones diarias con el embajador en China, Eugenio Pregolat, intentan una rápida solución para que pueda abandonar el país asiático, reconociendo que el comienzo del Año Nuevo chino ralentizará el tema unos tres o cuatro días. El desenlace, según apostilla Vázquez, pasa por lograr cuanto antes un acuerdo con las autoridades judiciales para adelantar el juicio civil (aún sin fecha) a raíz de las denuncias interpuesta por impago (ya tuvo lugar uno y queda otro) o bien dejarle retornar a España con el compromiso de acudir a la vista.
Por su parte, la familia de Rodríguez Eiró asegura sentirse 'desamparada' por el cuerpo diplomático español. 'Mi marido iba cada dos o tres días al consulado en Sanghai y siempre le decían lo mismo: 'No podemos hacer nada', mientras que la Embajada en Pekín ni tan siquiera, pese a ser conocedora del caso, se ha puesto en contacto con él ', asegura Menchu Andrés. Los allegados hablan de retención 'ilegal' ya que hay un concurso de acreedores en marcha en el Juzgado de lo Mercantil de Ourense y debe ser el administrador judicial designado quien se haga cargo de disolver la empresa y liquidar las deudas. 'Cándido no puede hacerlo por su cuenta', señala su mujer.
