El exedil de Infraestructuras, responsable del proyecto en esa calle, contradice al asesor jurídico porque: "Os informes son escritos e non verbais"
La ronda de comparecencias judiciales por las obras de Bedoya culminaron ayer con los cuatro últimos imputados que citó el juez que admitió la denuncia a trámite, Antonio Piña, aunque fue Leonardo Álvarez quien los interrogó a la espera de que se resuelva la recusación del titular de Instrucción 2.
Comparecieron tres exediles del BNG y una concejala del PSOE que aún se mantiene en el grupo de gobierno: Andrés García Mata, el edil responsables de Infraestructuras y de que se adjudicasen las obras de Bedoya en un concurso negociado y sin publicidad; su compañeras de filas en 2008 Isabel Pérez y Martas Arribas, así como Marga Martín (PSOE).
García Mata acudió a declarar por esta causa por segunda vez. En esta ocasión, el juez lo interrogó en relación a una imputación por fraude y exacciones ilegales al ser presunto conocedor, tal como sospecha el instructor, de un acuerdo entre las tres empresa que optaron al concurso para adjudicarle las obras finalmente a OCA SA. El exconcejal de Infraestructuras con el bipartito aclaró a su salida de los juzgados que las obras de Bedoya cuentan con el aval de los técnicos que recomendaron, según dijo, "un concurso negociado e urxente" para no perder una subvención de la Xunta, recordando a renglón seguido que gracias a ellos "hoxe podemos disfrutar desa rúa".
García Mata,aunque sin entrar en confrontaciones, contradijo al asesor jurídico del Concellos, Luis Tros de Ilarduya, quien declaró esta misma semana como imputado por el delito de por fraude y exacciones ilegales. Considera incorrecto y "pouco creíble" que el asesor jurídico informase verbalmente de que el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente no era el apropiado en una reunión previa a la junta de gobierno.
Añadió que, en el caso de las obras de Bedoya, Tros de Ilarduya era también el instructor del expediente ya que entonces era el jefe del Servicio de Infraestructuras, "ademais do autor intelectual do pliego técnico para o concurso negociado, e sería el quen tería que pedir informes si veía problemas, e non o político". En todo caso, recordó que en un proceso administrativo cualquier informe "ten que ser escrito, no verbal".
El resto de ediles defendieron el proceder de la junta de gobierno. Marta Arribas admitió que los ediles "no tiene capacidad para revisar todo lo que llega a la junta de Gobierno" y que Añadió que era normal que los integrantes de la junta de Gobierno no revisasen lo que llevaban los demás para su aprobación.
