La gestión política en el ámbito local se antoja clave para impulsar el desarrollo socioeconómico de las ciudades y, en el caso de Ourense, los vecinos llevan años siendo víctimas de varios problemas que no han permitido tener engrasada la maquinaria y aprovechar el potencial de la urbe. Prueba de ello es que la ciudad de As Burgas sea la gallega con los presupuestos más obsoletos (se aprobaron en 2020 tras seis años sin ellos) y la única que no los tiene adaptados al vuelco que supuso la pandemia. Solo Ferrol sigue con las cuentas prorrogadas de 2021, aunque las validó durante el verano; el resto han hecho los deberes.
Esto tiene como consecuencia distintos inconvenientes en el día a día de la gestión, ya que pese a poder preusmir de ser la única ciudad con deuda cero, a la vez es la que más disparado tiene el período medio de pago a proveedores, situado en más de 82 días tras el primer semestre del año.
Además, según los datos del último ejercicio, Ourense ha sido la urbe gallega que menos dinero por habitante ha destinado a la inversión pública, con apenas 79,44 euros. La diferencia con el resto es notoria, ya que las seis restantes superan todas al menos los 100 euros per cápita, destacando Pontevedra con 235 euros. Según la última liquidación, el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome apenas fue capaz de gastar el 8% del presupuesto del que disponía para inversiones.
Planificación
No ayuda tampoco a mejorar la situación el desaguisado urbanístico que vive la ciudad de As Burgas desde hace más de una década, ya que no ha sabido reponerse a la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2003, viendo como la ordenación provisional también era tumbada y ofreciendo a los inversores ahora un planeamiento de 1986, totalmente desfasado y que no recoge las necesidades del presente y futuro, tal y como sucede con el plan especial de Casco Vello y As Burgas, que no termina de desbloquearse.
Otras ciudades como Vigo, a la que también la justicia anuló su PXOM hace unos años, sí tiene encauzada la aprobación del nuevo y, mientras tanto, ha activado instrumentos para no paralizar la actividad económica, sin que apenas se haya notado el varapalo urbanístico.
