El Concello alega que lleva tres meses buscando a propietarios y anunciantes para notificar su infracción

La identificación de los infractores ralentiza la legalización de vallas publicitarias de la ciudad

Dos soportes publicitarios a pie de carreteras en las inmediaciones del Paco Paz, en Mariñamansa. (Foto: José Paz)
El proceso de legalización de la maralla de vallas publicitarias intaladas en la ciudad de forma irregular y descontrolada experimenta escasos avances. El Concello alega que la dificultad para identificar a los infractores está ralentizando los trámites.
La proliferación de vallas publicitarias instaladas durante años de manera irregular en distintos puntos de la ciudad, que representan el 90 por ciento de las estructuras de publicidad urbana, tiene al Concello de Ourense a la caza de sus autores. Lo que busca la institución municipal es que los responsables de estas vallas procedan a su legalización o, de no ser factible, las retiren para recuperar la ilegalidad cometida con la colocación de este tipo de mecanismos de publicidad, muy aparatosos en muchos casos dadas sus grandes dimensiones. No obstante, ninguno de estos dos pasos se ha dado todavía.

El Concello, a través de los técnicos de Urbanismo, está todavía inmerso en la identificación de los anunciantes, un trabajo que comenzó hace ya más de tres meses y que se presenta como un proceso ‘lento y complicado’, según confirmaron fuentes municipales, debido a la ‘picaresca del engaño’ con la que actúan en la mayoría de los casos (números de teléfono falsos, soportes que no se corresponden con el fin anunciado...).

En el camino

Este es el primer paso del plan de legalización de la publicidad urbana en el que está trabajando el Concello para poner fin a una situación que se deja sentir por los cuatro costados de la ciudad. Soportes de dimensiones considerables y publicidad muy dispersa (anuncios de coches, propaganda política, establecimientos comerciales, nuevas urbani zaciones....) saltan a la vista del ciudadano desde O Pino, hasta Seixalbo, pasando por As Lagoas, Mariñamansa, O Fonsillón... y en su gran mayoría han sido colocadas de forma ilegal.

Una vez que se vayan identificando a los infractores (las multas pueden oscilar entre los 300 y los 6.000 euros), los trámites a seguir anuncian también un procedimiento de largo recorrido. El Concello tendrá entonces que notificar la correspondiente infracción abriéndose para el autor un periodo en el que presentar sus alegaciones.

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