El gobierno de la ciudad 'acata las sentencias' pero trabaja en buscar alternativas que permitan mantener abierta la residencia universitaria 'As Burgas', después de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que confirma la nulidad de la licencia de ocupación y ordena la clausura de la actividad.
Así lo aseguró ayer la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, que afirmó que los servicios jurídicos municipales están analizando la cuestión aunque ve lógico 'que se tramite una nueva licencia'.
Para ello, la realización de las obras de urbanización que supeditaban la licencia -y cuya ausencia sustenta, por tanto su anulación-, podría facilitar las cosas, si bien Soto se limitó a asegurar que 'lo mandaríamos al tribunal (que están ejecutadas), por si tiene a bien paralizar el proceso de cierre de uso'.
La concejala aseguró que la licencia anulada -de 2011- estaba apoyada en informes técnicos y jurídicos y culpó al PP de la situación, toda vez que la obra se realizó en su mandato (a principios de la década de 2000). También recordó que nadie denunció la ilegalidad en la que se encontraba el inmueble hasta que el Concello reclamó el 10% del aprovechamiento urbanístico del ámbito al promotor que, precisamente, denunció la situación.
La Universidade de Vigo y el Grupo Resa, gestor de la residencia declinaron hacer una valoración. Desde la gerencia del centro no han querido pronunciarse, sosteniendo que las valoraciones corresponden a la propia universidad, mientras que la vicerrectora del Campus, María Lameiras, quiso dejar en manos del Concello la opinión sobre la situación del edificio.
