La judicatura está soliviantada tras las medidas que ha ido anunciado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Esta misma semana, los jueces y fiscales mostraron su malestar secundando una jornada de huelga. El presidente de la Audiencia provincial, Fernando Alañón Olmedo (50 años) valora las reformas que se les vienen encima.
La baja incidencia de la huelga en la Audiencia contrasta con el elevado seguimiento en los juzgados. ¿Ustedes van por libre?
No, en absoluto. La huelga es una decisión estrictamente personal que no depende del órgano en que esté cada uno. De los seis que integramos la Audiencia, sólo fue una magistrada y se respetó su decisión.
¿Pero la unión en un colectivo tan poco dado a alzar la voz no hubiera sido un ejercicio de pedagogía?
La huelga de los jueces presenta muchas caras. Hay quien incluso sostiene que no se tiene ese derecho al integrar un poder del Estado y el ejercicio de la función judicial ciertas características. Personalmente, pienso que para que sea una medida efectiva tendría que tener una repercusión sustancial en el trabajo diario, y, en este caso, al margen de exteriorizar una reivindicación, no tiene ese efecto. Soy partidario de otras medidas de presión, sin perjuicio de coincidir con los planteamientos, objetivos y motivaciones.
¿Qué medidas hubieran sido más efectivas?
Nuestro trabajo a veces es poco comprendido porque se hace en la sombra, en la soledad del despacho. El ejercicio de la jurisdicción requiere reflexión, trabajo y estudio. Para que se viera el trabajo que realizamos, había propuesto sujetarnos al horario de un funcionario. De esa forma, sería prácticamente imposible sacar el papel que ahora sale.
¿La inconcreción sobre si el derecho de huelga les asiste se trasladará a la posibilidad de que no se les descuente el día de salario?
Ese es un problema que tiene el ministerio, que es quien paga. Pero, si el ministerio no reconoce el derecho de huelga, tengo mis dudas sobre que pueda retener la retribución de ese día. No sé cual será la solución.
Estamos viendo por todas partes, en Ourense también, políticos imputados en procesos judiciales. ¿No le resulta llamativa esta eclosión de corrupción?
No es problema de sorpresa. Se están poniendo encima de la mesa hechos que pueden ser constitutivos de delito y la maquinaria judicial está funcionando. No es agradable,eso sí. Estoy sorprendido igual que lo puede estar cualquier ciudadano de que las cosas se hicieran así.
¿Un político imputado debe dimitir? Aquí tenemos los dos casos: el delegado de la Xunta, que no lo hizo y el exalcalde de la ciudad, sí.
Ser imputado es un estatus procesal: una persona sobre la que alguien dice que cometió un delito y el juez piensa que hay unos indicios que así lo acreditan. La dimisión es un tema estrictamente personal del imputado. Después hay que sopesar qué tipo delito, la entidad de los indicios que se ponderan y el nivel de transparencia y exigencia personal de cada uno y su partido a la hora de justificar una dimisión. Una norma, una regla con carácter general es aventurada. No hay que olvidar que, si después hay una sentencia absolutoria, el perjuicio que se puede causar es muy grande.
En el tema de los paneles lo hemos visto
Por ejemplo. Y, sin concretar sobre ningún caso, el perjuicio puede ser irreparable y eso no es deseable.
¿Pero el político, además de honrado, no debería parecerlo?
Sí, pero parecer o no parecer es una cuestión subjetiva de la ciudadanía. Habría que ver cada caso. Además, depende del grado de exigencia que se ponga cada uno al ejercicio de su función pública.
Dígame la verdad, ¿cree que era necesario tanto espectáculo en la operación Pokemon? Recurrir a Vigilancia Aduanera, prolongar al máximo la detención del entonces alcalde ...
La jueza de instrucción de Lugo decidió realizar las diligencias de una manera y hay que respetarlo. Sí es cierto que hay situaciones que trascienden que a mí me parecen exageradas: cómo llega a los medios que se van a practicar detenciones y se llegan a filmar. Se pueden crear situaciones vejatorias para la persona detenida y, a veces, se utilizan formas que pueden ser exageradas por parte de la Policía. Creo que a veces hay espectáculos poco agradables. Y si encima queda en nada, como a veces pasa, el daño es irreparable.
¿Le convencen las modificaciones anunciadas para la ley de tasas?
Iban hoy (por el viernes) al Consejo de Ministros. Por lo que he leído, habrá reducción en la parte variable de la tasa. Es una reducción sustancial, pero habrá que ver cómo queda en cada caso. Cualquier reducción es bienvenida porque facilita el acceso a la jurisdicción.
Las tasas están pensadas para frenar recursos. ¿Se abusa o no de la justicia?
Claro que se abusa. A través de la justicia se puede dilatar el cumplimiento de obligaciones; se puede ejercer presión... Se abusa de la justicia como también, en ocasiones, se abusa de la sanidad o de otros servicios públicos. Aquí vemos, resolviendo recursos, que muchos responden a fines dilatorios. En el ámbito penal tenemos denuncias que carecen de contenido... No sé cual es el remedio más acertado para frenar esos abusos y no cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva. Es cuestión de buscar el equilibrio con otras fórmulas (por ejemplo, la mediación).
El pasado año el máximo órgano de los jueces lanzó el órdago de la concentración de partidos judiciales. Esa agrupación en Ourense suscitó muchas voces críticas. ¿Les harán caso?
