La fiscal acusa a una familia de quemar un coche viejo para estafar
Los fraudes a las compañías aseguradoras a través de accidentes de tráfico simulados, manipulados o exagerados han ido en aumento desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica. Las fuerzas de seguridad, pese a que, según dicen, no tienen datos estadísticos cerrados sobre este particular, sí no dudan en reconocer que es una infracción penal al alza, sobre todo en los últimos seis años. Según valoran en la Guardia Civil, el incremento de las estafas relacionadas con el cobro fraudulento de indemnizaciones por siniestro de vehículos o lesiones "es importante" . Estiman la subida en torno a un 30% .
Un informe de la entidad Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (Icea) atribuía 460 casos a la provincia de Ourense en el año 2014 por fraudes con los seguros del automóvil, con datos aportados por compañías que representan un 30 % de la cuota de mercado.
Este tipo de estafas pueden acarrear penas de prisión para los inculpados. El Juzgado de lo Penal 1 juzgará en marzo de 2017 a un matrimonio, su hijo y un amigo por una presunta estafa a la Mutua Madrileña. La fiscal reclama una pena de un año de prisión para cada uno, además de tener que indemnizar a la aseguradora con los 1.200 coches que les abonó por un incendio en el coche, propiedad de la inculpada.
Según la acusación pública, aprovechando que el coche presentaba importantes desperfectos, "con el objetivo de conseguir una indemnización", le prendieron fuego el 2 de enero de 2012 en una pista de tierra al pie de la antigua OU-801.
La operación Güenda detectó cuatro estafas
El Grupo de Investigación y Análisis de la Guardia Civil de Tráfico de Ourense (GIAT), en colaboración con efectivos de otras provincias, daba por desmantelada a finales del pasado mes de noviembre, con tres detenidos en el marco de la llamada operación Güenda, un grupo especializado en simular accidentes de tráfico y robos inexistentes de vehículos de alta gama.
Además de Ourense, donde supuestamente se realizaron cuatro de las 20 estafas investigadas, la red operó en Avila, León, Palencia, Madrid y Valencia. Su finalidad era cobrar indemnizaciones de las compañías aseguradoras por lesiones personales, daños en los citados vehículos o restitución del dinero por el valor de los coches supuestamente robados, una actividad ilícita que, según los investigadores, se desplegó durante años.
La Guardia Civil sostiene que fingían siniestros de noche en vías secundarias de circulación, atribuidos a la irrupción de animales en la calzada contra los que no llegaban a impactar, así como deslumbramiento de vehículos que circulaban en sentido contrario. Muchos de los accidentes se situaban en fechas próximas a la contratación de la póliza del seguro.
