Los fiscales alertan de la falta de recursos en el ámbito de la protección, sobre todo, en todo lo que atañe a los servicios sociales (más trabajadores sociales o apoyos educativos)
El Juzgado de Menores de Ourense dictó menos sentencias el pasado año (67 frente a las 95 en 2014) porque no sólo hubo menos delitos sino que se resolvieron más asuntos por vía extrajudicial, al margen del procedimientos penal, sobre todo, en el caso de robos de escasa cuantía y los hurtos, con prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas, o la realización de cursos de seguridad vial para resarcir los delitos de conducción sin carné. De hecho, los sobreseimientos de expedientes de reforma por a causa de la mediación representan ya el 30% de los asuntos incoados.
En todos esos casos, los menores para dejar sin efecto la denuncia deben reconocen los hechos y satisfacer las responsabilidades civiles derivadas. Además, cumplir con las medidas educativas o las tareas impuestas por la fiscalía a propuesta del equipo técnico: prestaciones en beneficios de la comunidad en residencias de ancianos, hogar del transeúnte, asistencia a cursos de prevención de la violencia, contención de la ira... El fiscal delegado de menores, José Ucha López, valora la importancia de estas conciliaciones porque, tal como recuerda, "la finalidad de la justicia juvenil es reeducar".
Pero también tiene cabida el perdón, a través del desestimiento, que se tradujo en 21 archivos de diligencias preeliminares en 2015. Sucede en los delitos leves o faltas cuando el perjudicado renuncia a acciones penales y civiles y perdona al autor, que debe reconocer los hechos y comprometerse a no repetir.
Si la adopción de medidas extrajudiciales fue algo positivo en esta jurisdicción, más recelos ofreció la entrada en vigor de la Ley de Protección Jurídica del Menor. Este cambio legislativo supuso revisar todos los expedientes de protección (alusivos a menores tutelados por la administración pública) que tramitaba la fiscalía, el grueso de su trabajo.
Esta norma da más protagonismo a la Xunta de Galicia a la hora de adoptar tutelas, con la posibilidad de suspender el régimen de visitas de los progenitores, una decisión que antes recaía en la autoridad judicial. En este sentido, la fiscalía está teniendo especial celo para evitar que se vulneren los derechos de los padres ya que "la resoluciones, a veces, carecen de fundamentación", destaca Ucha López.
Una vez más, los fiscales alertan de la falta de recursos en el ámbito de la protección, sobre todo, en todo lo que atañe a los servicios sociales (más trabajadores sociales o apoyos educativos). "Si desde los servicios sociales hubiera más apoyos al ámbito familiar, podríamos evitar la conversión en situaciones de desprotección propiamente dichas", asegura.
Los fiscales también detectan carencias en la atención sanitaria porque muchos menores precisan apoyo psicológico. La única unidad de salud mental infanto-juvenil que opera en Ourense está dando citas cada seis meses. El apoyo psicológico y pedagógico en un momento dado para "sacar a flote a menores con problemas puntuales" podría evitar situaciones que degeneran en conflicto.
