La Asociación Profesional de la Magistratura rechaza que se "intente condicionar" la labor de los jueces
El recurso presentado contra la inadmisión de la recusación formulada por el exalcalde Francisco Rodríguez y la concejala Áurea Soto contra el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, en la instrucción del denominado "caso Bedoya" no retrasará más las declaraciones de los imputados. El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez, los ha citado para tomarles declaración por presunta prevaricación administrativa en la adjudicación de las obras de remodelación de Bedoya. En su providencia, el magistrado ha citado para el 18 de junio a los representantes legales de Opain S.L., Ocasa y Betunes y Firmes, y Construcciones Orega, las tres empresas que fueron invitadas a participar en el procedimiento negociado por el que se adjudicaron los trabajos.
Un día después, el 19 de junio, tendrán que comparecer el exalcalde Francisco Rodríguez, la concejala Áurea Soto y el exteniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal. El 24 de ese mismo mes está citados Luis Tros, asesor jurídico del Concello, mientras que dos días más tarde tendrán que declarar el alcalde Agustín Fernández y el exconcejal Demetrio Espinosa. Finalmente, el 27 de junio comparecerá el resto de los componentes de la junta de gobierno que adjudicó las obras: Marga Martín, Isabel Pérez, Marta Arribas y Andrés García Mata.
Fuentes judiciales explicaban ayer que en caso de que el recurso se resuelva antes de esta fecha y la recusación del juez instructor Antonio Piña sea desestimada, sería este último magistrado el que tomaría declaración a los imputados.
A raíz de este caso, la sección territorial de Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura mostraba ayer su apoyo a los jueces que instruyen causas de corrupción "en cumplimiento de su obligación legal, en respuesta a un clamor social y con unos límites materiales y legales que afectan a la agilidad y eficacia de su trabajo". Este colectivo rechaza "el uso de manera fraudulenta de los mecanismos legalmente previstos para garantizar la independencia judicial, intentando atacarla y condicionar la labor de unos magistrados con una trayectoria personal y profesional intachable", en alusión al recusado Antonio Piña y la magistrada de la Audiencia que no admitió la recusación, Ana Blanco.
