A menos de un mes de la fecha señalada para la subasta de su finca en Mariñamansa, el próximo 4 de mayo, Flager no ha conseguido llegar a un acuerdo con los tres reversionistas que reclaman los derechos de propiedad de casi un 30% de las parcelas, cuya demanda ha venido acompañada de la anotación preventiva de la finca en el Registro de la Propiedad.
Las negociaciones mantenidas no han llegado todavía a buen término y, a no ser que alguna de las partes ceda en sus posiciones, posiblemente a medida que se acerque el día previsto, de momento todo apunta a que no será posible frenar la subasta.
La propuesta de la inmobiliaria catalana era clara: que los reversionistas participasen directamente en el desarrollo del proyecto, haciendo frente por tanto a los pagos y los beneficios. La oferta tenía, sin embargo, una condición, por la que, según explican fuentes de Flager, no están dispuestos a pasar los tres reversionistas: mantener la demanda actual sobre la propiedad, de forma que sea la Justicia la que defina si estos particulares tienen o no derechos de propiedad. No obstante, los reversionistas solicitaban la retirada de la demanda, de forma que le fueran reconocidos sus derechos, así como una cantidad económica que desde Flager no quieren precisar pero que superaría la reclamada por los reversionistas con los que la inmobiliaria catalana había firmado unos acuerdos de cesión de derechos de propiedad (el pleito con estos últimos es el que desencadena la subasta) y que sobrepasan los tres millones de euros. Este periódico intentó ponerse en contacto ayer con el abogado de uno de los reversionistas para conocer su versión, sin éxito.
Viendo fracasadas sus negociaciones con estos tres reversionistas, Flager se dirigió entonces a los que tenían firmado el acuerdo de cesión de derechos. Su propuesta en este caso era pagarles de forma fraccionada la deuda que mantiene con ellos aunque sin retirar el recurso de casación en el Tribunal Supremo presentado por la inmobiliaria contra el reconocimiento de la Audiencia provincial de los derechos de estos propietarios originales de la finca. Sin embargo, los particulares sólo aceptarían el trato si se retirase este recurso del Supremo.
'Nosotros creemos que tenemos razón -la inmobiliaria sostiene que se hizo con la finca sin hacer valer los derechos de reversión y por lo tanto, no tiene que pagar estos derechos, algo que niegan los demandantes-, por eso nos opusimos a la demanda', afirma el abogado de Flager, Felipe Izquierdo.
Así las cosas, con el actual enredo judicial y las semanas que todavía quedan por delante antes de la subasta, falta por ver si las partes implicadas en el proceso mantienen sus posiciones o si, por el contrario, únicamente están haciendo fuerza en la negociación para lograr un acuerdo más cercano a sus intereses. Sea como sea, en caso de que la subasta llegue a producirse, Izquierdo insinúa que 'hay voces que apuntan a que sí hay interesados en participar en ella', si bien para poder acceder a la propiedad tendrían que garantizar alrededor del 30% del precio por el que la finca saldrá a subasta (27,4 millones de euros).
En el hipotético caso de que Flager perdiera la finca en la subasta, el grupo provincial del BNG aseguraba hace unas semanas de que habría ganado '6,7 millóns de euros sen mover unha pedra'. Sin embargo, y como también decían los nacionalistas, Izquierdo asegura que 'a nadie le gustaría perder la finca'.
Negociación para desbloquear la parcela comercial
Flager quería llegar a un acuerdo de efecto 'dominó'. Con las negociaciones iniciales pretendía retirar la anotación preventiva sobre la parcela de El Corte Inglés. La operación con el centro comercial permitiría a la inmobiliaria hacer frente al pago a los reversionistas con los que tenía acuerdos y frenar la subasta.
La implantación de El Corte Inglés, en el aire
¿Corre peligro el proyecto de El Corte Inglés en la Finca Santamarina? Hace apenas un mes, unos días antes de que la Audiencia provincial confirmase el mantenimiento de la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la parcela comercial de Flager, la empresa madrileña, poco dada a realizar declaraciones sobre situaciones hipotéticas, ratificaba a este periódico su intención de desarrollar su centro comercial en la ciudad. ¿Sería posible si Flager llegara a caerse del proyecto?
El abogado de la inmobiliaria, Felipe Izquierdo, reitera que 'El Corte Inglés no quiere una finca con problemas' y que si Flager continúa al frente del proyecto, el centro comercial también lo hará . Si, por el contrario, la finca llegase a ser subastada, Izquierdo cree que 'tendría que haber una nueva negociación, posiblemente con otras cantidades económicas porque el precio del suelo hoy no es el mismo que hace dos años'.
El Corte Inglés cuenta desde el pasado verano con la licencia comercial de grandes superficies concedida por la Xunta y su intención, según aseguraba recientemente es 'ejercerla'. El proyecto que la empresa presentó a la Consellería de Industria para la concesión de este permiso describía un centro Hipercor con más de 28.400 metros cuadrados de superficie. Sus previsiones entonces eran que invertiría más de 82 millones de euros en el equipamiento, a los que habría que añadir otros 12,1 millones en la dotación inicial de la mercancía. Sin duda, un desembolso económico considerable que la empresa madrileña sólo realizará si tiene todas las garantías sobre la parcela en la que se ubicará.
