La Fiscalía ourensana traslada la necesidad de habilitar espacios adecuados en centros penitenciarios para el cumplimiento de condenas a personas que tienen algún trastorno intelectivo y volitivo, ya que en la actualidad sólo hay un centro de estas características en Alicante. Además, refleja el incremento de los actos vandálicos en la ciudad.
El pasado martes, un acusado de plantar fuego en montes de Vilardevós era condenado a un año de prisión tras un acuerdo con la Fiscalía que se materializaba previamente a la convocatoria de un jurado popular, competente de enjuiciar delitos de incendio forestal intencionado. De esta forma se evitaba la convocatoria del jurado, teniendo en cuenta la conformidad del acusado con la pena propuesta por la fiscal. Y es que desde varias fiscalías -también desde la ourensana- se ha transmitido una vez más a la Fiscalía General del Estado la conveniencia de plantear de futuro las reformas legislativas conducentes a su tramitación por el procedimiento abreviado, de forma que fuera un tribunal profesional el que enjuiciara estos hechos. La demanda se produce, dada la complejidad de la instrucción de este tipo de procedimientos.
Además de la supresión del tribunal de jurado para delitos de incendio, la Fiscalía ourensana constata, en relación a esta materia, la importante cantidad de incendios provocados por personas con trastornos intelectivos y volitivos, en su momento condenados en resoluciones judiciales. Por ello, interesa la habilitación de espacios adecuados en centros penitenciarios para el cumplimiento de su condena, habida cuenta de que no existe en España más que un centro, el de Fontcalent de Alicante que se ajusta a esas necesidades. Así las cosas, en la prisión de Pereiro cumplen condena tres personas por incendios forestales que tienen, a su vez, problemas de alcoholismo y reci ben tratamiento de esta dependencia. Todo ello a pesar de que sus sentencias recogían la posibilidad de que los tratamientos médicos fueran una alternativa a la prisión convencional. Este problema afecta también a condenados por otros delitos cuyas sentencias requieren el internamiento en un centro en el que reciban tratamiento específico.
Estadística
Además de estas necesidades en incendios forestales, la memoria de la Fiscalía General del Estado refleja por primera vez desde 2004 un ligero descenso en la actividad criminal global en la provincia durante el año pasado. De las 23.472 diligencias previas incoadas en 2006 se pasó a las 21.811 del año pasado. La estadística muestra una disminución de los delitos contra la vida, el patrimonio y las relaciones familiares (impago de pensiones). Detalla, además, una estabilización de los delitos de detención ilegal y contra la libertad sexual, así como un incremento de los delitos de lesiones, los quebrantamientos de condena y de los daños. De hecho, la Fiscalía ourensana observa la pujanza de actos vandálicos y cuyo hecho tipo es el del ataque al mobiliario urbano. En este sentido, en el apartado de Menores, destaca que el tipo de menor infractor es un chico normalizado, por tanto más proclive a la utilización de soluciones extrajudiciales, que acompañado por el grupo y generalmente tras la ingesta de bebidas alcohólicas, tiene como una de sus diversiones los actos vandálicos, en los que el ánimo inspirador tiene mucho que ver con la actuación gregaria y el reconocimiento del grupo, según recoge la memoria.
La Fiscalía General del Estado también refleja el plano más doméstico del tráfico de armas, que le traslada la Fiscalía ourensana. Se refiere, en concreto, a la zona de la raia en la que, apunta, tradicionalmente ha existido un gran tráfico de armas de uso personal, derivado de una legislación más permisiva en Portugal y una cierta tradición, que muchas veces entronca con antecedentes históricos del contrabando. Señala en este sentido la Fiscalía la operación Espingarda llevada a cabo en esa zona en 2007.
Además de la supresión del tribunal de jurado para delitos de incendio, la Fiscalía ourensana constata, en relación a esta materia, la importante cantidad de incendios provocados por personas con trastornos intelectivos y volitivos, en su momento condenados en resoluciones judiciales. Por ello, interesa la habilitación de espacios adecuados en centros penitenciarios para el cumplimiento de su condena, habida cuenta de que no existe en España más que un centro, el de Fontcalent de Alicante que se ajusta a esas necesidades. Así las cosas, en la prisión de Pereiro cumplen condena tres personas por incendios forestales que tienen, a su vez, problemas de alcoholismo y reci ben tratamiento de esta dependencia. Todo ello a pesar de que sus sentencias recogían la posibilidad de que los tratamientos médicos fueran una alternativa a la prisión convencional. Este problema afecta también a condenados por otros delitos cuyas sentencias requieren el internamiento en un centro en el que reciban tratamiento específico.
Estadística
Además de estas necesidades en incendios forestales, la memoria de la Fiscalía General del Estado refleja por primera vez desde 2004 un ligero descenso en la actividad criminal global en la provincia durante el año pasado. De las 23.472 diligencias previas incoadas en 2006 se pasó a las 21.811 del año pasado. La estadística muestra una disminución de los delitos contra la vida, el patrimonio y las relaciones familiares (impago de pensiones). Detalla, además, una estabilización de los delitos de detención ilegal y contra la libertad sexual, así como un incremento de los delitos de lesiones, los quebrantamientos de condena y de los daños. De hecho, la Fiscalía ourensana observa la pujanza de actos vandálicos y cuyo hecho tipo es el del ataque al mobiliario urbano. En este sentido, en el apartado de Menores, destaca que el tipo de menor infractor es un chico normalizado, por tanto más proclive a la utilización de soluciones extrajudiciales, que acompañado por el grupo y generalmente tras la ingesta de bebidas alcohólicas, tiene como una de sus diversiones los actos vandálicos, en los que el ánimo inspirador tiene mucho que ver con la actuación gregaria y el reconocimiento del grupo, según recoge la memoria.
La Fiscalía General del Estado también refleja el plano más doméstico del tráfico de armas, que le traslada la Fiscalía ourensana. Se refiere, en concreto, a la zona de la raia en la que, apunta, tradicionalmente ha existido un gran tráfico de armas de uso personal, derivado de una legislación más permisiva en Portugal y una cierta tradición, que muchas veces entronca con antecedentes históricos del contrabando. Señala en este sentido la Fiscalía la operación Espingarda llevada a cabo en esa zona en 2007.
