Iberdrola inició ya las prospecciones para la ampliación de la central de San Estevo. La empresa sostiene que cuenta con los permisos ambientales, pero los ecologistas cuestionan que tenga autorización de obra.
Entre los proyectos previstos en las centrales hidráulicas, el más inminente es la ampliación de San Estevo, promovida por Iberdrola, que ya ha comenzado los trabajos precisos para su construcción.
El proyecto consiste en la construcción de un túnel en el lateral de la presa, al que entrará el agua desde el embalse y saldrá ya después del salto. En esta caverna (que, según la compañía, tendrá una longitud de unos 200 metros) se instalará un nuevo grupo con una potencia de 176 megavatios, lo que elevará un 66% su capacidad actual (265 megavatios). El objetivo de este proyecto es ampliar la capacidad productiva de la central para aprovechar todo el potencial del río.
No obstante, la obra ha provocado una gran polémica entre los colectivos ecologistas, porque supone realizar una excavación (de 200.000 metros cúbicos de tierra, según sus datos) en una zona de gran interés ambiental como es la Ribeira Sacra. La empresa sale al paso de estas críticas incidiendo en la creación de empleo que supondrá el proyecto durante la fase de obras, con un total de 250 puestos durante los cuatro años que se prolongará su ejecución (con una inversión de 117 millones de euros). También alegan que la tierra que se retire de la excavación del túnel se utilizará para el relleno de una cantera que se realizó durante la construcción de la central, a mediados de los años 50.
En todo caso, el inicio de obras ha provocado también las críticas de los colectivos ecologistas, que sostienen que la compañía no cuenta aún con el oportuno permiso. De hecho, desde la propia empresa alegan que no se trata de obras sino de prospecciones y catas previas, pero que cuentan con todos los permisos ambientales. El informe del Ministerio de Medio Ambiente remitido ayer al senador nacionalista Pérez Bouza, recoge que a la fecha de elaboración del estudio (24 de septiembre), la solicitud estaba pendiente de que la Confederación Hidrográfica remitiese al ministerio la propuesta para su otorgamiento. Desde Adega señalaron que harán llegar la documentación a la Fiscalía y al Seprona, mientras desde la Fundación Germán Estévez indican que remitirán un escrito al Ministerio de Medio Ambiente para que informe si existe permiso de obras.
Unha auténtica barbaridade ambiental
Las obras hidráulicas previstas en el Sil y Miño suponen una barbaridade ambiental, según los ecologistas, que critican a las administraciones por no defender a los ciudadanos.
Unha auténtica barbaridade ambiental, que vai paralizar outras iniciativas de desenvolvemento sostible. Así se pronuncia el portavoz de Adega, Martiño Fiz, sobre los proyectos previstos en la cuenca del Sil-Miño. A su juicio, es una venta de recursos naturais ás empresas privadas, alegando que las compañías defienden sus intereses pero as administracións non defenden ós cidadáns.
En concreto, Fiz sostiene que la información ambiental de la central de San Estevo se realizó sin informar a los afectados y que los Concellos no se enteraron a tiempo. De hecho, Adega lo conoció casi al final del periodo de alegaciones y, aun que las presentaron, les indicaron que no llegaron a tiempo.
Asimismo, Fiz indica que la cuenca Sil-Miño ya está saturada y debería exigirse una moratoria para que no se construyan nuevos aprovechamientos. En este sentido, Adega ya ha presentado alegaciones al proyecto de información pública de Os Peares III, en las que, entre otras cuestiones, indica que se ocultan numerosos datos referidos a la afectación ambiental del proyecto y que sólo se menciona de refilón la necesidad de vaciar el embalse para la obra, lo que tendrá graves consecuencias ambientales. En breve presentarán también las alegaciones para el proyecto de Belesar III, que salió a información pública la semana pasada.
Mientras, la Fundación Germán Estévez para la protección de la naturaleza ha recogido 1.500 firmas (espera llegar pronto a 2.000) contra los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Sil, que remitirán al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa. Asimismo, han enviado escritos a Bruselas, en concreto, a la comisión de peticiones del Parlamento europeo (que les respondió que iba a analizar el caso) y al comisario de Medio Ambiente, ya que, según indican, los proyectos vulneran declaraciones comunitarias.
El Cañón del Sil forma parte de la Rede Natura desde 2001 y está incluido en la lista de candidatos a Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco.
La fundación también consiguió apoyo del Parlamento gallego, con respaldo de los tres grupos, a una iniciativa para que no se admitan proyectos en la cuenca. En este sentido, ha pedido que se determine qué Administración tiene competencia sobre esta cuenca (sostienen que, si es intracomunitaria, debería ser la Xunta, no Madrid). También han remitido escritos a Cultura informando sobre la afectación en monumentos de la zona, y a la Dirección Xeral de Turismo, para que se pronuncie sobre los daños al sector.