La propuesta de la inmobiliaria catalana era clara: que los reversionistas participasen directamente en el desarrollo del proyecto, haciendo frente por tanto a los pagos y los beneficios. La oferta tenía, sin embargo, una condición, por la que, según explican fuentes de Flager, no están dispuestos a pasar los tres reversionistas: mantener la demanda actual sobre la propiedad, de forma que sea la Justicia la que defina si estos particulares tienen o no derechos de propiedad. No obstante, los reversionistas solicitaban la retirada de la demanda, de forma que le fueran reconocidos sus derechos, así como una cantidad económica que desde Flager no quieren precisar pero que superaría la reclamada por los reversionistas con los que la inmobiliaria catalana había firmado unos acuerdos de cesión de derechos de propiedad (el pleito con estos últimos es el que desencadena la subasta) y que sobrepasan los tres millones de euros. Este periódico intentó ponerse en contacto ayer con el abogado de uno de los reversionistas para conocer su versión, sin éxito.
Viendo fracasadas sus negociaciones con estos tres reversionistas, Flager se dirigió entonces a los que tenían firmado el acuerdo de cesión de derechos. Su propuesta en este caso era pagarles de forma fraccionada la deuda que mantiene con ellos aunque sin retirar el recurso de casación en el Tribunal Supremo presentado por la inmobiliaria contra el reconocimiento de la Audiencia provincial de los derechos de estos propietarios originales de la finca. Sin embargo, los particulares sólo aceptarían el trato si se retirase este recurso del Supremo.
'Nosotros creemos que tenemos razón -la inmobiliaria sostiene que se hizo con la finca sin hacer valer los derechos de reversión y por lo tanto, no tiene que pagar estos derechos, algo que niegan los demandantes-, por eso nos opusimos a la demanda', afirma el abogado de Flager, Felipe Izquierdo.
Así las cosas, con el actual enredo judicial y las semanas que todavía quedan por delante antes de la subasta, falta por ver si las partes implicadas en el proceso mantienen sus posiciones o si, por el contrario, únicamente están haciendo fuerza en la negociación para lograr un acuerdo más cercano a sus intereses. Sea como sea, en caso de que la subasta llegue a producirse, Izquierdo insinúa que 'hay voces que apuntan a que sí hay interesados en participar en ella', si bien para poder acceder a la propiedad tendrían que garantizar alrededor del 30% del precio por el que la finca saldrá a subasta (27,4 millones de euros).
En el hipotético caso de que Flager perdiera la finca en la subasta, el grupo provincial del BNG aseguraba hace unas semanas de que habría ganado '6,7 millóns de euros sen mover unha pedra'. Sin embargo, y como también decían los nacionalistas, Izquierdo asegura que 'a nadie le gustaría perder la finca'.
Negociación para desbloquear la parcela comercial
Flager quería llegar a un acuerdo de efecto 'dominó'. Con las negociaciones iniciales pretendía retirar la anotación preventiva sobre la parcela de El Corte Inglés. La operación con el centro comercial permitiría a la inmobiliaria hacer frente al pago a los reversionistas con los que tenía acuerdos y frenar la subasta.
La implantación de El Corte Inglés, en el aire
¿Corre peligro el proyecto de El Corte Inglés en la Finca Santamarina? Hace apenas un mes, unos días antes de que la Audiencia provincial confirmase el mantenimiento de la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la parcela comercial de Flager, la empresa madrileña, poco dada a realizar declaraciones sobre situaciones hipotéticas, ratificaba a este periódico su intención de desarrollar su centro comercial en la ciudad. ¿Sería posible si Flager llegara a caerse del proyecto?
El abogado de la inmobiliaria, Felipe Izquierdo, reitera que 'El Corte Inglés no quiere una finca con problemas' y que si Flager continúa al frente del proyecto, el centro comercial también lo hará . Si, por el contrario, la finca llegase a ser subastada, Izquierdo cree que 'tendría que haber una nueva negociación, posiblemente con otras cantidades económicas porque el precio del suelo hoy no es el mismo que hace dos años'.
El Corte Inglés cuenta desde el pasado verano con la licencia comercial de grandes superficies concedida por la Xunta y su intención, según aseguraba recientemente es 'ejercerla'. El proyecto que la empresa presentó a la Consellería de Industria para la concesión de este permiso describía un centro Hipercor con más de 28.400 metros cuadrados de superficie. Sus previsiones entonces eran que invertiría más de 82 millones de euros en el equipamiento, a los que habría que añadir otros 12,1 millones en la dotación inicial de la mercancía. Sin duda, un desembolso económico considerable que la empresa madrileña sólo realizará si tiene todas las garantías sobre la parcela en la que se ubicará.
