Sin trabajadores no hay consumidores. Sin empleadores no hay trabajadores. Y sin empresas, ni uno ni lo otro. Este círculo virtuoso está hoy más amenazado que nunca como consecuencia del COVID-19, pero sobre todo por la crisis económica y social que se avecina. Esta es la realidad que nunca deberíamos perder de vista, pues la quiebra de alguno de los eslabones de esta cadena nos situaría frente a un abismo inexplorado.
La pregunta que todos nos hacemos es cómo aseguramos la continuidad de ese virtuosismo y evitamos un pernicioso círculo vicioso.
Y aquí es donde las administraciones, los gobiernos, han de jugar un papel clave. Evidentemente, protegiendo las rentas de los ciudadanos, incluidas (faltaría más) las de las personas que están en situación de pobreza extrema, que lamentablemente existen pese a que en ocasiones no queramos verlas ni mirarlas por las muchas vendas nos ponemos. No admite discusión, al menos por mi parte, que hay que hacerlo en este momento, si bien también existe un debate sobre si esas ayudas han de ser permanentes o temporales. Un debate que debe ser sosegado, pues requiere de un Pacto de Estado, pero que no debe distraernos de lo principal: ayudar ya a quien más lo necesita en un momento de máxima dificultad.
Estamos ante un riesgo cierto de que la crisis de liquidez de las empresas se convierta en una crisis de solvencia que derive en cierres y paro
Dicho esto por pura convicción personal, quiero ser igual de rotundo en la necesidad urgente de proteger a las empresas huyendo de esos posicionamientos populistas que pretenden establecer una falsa dicotomía entre empresas y trabajadores, como si fueran partes opuestas y enfrentadas de un todo distinto. Para mí son lo mismo: cuando hablo de empresas lo hago también de los más de 13,5 millones de personas que trabajan en el sector privado. Como decía al principio, sin empleadores no hay ni empleados ni consumidores.
Por eso no voy a desperdiciar la oportunidad de plantear alguna propuesta alejada de esos postulados demagógicos que tanto abundan y tanto daño hacen porque desvían la atención de lo realmente importante.
Hoy más que nunca las empresas necesitan liquidez por la caída de ingresos derivada del Estado de Alarma, por la parálisis actual pero también por la incertidumbre futura.
La propuesta del Gobierno son los créditos avalados por el Estado a través del ICO, ofreciendo a las empresas la posibilidad de seguir endeudándose, pero obviando que todas ellas tienen deudores de los que ya tendrían que haber cobrado.
Evidentemente, estos créditos son un colchón para muchas empresas, seguro que mayor cuanto más grandes, aunque creo que cuando menos deberían garantizar el circulante hasta final de año en vez de hasta septiembre, como está previsto.
Pero acaso no sería más lógico (y con menor coste o incluso ninguno) que las administraciones y las grandes empresas cotizadas pagasen a las pequeñas y medianas empresas los 130 millones de euros que les adeudan. Sí, 130 millones de euros según datos oficiales en facturas fuera del plazo de 30 días para el sector público y 60 días para el sector privado. Creo que esto debería ser lo primero.
Estamos ante un riesgo cierto de que la crisis de liquidez de las empresas se convierta en una crisis de solvencia que derive en cierres y en la pérdida de miles de puestos de trabajo. Es por ello imprescindible que, para cuando se reabra la economía totalmente, continúe habiendo oferta, sigan existiendo empresas y se mantengan las rentas para que continúe habiendo demanda. El círculo virtuoso del que hablaba al principio. La conclusión es clara: hace falta liquidez y bienvenida sea, llegue de donde llegue, pero antes del endeudamiento habría que explorar vías como la señalada para las pymes, de tal manera que las grandes compañías podrían recurrir a los créditos ICO y las pequeñas y medias, cobrar lo que le deben éstas y las administraciones.
Que estamos en una situación completamente excepcional es una obviedad. E igual de obvio debería ser que se adoptasen medidas igualmente excepcionales, que incluso rompan ciertas reglas.
Por ejemplo, qué sentido tiene que los ayuntamientos tengan hoy en día bloqueados unos 25 mil millones de euros en los bancos, que no pueden tocar ni para pagar a sus proveedores debido a la Ley de Estabilidad presupuestaria. Ninguno, desde mi punto de vista. Con dos reales decretos que cambien la regla de gasto y obliguen a las administraciones y grandes compañías a pagar las facturas que tienen fuera de plazo a proveedores y subcontratas, lograríamos una importante inyección de liquidez que le evitaría a muchas una crisis de solvencia de fatales consecuencias.
Medidas excepcionales, pero también flexibles. Flexibilidad, por ejemplo, en los créditos ICO, para que garanticen el circulante hasta final de año, pero también en los ERTE de fuerza mayor, que deben adaptarse a las circunstancias y al sector de cada empresa. Las condiciones no deben ser las mismas para todas.
La situación es de incertidumbre y angustia, primero por la salud de todos, y luego por las consecuencias económicas que traerá la pandemia. Es ahí donde se echa de menos una mayor determinación política, un mayor nivel de acuerdo o incluso un gran pacto que permita diseñar una hoja de ruta clara, imprescindible para cuestiones como la desescalada, para consensuar medidas alternativas como las señaladas en este artículo o simplemente para la compra y acopio de mascarillas. Algo tan esencial como el acceso a las mascarillas se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para todos. En el Polígono lo estamos sufriendo estos días en primera persona por el desajuste entre las necesidades reales de las empresas y los trabajadores y las unidades proporcionadas por las administraciones. Para evitar estos desajustes, para que todo funcione mejor y para una mayor eficacia, es imprescindible más entendimiento, colaboración y cooperación por parte de todos, empezando por el Gobierno, que es el primer responsable en propiciarlo.
En este sentido, tengo que decir también que los empresarios del Polígono estamos dando ejemplo. Empresas como Galfor, Coasa, Adolfo Domínguez, Alcoholes Galicia, Rodríguez López, Tapimaster, el Centro Tecnológico de la Carne o Coren están aportando conocimiento y recursos para luchar contra el coronavirus. Como presidente de la Asociación, de la que todas ellas forman parte, me siento profundamente orgulloso del trabajo que están haciendo. Ese espíritu es el que nos sacará de la crisis que se avecina.
