Una funcionaria del Concello de Ourense María del Carmen C.O. aceptó ayer una pena de dos años de prisión y multa de 1.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa continuada. Los hechos que se le atribuyen se centran en que abrió, entre los años 2005 y 2008, varias cuentas bancarias con datos de cuatro personas conocidas suyas -algunas, compañeras en el Concello-, para pedir préstamos y obtener tarjetas de crédito.
En su escrito de acusación, el fiscal explica que la acusada utilizó los datos de cuatro mujeres y abrió cuentas en varias entidades bancarias para ingresar en ellas préstamos solicitados a través del Banco Cetelem y cargar los gastos de tarjetas de crédito solicitadas con documentos falsificados a través de entidades como MBNA, Hispania, Cofidis, Mediatis Banco, Optiline, Sygma y otros.
PRÉSTAMOS
Durante cuatro años, la acusada, 'a través de la maniobra fraudulenta urdida por ella misma', según el fiscal, solicitó préstamos por cuantías de 18.000 euros, 10.000 euros, 6.000 euros, 12.000 euros y tres tarjetas de crédito. Las solicitudes de préstamo fueron presentadas con fotocopias de documentación y DNI, 'previamente alteradas por la acusada', de una mujer amiga suya, también de una conocida, de una usuaria del Concello de Ourense y de una compañera de trabajo, y ella figuraba siempre en la cuentas como persona autorizada.
En ese mismo escrito, el fiscal apreciaba la atenuante de reparación del daño. La conformidad tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense.
PRÉSTAMOS
Durante cuatro años, la acusada, 'a través de la maniobra fraudulenta urdida por ella misma', según el fiscal, solicitó préstamos por cuantías de 18.000 euros, 10.000 euros, 6.000 euros, 12.000 euros y tres tarjetas de crédito. Las solicitudes de préstamo fueron presentadas con fotocopias de documentación y DNI, 'previamente alteradas por la acusada', de una mujer amiga suya, también de una conocida, de una usuaria del Concello de Ourense y de una compañera de trabajo, y ella figuraba siempre en la cuentas como persona autorizada.
En ese mismo escrito, el fiscal apreciaba la atenuante de reparación del daño. La conformidad tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense.
