Los letrados de las acusaciones particulares (el hermano de la víctimas y sus nietos) ya tienen perfilados los escritos de acusación por la brutal muerte del chófer de Verín Bernardino Pousa Rodríguez el 11 de septiembre de 2011, sumario en el que están imputados el presunto sicario encargado del degollamiento, la mujer y la hija de la víctima, así como el novio de esta última.
El letrado Miguel Ángel Rodríguez Alonso, que representa a los dos nietos del fallecido, presentó ayer en el Juzgado mixto número 1 de Verín su escrito de acusación, en el que destaca la petición de 25 años de prisión, la máxima pena prevista por el delito de asesinato, para el supuesto sicario, Ilidio Magalhaes Ribeiro (el fiscal pide 22,6 años). En cuanto al destierro de Verín y la prohibición de acercarse a la familia, lo amplía a los 32 años.
Para el yerno, Alberto Vázquez Luis, pide una condena de 17 años y medio de cárcel así como la prohibición de residir en el partido judicial de Verín durante 27 años. Por último, coincide con el fiscal a la hora de fijar en 20 años de cárcel la pena que debería imponerse a la mujer de la víctima, Dolores Álvarez Álvarez, y a su propia hija, María Ángeles Pousa, así como 30 años de destierro.
En cuanto a la responsabilidad civil, la eleva a 120.000 euros para cada uno de los dos nietos (el ministerio público la fija en 20.000).
Al igual que el fiscal, la acusación particular contextualiza el crimen en un clima de celos, enfrentamientos, peleas, desavenencias, rencillas, odios y luchas por intereses económicos. Partiendo del temor de la mujer de Bernardino Pousa y su hija a que materializase su intención de divorciarse y hubiera que repartir el patrimonio conyugal.
El chófer asesinado y su esposa, Dolores Álvarez, estaban desde agosto de 2009 en trámites de divorcio y liquidación de su sociedad de gananciales, compuesta por una importante cantidad de dinero (500.000 euros) y varios inmuebles de elevado valor (pisos, chalé adosado, bajo, fincas rústicas), además de vehículos. Según sostiene la acusación particular, la esposa de Bernardino creyó que podría recuperar la relación, de ahí las sucesivas trabas que puso al divorcio y al reparto de bienes. Además, sospechaba que su marido ya tenía una nueva relación.
La hija, que trabajaba en la misma empresa que el padre, no sólo se posicionó al lado de la madre, sino que, según recoge el escrito de calificación, apenas hablaba a su progenitor. Una mala relación que era extensible a su pareja, Alberto Vázquez, con quien llegó a las manos cuando la víctima los desalojó de una vivienda de la avenida de Castilla.
Dos días antes de su muerte, Bernardino Pousa había dado órdenes a su letrado de presentar la demanda de divorcio en el juzgado, con la intención de modificar su testamento y nombrar como principales herederos a sus nietos.
Para concretar el plan de 'hacer desaparecer a Bernardino', las acusaciones aseguran que el compañero sentimental de la hija contactó con Ilidio Magalhaes, alias el Cobra, el supuesto sicario, en el club 'Gran Rancho' de Verín. Según se recoge en la instrucción judicial, el precio acordado fue de 5.000 euros, aunque antes fue recibiendo otras cantidades en concepto de gastos.
INTENTOS FALLIDOS
Hubo varios intentos fallidos a lo largo del verano, hasta que finalmente el chófer verinense fue degollado y apaleado en la cochera de la estación de autobuses tras concluir un viaje a Samil (Vigo).
La víctima recibió un corte de 10 centímetros en el cuello y, aunque intentó defenderse, el asesino le asestó 16 golpes con una barra de hierro en la cabeza, cara y las extremidades. El sicario, tras ejecutar el plan, cobró 5.000 euros que guardaba la hija de la víctima en su casa, según sostienen las acusaciones.
Para el yerno, Alberto Vázquez Luis, pide una condena de 17 años y medio de cárcel así como la prohibición de residir en el partido judicial de Verín durante 27 años. Por último, coincide con el fiscal a la hora de fijar en 20 años de cárcel la pena que debería imponerse a la mujer de la víctima, Dolores Álvarez Álvarez, y a su propia hija, María Ángeles Pousa, así como 30 años de destierro.
En cuanto a la responsabilidad civil, la eleva a 120.000 euros para cada uno de los dos nietos (el ministerio público la fija en 20.000).
Al igual que el fiscal, la acusación particular contextualiza el crimen en un clima de celos, enfrentamientos, peleas, desavenencias, rencillas, odios y luchas por intereses económicos. Partiendo del temor de la mujer de Bernardino Pousa y su hija a que materializase su intención de divorciarse y hubiera que repartir el patrimonio conyugal.
El chófer asesinado y su esposa, Dolores Álvarez, estaban desde agosto de 2009 en trámites de divorcio y liquidación de su sociedad de gananciales, compuesta por una importante cantidad de dinero (500.000 euros) y varios inmuebles de elevado valor (pisos, chalé adosado, bajo, fincas rústicas), además de vehículos. Según sostiene la acusación particular, la esposa de Bernardino creyó que podría recuperar la relación, de ahí las sucesivas trabas que puso al divorcio y al reparto de bienes. Además, sospechaba que su marido ya tenía una nueva relación.
La hija, que trabajaba en la misma empresa que el padre, no sólo se posicionó al lado de la madre, sino que, según recoge el escrito de calificación, apenas hablaba a su progenitor. Una mala relación que era extensible a su pareja, Alberto Vázquez, con quien llegó a las manos cuando la víctima los desalojó de una vivienda de la avenida de Castilla.
Dos días antes de su muerte, Bernardino Pousa había dado órdenes a su letrado de presentar la demanda de divorcio en el juzgado, con la intención de modificar su testamento y nombrar como principales herederos a sus nietos.
Para concretar el plan de 'hacer desaparecer a Bernardino', las acusaciones aseguran que el compañero sentimental de la hija contactó con Ilidio Magalhaes, alias el Cobra, el supuesto sicario, en el club 'Gran Rancho' de Verín. Según se recoge en la instrucción judicial, el precio acordado fue de 5.000 euros, aunque antes fue recibiendo otras cantidades en concepto de gastos.
INTENTOS FALLIDOS
Hubo varios intentos fallidos a lo largo del verano, hasta que finalmente el chófer verinense fue degollado y apaleado en la cochera de la estación de autobuses tras concluir un viaje a Samil (Vigo).
La víctima recibió un corte de 10 centímetros en el cuello y, aunque intentó defenderse, el asesino le asestó 16 golpes con una barra de hierro en la cabeza, cara y las extremidades. El sicario, tras ejecutar el plan, cobró 5.000 euros que guardaba la hija de la víctima en su casa, según sostienen las acusaciones.
