Las fuerzas de seguridad y la Fiscalía alertaron al Obispado para que los sacerdotes extremen las precauciones a la hora de unir en matrimonio a una pareja, en el caso de que uno o los sea inmigrante. Estamos sobre aviso, pero carecemos de medios para detectar con certeza que la documentación que presenta la pareja puede ser falsa, dice el vicario general, José Estévez. Eso sí, la institución asegura que el número de matrimonios sospechosos de ser de conveniencia disminuyó con respecto al año 2007.
Entre los matrimonios de conveniencia que están siendo investigados por la Fiscalía figura un expediente en el que los contrayentes presentaron primero la documentación para unirse en pareja en el Registro Civil de la ciudad. Los funcionarios, junto con las autoridades judiciales, comprobaron que había irregularidades y no se le permitió que se casaran. Entonces, la pareja se casó por la iglesia. Nuestra sorpresa fue cuando a las pocas semanas nos llegó el expediente desde una parroquia de la provincia en la que lograron contraer matrimonio, señalaron en la Fiscalía.
Fue así como la Fiscalía y las fuerzas de seguridad alertaron al Obispado para que diera instrucciones a los sacerdotes y extremara las precauciones a la hora de unir en matrimonio a dos personas. Todo ello porque hay religiosos que son bondadosos, muy sensibles con todos los temas de la inmigración y hay quien aprovecha para cometer una ilegalidad, apuntó.
El Obispado está, pues, en máxima alerta. El vicario general, José Estévez, es el encargado de controlar la situación pero carecemos de medios y no somos expertos en falsificaciones, aseguró.
Con todo, dice, los requisitos para un matrimonio son estrictos, porque la pareja tiene que presentar una partida de bautismo y acreditar la soltería. Si hay dudas al respecto, es sometida a un cuestionario detallado para conocer sus intenciones. En realidad, dice, tratamos de llegar a la certeza moral de que la unión se realiza en condiciones de validez y legalidad, teniendo en cuenta, además, que todos los papeles que se le solicitan deben estar firmados por los responsables de la diócesis a la que pertenecen.
Pero la Fiscalía no fue la única que alertó de los matrimonios de conveniencia al Obispado. La Conferencia Episcopal también lo puso al corriente después de que un sacerdote que ejerce su labor pastoral en Nigeria les informara de que ciudadanos del país emigrados en España estaban solicitando documentación en parroquias para casar se, asegura José Estévez, que se mostró dispuesto a colaborar en todo momento con las fuerzas de seguridad y la Justicia para evitar las bodas ilegales. Los agentes nos suelen solicitar que les compulsemos algún documento, pero solemos invitarlos a que se desplacen al Obispado y analicen detenidamente los papeles que figuran en los expe dientes, argumentó el vicario general.
Eso sí, tanto la Fiscalía como el Obispado ourensano declinaron detallar posibles parroquias concretas en las que se produjeron recientemente bodas de conveniencia, al tiempo que los sacerdotes consultados por este diario evitaron pronunciarse sobre asunto.
La Iglesia garantiza su anulación
Curiosamente, lo que sí ha detectado el Obispado es una disminución de posibles matrimonios de conveniencia en el último año. Cuando se dieron más casos fue durante el año 2007, sobre todo en la comarca de Verín, explica, precisando que los matrimonios más frecuentes son entre mujeres de Brasil y ciudadanos lusos.
Eso sí, en el momento en que se constate que los matrimonios son de conveniencia, se anula rían, incluso por la iglesia, asegura el vicario general. En este caso, del proceso se encargaría un juez eclesiástico, el encargado de reunir todas las pruebas, que interrogaría a los contrayentes y comprobaría que el matrimonio no se ha consumado. El proceso finalizaría con una sentencia anulando la unión religiosa. Los pasos son prácticamente los mismos que los de las autoridades judiciales para todas aquellas parejas que se casaron acudiendo sólo al Registro Civil.
Por cierto que la situación obligó a la Subdelegación a constituir una comisión de coordinación de extranjería, en la que están integradas fuerzas de seguridad, fiscales y la Abogacía del Estado. Su función es velar por la concesión de permisos de residencia y vigilar a todos los que intentan legalizar su situación en España de forma irregular, casándose ilegalmente.
Fue así como la Fiscalía y las fuerzas de seguridad alertaron al Obispado para que diera instrucciones a los sacerdotes y extremara las precauciones a la hora de unir en matrimonio a dos personas. Todo ello porque hay religiosos que son bondadosos, muy sensibles con todos los temas de la inmigración y hay quien aprovecha para cometer una ilegalidad, apuntó.
El Obispado está, pues, en máxima alerta. El vicario general, José Estévez, es el encargado de controlar la situación pero carecemos de medios y no somos expertos en falsificaciones, aseguró.
Con todo, dice, los requisitos para un matrimonio son estrictos, porque la pareja tiene que presentar una partida de bautismo y acreditar la soltería. Si hay dudas al respecto, es sometida a un cuestionario detallado para conocer sus intenciones. En realidad, dice, tratamos de llegar a la certeza moral de que la unión se realiza en condiciones de validez y legalidad, teniendo en cuenta, además, que todos los papeles que se le solicitan deben estar firmados por los responsables de la diócesis a la que pertenecen.
Pero la Fiscalía no fue la única que alertó de los matrimonios de conveniencia al Obispado. La Conferencia Episcopal también lo puso al corriente después de que un sacerdote que ejerce su labor pastoral en Nigeria les informara de que ciudadanos del país emigrados en España estaban solicitando documentación en parroquias para casar se, asegura José Estévez, que se mostró dispuesto a colaborar en todo momento con las fuerzas de seguridad y la Justicia para evitar las bodas ilegales. Los agentes nos suelen solicitar que les compulsemos algún documento, pero solemos invitarlos a que se desplacen al Obispado y analicen detenidamente los papeles que figuran en los expe dientes, argumentó el vicario general.
Eso sí, tanto la Fiscalía como el Obispado ourensano declinaron detallar posibles parroquias concretas en las que se produjeron recientemente bodas de conveniencia, al tiempo que los sacerdotes consultados por este diario evitaron pronunciarse sobre asunto.
La Iglesia garantiza su anulación
Curiosamente, lo que sí ha detectado el Obispado es una disminución de posibles matrimonios de conveniencia en el último año. Cuando se dieron más casos fue durante el año 2007, sobre todo en la comarca de Verín, explica, precisando que los matrimonios más frecuentes son entre mujeres de Brasil y ciudadanos lusos.
Eso sí, en el momento en que se constate que los matrimonios son de conveniencia, se anula rían, incluso por la iglesia, asegura el vicario general. En este caso, del proceso se encargaría un juez eclesiástico, el encargado de reunir todas las pruebas, que interrogaría a los contrayentes y comprobaría que el matrimonio no se ha consumado. El proceso finalizaría con una sentencia anulando la unión religiosa. Los pasos son prácticamente los mismos que los de las autoridades judiciales para todas aquellas parejas que se casaron acudiendo sólo al Registro Civil.
Por cierto que la situación obligó a la Subdelegación a constituir una comisión de coordinación de extranjería, en la que están integradas fuerzas de seguridad, fiscales y la Abogacía del Estado. Su función es velar por la concesión de permisos de residencia y vigilar a todos los que intentan legalizar su situación en España de forma irregular, casándose ilegalmente.
