El Gobierno central rechazó establecer medidas para que las concesionarias de las autopistas gallegas reembolsen parte del peaje cuando los usuarios sufren problemas de circulación debido a las obras.
En el contrato suscrito entre la Administración del Estado y las concesionarias no se recogen reducciones de peaje por la realización de obras en la autopista, necesarias para mantener el nivel de servicio en ella, justifica el Ejecutivo central, que argumenta que siempre existe un itinerario alternativo a las autopistas de peaje.
En este sentido, el senador Xosé Manuel Pérez Bouza, que impulsó la pregunta que motivó esta respuesta, consideró que las tesis del Gobierno central están totalmente alejadas de la realidad y demuestran que Fomento toma claramente partido por las concesionarias y no por los usuarios.
A este respecto, Pérez Bouza recordó que la alternativa a la AP-9 es prácticamente inexistente, ya que la conforma la N-550, una carretera congestionada de tránsito y que en su mayor parte transcurre por tramos urbanos, lo que ralentiza aún más la circulación.
El usuario, ante las obras en una autopista, siempre tiene la alternativa de elegir el otro itinerario para realizar el mismo recorrido, ya que la sociedad concesionaria de las obras debe anunciar la existencia de éstas antes del tramo afectado, asegura el Gobierno.
ARGUMENTO QUE NO SE SOSTIENE
En contraposición, Pérez Bouza tachó de argumento que no se sostiene aducir que las obras son necesarias y defendió que los trabajos son una obligación de las concesionarias, ni más ni menos, y los clientes tiene derecho a que el servicio que se les presta se corresponde con el que se ofrece.
Las empresas concesionarias obtienen cada año cientos de millones de euros de beneficios gracias a unas autopistas que, en su mayor parte, fueron construidas con fondos públicos y luego se privatizaron, denunció el senador nacionalista, quien pidió al Ejecutivo central que siguiese el ejemplo de Portugal y estableciese el criterio demandado.
Cuando un vuelo o un tren llega con un atraso considerable, los clientes tienen derecho a reclamar la devolución de una parte del importe. No hay ningún motivo para que en las autopistas no sea igual, concluyó.
En este sentido, el senador Xosé Manuel Pérez Bouza, que impulsó la pregunta que motivó esta respuesta, consideró que las tesis del Gobierno central están totalmente alejadas de la realidad y demuestran que Fomento toma claramente partido por las concesionarias y no por los usuarios.
A este respecto, Pérez Bouza recordó que la alternativa a la AP-9 es prácticamente inexistente, ya que la conforma la N-550, una carretera congestionada de tránsito y que en su mayor parte transcurre por tramos urbanos, lo que ralentiza aún más la circulación.
El usuario, ante las obras en una autopista, siempre tiene la alternativa de elegir el otro itinerario para realizar el mismo recorrido, ya que la sociedad concesionaria de las obras debe anunciar la existencia de éstas antes del tramo afectado, asegura el Gobierno.
ARGUMENTO QUE NO SE SOSTIENE
En contraposición, Pérez Bouza tachó de argumento que no se sostiene aducir que las obras son necesarias y defendió que los trabajos son una obligación de las concesionarias, ni más ni menos, y los clientes tiene derecho a que el servicio que se les presta se corresponde con el que se ofrece.
Las empresas concesionarias obtienen cada año cientos de millones de euros de beneficios gracias a unas autopistas que, en su mayor parte, fueron construidas con fondos públicos y luego se privatizaron, denunció el senador nacionalista, quien pidió al Ejecutivo central que siguiese el ejemplo de Portugal y estableciese el criterio demandado.
Cuando un vuelo o un tren llega con un atraso considerable, los clientes tienen derecho a reclamar la devolución de una parte del importe. No hay ningún motivo para que en las autopistas no sea igual, concluyó.