La concentración se hace por un tema de costes: concentrar sedes para evitar gastos a la administración. La centralización de servicios repercute en el ciudadano, eso es evidente. Pero hay que poner en la balanza los posibles perjuicios y beneficios. Yo el problema que veo es el abandono del rural en una provincia ya de por sí no muy poblada. Hay que ponderar muchas circunstancias, no sólo el beneficio que se puede causar a la administración de justicia.
No, en absoluto. La huelga es una decisión estrictamente personal que no depende del órgano en que esté cada uno. De los seis que integramos la Audiencia, sólo fue una magistrada y se respetó su decisión.
¿Pero la unión en un colectivo tan poco dado a alzar la voz no hubiera sido un ejercicio de pedagogía?
La huelga de los jueces presenta muchas caras. Hay quien incluso sostiene que no se tiene ese derecho al integrar un poder del Estado y el ejercicio de la función judicial ciertas características. Personalmente, pienso que para que sea una medida efectiva tendría que tener una repercusión sustancial en el trabajo diario, y, en este caso, al margen de exteriorizar una reivindicación, no tiene ese efecto. Soy partidario de otras medidas de presión, sin perjuicio de coincidir con los planteamientos, objetivos y motivaciones.
¿Qué medidas hubieran sido más efectivas?
Nuestro trabajo a veces es poco comprendido porque se hace en la sombra, en la soledad del despacho. El ejercicio de la jurisdicción requiere reflexión, trabajo y estudio. Para que se viera el trabajo que realizamos, había propuesto sujetarnos al horario de un funcionario. De esa forma, sería prácticamente imposible sacar el papel que ahora sale.
¿La inconcreción sobre si el derecho de huelga les asiste se trasladará a la posibilidad de que no se les descuente el día de salario?
Ese es un problema que tiene el ministerio, que es quien paga. Pero, si el ministerio no reconoce el derecho de huelga, tengo mis dudas sobre que pueda retener la retribución de ese día. No sé cual será la solución.
Estamos viendo por todas partes, en Ourense también, políticos imputados en procesos judiciales. ¿No le resulta llamativa esta eclosión de corrupción?
No es problema de sorpresa. Se están poniendo encima de la mesa hechos que pueden ser constitutivos de delito y la maquinaria judicial está funcionando. No es agradable,eso sí. Estoy sorprendido igual que lo puede estar cualquier ciudadano de que las cosas se hicieran así.
¿Un político imputado debe dimitir? Aquí tenemos los dos casos: el delegado de la Xunta, que no lo hizo y el exalcalde de la ciudad, sí.
Ser imputado es un estatus procesal: una persona sobre la que alguien dice que cometió un delito y el juez piensa que hay unos indicios que así lo acreditan. La dimisión es un tema estrictamente personal del imputado. Después hay que sopesar qué tipo delito, la entidad de los indicios que se ponderan y el nivel de transparencia y exigencia personal de cada uno y su partido a la hora de justificar una dimisión. Una norma, una regla con carácter general es aventurada. No hay que olvidar que, si después hay una sentencia absolutoria, el perjuicio que se puede causar es muy grande.
En el tema de los paneles lo hemos visto
Por ejemplo. Y, sin concretar sobre ningún caso, el perjuicio puede ser irreparable y eso no es deseable.
¿Pero el político, además de honrado, no debería parecerlo?
Sí, pero parecer o no parecer es una cuestión subjetiva de la ciudadanía. Habría que ver cada caso. Además, depende del grado de exigencia que se ponga cada uno al ejercicio de su función pública.
Dígame la verdad, ¿cree que era necesario tanto espectáculo en la operación Pokemon? Recurrir a Vigilancia Aduanera, prolongar al máximo la detención del entonces alcalde ...
La jueza de instrucción de Lugo decidió realizar las diligencias de una manera y hay que respetarlo. Sí es cierto que hay situaciones que trascienden que a mí me parecen exageradas: cómo llega a los medios que se van a practicar detenciones y se llegan a filmar. Se pueden crear situaciones vejatorias para la persona detenida y, a veces, se utilizan formas que pueden ser exageradas por parte de la Policía. Creo que a veces hay espectáculos poco agradables. Y si encima queda en nada, como a veces pasa, el daño es irreparable.
¿Le convencen las modificaciones anunciadas para la ley de tasas?
Iban hoy (por el viernes) al Consejo de Ministros. Por lo que he leído, habrá reducción en la parte variable de la tasa. Es una reducción sustancial, pero habrá que ver cómo queda en cada caso. Cualquier reducción es bienvenida porque facilita el acceso a la jurisdicción.
Las tasas están pensadas para frenar recursos. ¿Se abusa o no de la justicia?
Claro que se abusa. A través de la justicia se puede dilatar el cumplimiento de obligaciones; se puede ejercer presión... Se abusa de la justicia como también, en ocasiones, se abusa de la sanidad o de otros servicios públicos. Aquí vemos, resolviendo recursos, que muchos responden a fines dilatorios. En el ámbito penal tenemos denuncias que carecen de contenido... No sé cual es el remedio más acertado para frenar esos abusos y no cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva. Es cuestión de buscar el equilibrio con otras fórmulas (por ejemplo, la mediación).
El pasado año el máximo órgano de los jueces lanzó el órdago de la concentración de partidos judiciales. Esa agrupación en Ourense suscitó muchas voces críticas. ¿Les harán caso?
La concentración se hace por un tema de costes: concentrar sedes para evitar gastos a la administración. La centralización de servicios repercute en el ciudadano, eso es evidente. Pero hay que poner en la balanza los posibles perjuicios y beneficios. Yo el problema que veo es el abandono del rural en una provincia ya de por sí no muy poblada. Hay que ponderar muchas circunstancias, no sólo el beneficio que se puede causar a la administración de justicia.
