El ministerio investiga las denuncias por irregularidades en la adjudicación de varias obras

Fomento destituye al jefe de la Unidad de Carreteras

Adolfo Güell, en una imagen de 2003. (Foto: ARCHIVO)
El Ministerio de Fomento ha destituido al jefe de la Unidad de Carreteras de la provincia de Ourense, Adolfo Güell, con el fin de que la investigación iniciada por supuestas irregularidades en adjudicaciones de obras 'prosiga adecuadamente y se pueda determinar con exactitud y rigor el conjunto de responsabilidades en las que pudiera haber incurrido'. Fuentes del ministerio explicaron que el cese de esta persona se decidió ayer mismo, y que, en su lugar, ha sido nombrado 'de forma provisional' otro funcionario.
Las adjudicaciones de obras en esta unidad están siendo investigadas desde 'hace meses' por Fomento, que inició 'una actuación extraordinaria de inspección' en los últimos días para recabar documentación a este respecto en Galicia. Además, dos denuncias de particulares pusieron la cuestión también en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado jueves, inspectores de Fomento se desplazaron a las instalaciones de este departamento en Ourense para recopilar documentación, y en los últimos días han requerido información relacionada con Galicia. Las mismas fuentes señalaban que el jueves tuvieron conocimiento también de la documentación que el sindicato CC.OO. hizo pública y que forma parte de dos denuncias presentadas -una en noviembre de 2012 y otra el pasado enero- ante la Fiscalía Anticorrupción, que apuntan a amaños de las adjudicaciones con un grupo de empresas.

Estas denuncias sitúan, según la documentación aportada por el sindicato, a Adolfo Güell como coordinador de la 'trama' que repartía adjudicaciones de obras, fundamentalmente de mantenimiento, en carreteras de titularidad estatal en la provincia, y que venía actuando desde el año 2009. Supuestamente, esta persona y los responsables de una decena de empresas se ponían de acuerdo para presentar las ofertas a los concursos, a los que concurrían en ocasiones firmas con el mismo administrador o propietario, para asegurarse su adjudicación. El montante total de las adjudicaciones irregulares podría superar los ocho millones de euros, según informaba esta semana el sindicato CCOO.

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