El proyecto consiste en la construcción de un túnel en el lateral de la presa, al que entrará el agua desde el embalse y saldrá ya después del salto. En esta caverna (que, según la compañía, tendrá una longitud de unos 200 metros) se instalará un nuevo grupo con una potencia de 176 megavatios, lo que elevará un 66% su capacidad actual (265 megavatios). El objetivo de este proyecto es ampliar la capacidad productiva de la central para aprovechar todo el potencial del río.
No obstante, la obra ha provocado una gran polémica entre los colectivos ecologistas, porque supone realizar una excavación (de 200.000 metros cúbicos de tierra, según sus datos) en una zona de gran interés ambiental como es la Ribeira Sacra. La empresa sale al paso de estas críticas incidiendo en la creación de empleo que supondrá el proyecto durante la fase de obras, con un total de 250 puestos durante los cuatro años que se prolongará su ejecución (con una inversión de 117 millones de euros). También alegan que la tierra que se retire de la excavación del túnel se utilizará para el relleno de una cantera que se realizó durante la construcción de la central, a mediados de los años 50.
En todo caso, el inicio de obras ha provocado también las críticas de los colectivos ecologistas, que sostienen que la compañía no cuenta aún con el oportuno permiso. De hecho, desde la propia empresa alegan que no se trata de obras sino de prospecciones y catas previas, pero que cuentan con todos los permisos ambientales. El informe del Ministerio de Medio Ambiente remitido ayer al senador nacionalista Pérez Bouza, recoge que a la fecha de elaboración del estudio (24 de septiembre), la solicitud estaba pendiente de que la Confederación Hidrográfica remitiese al ministerio la propuesta para su otorgamiento. Desde Adega señalaron que harán llegar la documentación a la Fiscalía y al Seprona, mientras desde la Fundación Germán Estévez indican que remitirán un escrito al Ministerio de Medio Ambiente para que informe si existe permiso de obras.
Unha auténtica barbaridade ambiental
Las obras hidráulicas previstas en el Sil y Miño suponen una barbaridade ambiental, según los ecologistas, que critican a las administraciones por no defender a los ciudadanos.
Unha auténtica barbaridade ambiental, que vai paralizar outras iniciativas de desenvolvemento sostible. Así se pronuncia el portavoz de Adega, Martiño Fiz, sobre los proyectos previstos en la cuenca del Sil-Miño. A su juicio, es una venta de recursos naturais ás empresas privadas, alegando que las compañías defienden sus intereses pero as administracións non defenden ós cidadáns.
En concreto, Fiz sostiene que la información ambiental de la central de San Estevo se realizó sin informar a los afectados y que los Concellos no se enteraron a tiempo. De hecho, Adega lo conoció casi al final del periodo de alegaciones y, aun que las presentaron, les indicaron que no llegaron a tiempo.
Asimismo, Fiz indica que la cuenca Sil-Miño ya está saturada y debería exigirse una moratoria para que no se construyan nuevos aprovechamientos. En este sentido, Adega ya ha presentado alegaciones al proyecto de información pública de Os Peares III, en las que, entre otras cuestiones, indica que se ocultan numerosos datos referidos a la afectación ambiental del proyecto y que sólo se menciona de refilón la necesidad de vaciar el embalse para la obra, lo que tendrá graves consecuencias ambientales. En breve presentarán también las alegaciones para el proyecto de Belesar III, que salió a información pública la semana pasada.
Mientras, la Fundación Germán Estévez para la protección de la naturaleza ha recogido 1.500 firmas (espera llegar pronto a 2.000) contra los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Sil, que remitirán al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa. Asimismo, han enviado escritos a Bruselas, en concreto, a la comisión de peticiones del Parlamento europeo (que les respondió que iba a analizar el caso) y al comisario de Medio Ambiente, ya que, según indican, los proyectos vulneran declaraciones comunitarias.
El Cañón del Sil forma parte de la Rede Natura desde 2001 y está incluido en la lista de candidatos a Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco.
La fundación también consiguió apoyo del Parlamento gallego, con respaldo de los tres grupos, a una iniciativa para que no se admitan proyectos en la cuenca. En este sentido, ha pedido que se determine qué Administración tiene competencia sobre esta cuenca (sostienen que, si es intracomunitaria, debería ser la Xunta, no Madrid). También han remitido escritos a Cultura informando sobre la afectación en monumentos de la zona, y a la Dirección Xeral de Turismo, para que se pronuncie sobre los daños al sector.
