Tras el varapalo de la Audiencia a sus intereses en la Finca Santamarina, Flager estudia ahora cómo hacer frente a la situación que se le plantea. Con el mantenimiento de la anotación preventiva sobre la parcela de El Corte Inglés, el desarrollo de su proyecto se ve muy complicado, lo que se acentúa ante la subasta de sus parcelas en Mariñamansa, prevista para el 4 de mayo en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la ciudad.
De no producirse un acuerdo entre las partes antes de esa fecha que paralice la subasta judicial, la celebración de ésta abriría varios posibles escenarios.
Las parcelas que Flager posee en la Finca Santamarina, y que suponen el 57% del total de la misma, saldrán a subasta con un precio de 27.401.000 euros, valoración realizada por un perito judicial. 'Si alguien se presenta y puja por más del 70% de ese precio (19,18 millones), se adjudicaría a esa persona; se pagaría a los acreedores en torno a 2,5 millones de euros, y el resto sería para Flager', explica el abogado de la inmobiliaria, Felipe Izquierdo. En caso de que se ofrezca menos del 70% del precio de salida, la inmobiliaria tendría derecho a presentar a un tercero para que realice una oferta. Si no hay pujadores, la propiedad de Flager volvería a salir a subasta o se ofrecería a los acreedores.
¿Quiénes son esos acreedores? La situación actual de la finca se deriva de la demanda presentada hace unos cinco años por cuatro reversionistas con los que Flager había firmado en su día contratos de opción de compra de sus derechos de reversión. A esta demanda se sumó posteriormente otra de dos personas que se hallaban en la misma situación que los anteriores. Los demandantes entendían que Flager se había hecho con la finca de la Diputación ejerciendo sus derechos (de estos denunciantes) de reversión, por lo que reclamaban el cumplimiento de aquellos contratos, que sumaban unos 2,5 millones de euros. Una tesis que fue confirmada por la Audiencia provincial, en contra de lo sostenido por Flager, que insiste en que no llegó a utilizar esos derechos de reversión (tan sólo los suyos propios) sobre la finca y, por lo tanto, no tiene que pagar nada a estos reversionistas.
Aunque la decisión final le corresponderá al Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso de la empresa, los demandantes solicitaron en su momento la ejecución provisional de la sentencia de la Audiencia, que es de la que deriva la subasta prevista para el mes de mayo.
En esta tesitura, el escenario más sencillo probablemente sería un acuerdo amistoso entre la inmobiliaria y los reversionistas, tanto los que en su día firmaron los contratos como los otros tres que también litigan por sus derechos de reversión, cuyas pretensiones son las que determinaron la adopción de la medida cautelar de anotación en el Registro de la Propiedad sobre la propiedad de Flager. Al respecto, Izquierdo señala que 'ya intentamos el acuerdo pero se nos está pidiendo demasiado', aunque no detalla la exigencia de los demandantes. También el gerente de la compañía, Francisco Castro, señalaba el martes la dificultad de llegar a un acuerdo con la otra parte.
Propietarios
Los pleitos judiciales y la subasta afectan únicamente a las parcelas de Flager en la Finca Santamarina. Ni la superficie de la Diputación ni la del Concello de Ourense están incluidas en estas reclamaciones ni en las anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad, aunque la situación de Flager también les afecta. Primero, porque la paralización del proyecto de la inmobiliaria mantiene también parada la urbanización del conjunto de la finca, al ser la empresa catalana la propietaria mayoritaria y promotora de la urbanización. En segundo lugar, porque las reivindicaciones de uno de los reversionistas incluyen un recurso para la impugnación de la junta de compensación (formada por Flager, Concello y Diputación) y de todos los acuerdos adoptados.
El letrado del reversionista, Alfonso Grande, entiende que, de aceptar el Juzgado esta impugnación, se vería afectada la reparcelación de la finca y, por tanto, todas las superficies, incluida la enajenada por el Concello para la construcción de viviendas protegidas. En cambio, Urbanismo resalta que la parcela está libre de cargas.
Los peritajes
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló en marzo de 2008 la transacción entre la Diputación y Flager, al considerarla 'conforme a derecho' en todos sus términos. La venta se realizó en 2001 por 8,4 millones de euros de la época. Se hizo después de que la institución y la inmobiliaria llegaran a un acuerdo para que la segunda retirase el pleito por el que reclamaba el ejercicio de sus derechos de reversión, los mismos que la Diputación había negado a Flager en 2000. Eso sí, el valor de esa parcela de uso agrícola alcanzaba, según el peritaje de la Diputación, los 22,4 millones de euros desde la óptica de su recalificación urbanística para convertirla en suelo urbano, calificación que el propio PXOM le dio en 2003.
