El impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, popularmente conocido como "céntimo sanitario", se aplicó en un total de 13 comunidades autónomas (Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares, Navarra, Madrid y Asturias), entre 2002 y 2012, para financiar la sanidad y con fines medioambientales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró, sin embargo, que lo obtenido con el impuesto debería haberse utilizado para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos, un requisito que no se cumplía por parte de este gravamen.
Después de las repetidas advertencias de Bruselas, al Gobierno español de la posible ilegalidad de este impuesto, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió suprimirlo en enero de 2013, integrándolo en el Impuesto Especial de Hidrocarburos, "con lo que la carga impositiva se mantiene", según explica el secretario de Apetamcor, Alberto Vila.
Precisamente el tramo autonómico correspondiente a Galicia de este Impuesto Especial de Hidrocarburos ha provocado repetidas protestas por parte de los profesionales del transporte de mercancias en toda la comunidad gallega y en Ourense. "Es cierto que hay una inquietud en el sector, un malestar que ya dejamos patente el pasado 15 de diciembre con una marcha lenta de vehículos en Santiago", recuerda Vila.
También hubo reuniones con representantes de la Xunta, "pero siguieron adelante con el tramo autonómico del impuesto -que tiene un coste de 4,8 céntimos por litro-", aunque sí se consiguió un compromiso "de devolución de 3,6 céntimos/litro por vía tributaria".
