El fiscal pide seis años de prisión para dos acusados de favorecer la inmigración ilícita

La Audiencia de Ourense enjuició ayer a Fernando José Riobó y a Rakibul Hasan por promover, tal y como sostuvo el ministerio público, la entrada ilegal de ciudadanos de Bangladés en España, 'abandonándolos a su suerte' y bajo falsas promesas de una oportunidad laboral previo pago de dinero.
El fiscal, que ayer acusó a ambos por un delito de promoción de la inmigración clandestina, indicó que Fernando José Riobó, junto con otra persona, Paulo A. Nunes (está en paradero desconocido), crearon en junio del 2006 una 'empresa fantasma' en la ciudad, un Döner Kebab que nunca llegó a funcionar, según su versión, para traerlos, 'con ánimo de lucro', al país . Mientras, el otro encausado, Rakibul Hasan, actuaba 'como intermediario' para reclutarlos. Para ello, tal y como indicó el fiscal, tramitaban permisos de trabajo y residencia, además de visados de estudios (pidieron la entrada para 31 ciudadanos por la primera vía, aunque se materializó sólo la llegada a España de 6, así como de otros cuatro por la segunda). Respecto a estos últimos, Fernando José Riobó reconoció ayer haber enviado una carta al consulado de España en Nueva Delhi (India) para que viniesen a estudiar español a Ourense. 'Decidimos traerlos para que luego regresasen a su país y captasen a más gente, porque pretendíamos crear una red de Döners', aseguró. 'Es más', añadió, 'fueron a una academia (de la ciudad) seis meses'.

Los otros seis, llegados con permiso de trabajo y residencia, indicó, 'se fueron cuando quedaban diez días para abrir el local'. A este hipotético extremo se refirió la acusación pública, para preguntarle por qué habrían desaparecido cuando deseaban trabajar: 'Pues ni idea, así pasó', sostuvo Fernando José Riobó, quien negó recibir 11.000 euros de una de las víctimas. Rakibul Hasan, por su parte, rechazó cualquier implicación suya en el caso, aunque reconoció que su esposa llegó a España con la ayuda de los acusados. Un agente aseguró que integraban una red 'de tráfico de personas', mientras, las víctimas, nunca llegaron a trabajar. El fiscal pide para cada uno de ellos seis años y medio de cárcel (las defensas, su absolución). Sostiene que los perjudicados tuvieron que buscarse la vida en otros lugares.

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