Las parcelas que Flager posee en la Finca Santamarina, y que suponen el 57% del total de la misma, saldrán a subasta con un precio de 27.401.000 euros, valoración realizada por un perito judicial. 'Si alguien se presenta y puja por más del 70% de ese precio (19,18 millones), se adjudicaría a esa persona; se pagaría a los acreedores en torno a 2,5 millones de euros, y el resto sería para Flager', explica el abogado de la inmobiliaria, Felipe Izquierdo. En caso de que se ofrezca menos del 70% del precio de salida, la inmobiliaria tendría derecho a presentar a un tercero para que realice una oferta. Si no hay pujadores, la propiedad de Flager volvería a salir a subasta o se ofrecería a los acreedores.
¿Quiénes son esos acreedores? La situación actual de la finca se deriva de la demanda presentada hace unos cinco años por cuatro reversionistas con los que Flager había firmado en su día contratos de opción de compra de sus derechos de reversión. A esta demanda se sumó posteriormente otra de dos personas que se hallaban en la misma situación que los anteriores. Los demandantes entendían que Flager se había hecho con la finca de la Diputación ejerciendo sus derechos (de estos denunciantes) de reversión, por lo que reclamaban el cumplimiento de aquellos contratos, que sumaban unos 2,5 millones de euros. Una tesis que fue confirmada por la Audiencia provincial, en contra de lo sostenido por Flager, que insiste en que no llegó a utilizar esos derechos de reversión (tan sólo los suyos propios) sobre la finca y, por lo tanto, no tiene que pagar nada a estos reversionistas.
Aunque la decisión final le corresponderá al Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso de la empresa, los demandantes solicitaron en su momento la ejecución provisional de la sentencia de la Audiencia, que es de la que deriva la subasta prevista para el mes de mayo.
En esta tesitura, el escenario más sencillo probablemente sería un acuerdo amistoso entre la inmobiliaria y los reversionistas, tanto los que en su día firmaron los contratos como los otros tres que también litigan por sus derechos de reversión, cuyas pretensiones son las que determinaron la adopción de la medida cautelar de anotación en el Registro de la Propiedad sobre la propiedad de Flager. Al respecto, Izquierdo señala que 'ya intentamos el acuerdo pero se nos está pidiendo demasiado', aunque no detalla la exigencia de los demandantes. También el gerente de la compañía, Francisco Castro, señalaba el martes la dificultad de llegar a un acuerdo con la otra parte.
Propietarios
Los pleitos judiciales y la subasta afectan únicamente a las parcelas de Flager en la Finca Santamarina. Ni la superficie de la Diputación ni la del Concello de Ourense están incluidas en estas reclamaciones ni en las anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad, aunque la situación de Flager también les afecta. Primero, porque la paralización del proyecto de la inmobiliaria mantiene también parada la urbanización del conjunto de la finca, al ser la empresa catalana la propietaria mayoritaria y promotora de la urbanización. En segundo lugar, porque las reivindicaciones de uno de los reversionistas incluyen un recurso para la impugnación de la junta de compensación (formada por Flager, Concello y Diputación) y de todos los acuerdos adoptados.
El letrado del reversionista, Alfonso Grande, entiende que, de aceptar el Juzgado esta impugnación, se vería afectada la reparcelación de la finca y, por tanto, todas las superficies, incluida la enajenada por el Concello para la construcción de viviendas protegidas. En cambio, Urbanismo resalta que la parcela está libre de cargas.
Los peritajes
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló en marzo de 2008 la transacción entre la Diputación y Flager, al considerarla 'conforme a derecho' en todos sus términos. La venta se realizó en 2001 por 8,4 millones de euros de la época. Se hizo después de que la institución y la inmobiliaria llegaran a un acuerdo para que la segunda retirase el pleito por el que reclamaba el ejercicio de sus derechos de reversión, los mismos que la Diputación había negado a Flager en 2000. Eso sí, el valor de esa parcela de uso agrícola alcanzaba, según el peritaje de la Diputación, los 22,4 millones de euros desde la óptica de su recalificación urbanística para convertirla en suelo urbano, calificación que el propio PXOM le dio en 2003.
