El fiscal reclamó ayer al Tribunal Supremo que condene a tres de los seis imputados -el exteniente alcalde de Ourense Alexandre Sánchez Vidal, el exdirector general de Turismo David Cortón y al funcionario Elías Domínguez- que fueron absueltos por la Audiencia de Ourense de varios delitos en relación a la cancelada instalación de paneles publicitarios en 2008 .
La fiscalía elevó a definitivo su escrito de conclusiones reclamando al alto tribunal que les imponga una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años por un prevaricación. Así, estima que a finales de 2007 David Cortón reunió tres propuestas empresariales para instalar pantallas en lugares públicos en la ciudad, entre ellas, la de la empresa Afiador S.L.
Fue Elías Domínguez quien, según la fiscalía, abrió un expediente informativo y de ejecución, en el que incluyó especificaciones técnicas, un pliego de condiciones con plazos y presupuesto y quien informó como más favorable la propuesta de Afiador S.L. Domínguez redactó un convenio-contrato que firmaron en 2008 el empresario Daniel Conde y el entonces teniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, que entró en el registro del Concello en junio de 2008. Cortón, entonces director general de Turismo, pidió en octubre de 2008 licencia urbanística para la instalación de las pantallas y Domínguez solicitó la aprobación del convenio por parte de la junta de gobierno. Esta última pidió informes jurídicos pero las obras comenzaron, hasta que fueron paralizadas con un expediente de reposición de la legalidad urbanística. El convenio-contrato fue anulado por decreto en la junta de gobierno del 26 de noviembre de 2009.
El fiscal sostuvo que la elaboración del convenio fue un 'acto definitivo' y que, con posterioridad, 'al estar al margen de la normativa vigente', se le trató de dar 'apariencia de legalidad'.Según dijo, parece que 'se ha ido conformado el expediente' para 'cuadrarlo a lo pactado'.
Las defensas recordaron que ya quedó probado que 'no hubo acuerdo', destacando que no se dispuso de dinero público. 'El Ayuntamiento de Ourense no entrega ninguna cantidad a nadie', porque la junta de gobierno, según precisaron, no ratificó el convenio-contrato y paralizó las obras.
Fue Elías Domínguez quien, según la fiscalía, abrió un expediente informativo y de ejecución, en el que incluyó especificaciones técnicas, un pliego de condiciones con plazos y presupuesto y quien informó como más favorable la propuesta de Afiador S.L. Domínguez redactó un convenio-contrato que firmaron en 2008 el empresario Daniel Conde y el entonces teniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, que entró en el registro del Concello en junio de 2008. Cortón, entonces director general de Turismo, pidió en octubre de 2008 licencia urbanística para la instalación de las pantallas y Domínguez solicitó la aprobación del convenio por parte de la junta de gobierno. Esta última pidió informes jurídicos pero las obras comenzaron, hasta que fueron paralizadas con un expediente de reposición de la legalidad urbanística. El convenio-contrato fue anulado por decreto en la junta de gobierno del 26 de noviembre de 2009.
El fiscal sostuvo que la elaboración del convenio fue un 'acto definitivo' y que, con posterioridad, 'al estar al margen de la normativa vigente', se le trató de dar 'apariencia de legalidad'.Según dijo, parece que 'se ha ido conformado el expediente' para 'cuadrarlo a lo pactado'.
Las defensas recordaron que ya quedó probado que 'no hubo acuerdo', destacando que no se dispuso de dinero público. 'El Ayuntamiento de Ourense no entrega ninguna cantidad a nadie', porque la junta de gobierno, según precisaron, no ratificó el convenio-contrato y paralizó las obras.
