Los incendios forestales acapararon el 60 por ciento de los delitos medioambientales durante el pasado año, con 52 casos
Los incendios forestales intencionados o por negligencias graves son las infracciones penales con más entradas en el Servicio de delitos medioambientales de la Fiscalía de la Audiencia provincial. En 2016, supusieron casi el 60%, con 52 delitos presentes en procedimientos judiciales incoados de los 89 contabilizados durante ese periodo.
En su pormenorizado análisis, la fiscal delegada de Medio Ambiente, Carmen Eiró Bouza, no pasa por alto la gran incidencia a nivel general del fuego en Galicia, en donde la mitad del territorio forestal está afectado, con cerca de un millón de hectáreas. En particular, Ourense, una provincia afectada por la sequía en verano, en la que los montes son menos productivos. Según resalta, en los últimos años se evidenció un cambio de tendencia por el aumento del gasto en extinción, con menos superficie quemada desde 1995. Pero la moneda tiene dos caras y el número de fuegos "se mantiene muy alto", recalcando que "se están incrementando de forma alarmante los llamados incendios catastróficos", es decir, los que afectan a superficies superiores a 25 hectáreas.
En su exposición, no pasa por alto que la incidencia repite patrones geográficos: mismos territorios y comarcas. En Ourense, según los datos de la Consellería Medio Rural, medio centenar de parroquias situadas en 30 concellos están bajo el punto de mira. La explicación, a juicio de la fiscal, podría estar tras las actividades ligadas a la ganadería sin tierra o ilegal.
Para Eiró falla, sobre todo, la toma de conciencia de este problema por parte de la ciudadanía "a fin de aumentar la eficacia de las medidas de prevención y de esta forma conseguir el rechazo social de los causante de los incendios". Un proceso -matiza- que "avanza de forma muy lenta y se ve comprometido por la escasa coexistencia del discurso político ante el problema y por la ausencia de medidas de fondo, que no son otras que la educación y un fundamentado plan de comunicación".
Para la Fiscalía, la opinión pública carece de referentes en esta materia por "la proliferación de cambios de organismos, de competencias entre las administraciones y las contrataciones por distintas autoridades". A lo que habría que añadir "la ausencia de una política de Estado consensuada y clara".
El fuego en Ourense, según explica, no entiende de teorías de la conspiración o tramas. Su realidad es mucho más próxima y hasta prosaica: costumbres arcaicas en áreas deprimidas, negligencias asociadas al uso del fuego como herramienta de trabajo, la ignorancia, la ausencia de cultura forestal o intereses locales para la obtención de beneficios económicos a través de los usos agrícolas o ganaderos.
El abandono del rural, un factor determinante
En el análisis de los delitos de incendio, la fiscal responsable de Medio Ambiente destaca una serie de factores socioeconómicos que, en combinación con causas naturales, desbordan o colapsan los dispositivos de extinción.
En primer lugar, destaca la selvatización del territorio rural. Los cultivos agrícolas y forrajeros dan paso a grandes superficies de matorral, mucha veces pegados a núcleos de población. Al monte le faltan cuidadores cuando envejecen los propietarios y sus herederos se desvinculan. Habría que ofrecer -dice- incentivos atractivos para invertir en sus propiedades.
Destaca Eiró la incidencia de las quemas incontroladas para eliminar matorrales y toda clase de residuos que dan paso a fuegos en perímetros urbanos.
Y pone el acento en las urbanizaciones enclavadas en áreas forestales o próximas al monte en los que se multiplican los casos de negligencias en el manejo del fuego, "agravado por la amenaza de daños a personas y bienes patrimoniales".
No obstante, la representante del ministerio público añade al listado de causas de la presencia de los incendios en la vida social gallega "el uso instrumental que hacen los políticos y la repercusión pública de las noticias que generan".
El tratamiento en los medios de comunicación tampoco favorece si se basa "en un discurso polémico en la épocas de mayor riesgo", señala.
