Aunque todavía no se ha fijado la fecha en la que se celebrará el juicio por el denominado caso de los paneles, los implicados que en su día tuvieron responsabilidades políticas han decidido realizar un cambio en su estrategia de defensa.
Si desde un primer momento el abogado José Luis Brea se hizo cargo del caso como letrado de los extenientes de alcalde Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata, así como del exdirector xeral de Turismo y Termalismo, David Cortón, ahora estos dos últimos han decidido que sea otro abogado el que se encargue de sus defensas en la vista oral y en los trámites previos a la misma -presentación del escrito de defensa-.
Así, mientras que Brea continúa representando a Alexandre Sánchez Vidal, Evaristo Nogueira, con despacho en Santiago, defenderá a Andrés García Mata. Mientras, David Cortón ha contratado al bufete de Garrigues Walker, que se define como la mayor firma de abogados de la Península Ibérica y una de las más importantes de Europa.
Según fuentes próximas al caso, el cambio de letrado se corresponde a una decisión adoptada ya a principios del proceso jurídico por los implicados para el caso de que finalmente el asunto llegara a dirimirse en un juicio, como así va a ser. Con esta medida pretenden que cada uno de los imputados tenga una defensa más personalizada y acorde a la implicación que la acusación atribuye a cada uno de ellos en los hechos.
El fiscal atribuye a los políticos -aunque en el caso están imputados también un funcionario municipal y dos representantes de la empresa Afiador- los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias por la supuesta adjudicación a dedo de la explotación de unos paneles informativos. Unas acusaciones que son negadas por los imputados desde el principio.
Así, mientras que Brea continúa representando a Alexandre Sánchez Vidal, Evaristo Nogueira, con despacho en Santiago, defenderá a Andrés García Mata. Mientras, David Cortón ha contratado al bufete de Garrigues Walker, que se define como la mayor firma de abogados de la Península Ibérica y una de las más importantes de Europa.
Según fuentes próximas al caso, el cambio de letrado se corresponde a una decisión adoptada ya a principios del proceso jurídico por los implicados para el caso de que finalmente el asunto llegara a dirimirse en un juicio, como así va a ser. Con esta medida pretenden que cada uno de los imputados tenga una defensa más personalizada y acorde a la implicación que la acusación atribuye a cada uno de ellos en los hechos.
El fiscal atribuye a los políticos -aunque en el caso están imputados también un funcionario municipal y dos representantes de la empresa Afiador- los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias por la supuesta adjudicación a dedo de la explotación de unos paneles informativos. Unas acusaciones que son negadas por los imputados desde el principio.
